Diario de Valladolid

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UGT acusa a Bustos de incumplir la legalidad laboral

Gestión y Eventos Lázaro es la empresa propuesta para seguir prestando el servicio pese a contar con dos denuncias y 15 actas de infracción por incumplimientos

Alberto Bustos.

Alberto Bustos.

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Daniel M. Arranz

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El sindicato UGT vuelve a la carga para denunciar las concesiones de contratos de la Fundación Municipal de Deportes a la empresa navarra Gestión y Eventos Lázaro. Tal y como publicó este diario en la jornada del miércoles existen «numerosas denuncias de los trabajadores» y como detallaron desde la Unión General de Trabajadores hasta 15 actas de infracción y dos denuncias en firme ante las que, aseguran desde la FMD y el área de Deportes con Alberto Bustos a la cabeza «nos han recibido, escuchado, nos han pedido pruebas, sentencias, y actas de infracción, pero este señor ha seguido con su contrato con toda normalidad».

La situación se ha agravado con el paso de los meses aunque los incumplimientos, exponen, llevan repitiéndose desde hace 32 meses. Esperanza Hontiyuelo, secretaria provincial del sector de Cultura, Deporte y Comunicación UGT Valladolid afirma que «no están cumpliendo los pliegos del concurso y no aplican el convenio del sector en Valladolid». Además, alertaban de que ha habido contratos de temporada estival por nueve horas y los socorristas realizaban jornadas completas de 40, ante la impasividad municipal.

La empresa, radicada en Corella, Navarra, gestiona más de 25 piscinas en Valladolid, además de estar presente en otras 12 provincias del país, algunas como la cercana Segovia. Tal y como subrayan desde UGT mantienen otros contratos como el de limpieza de la Piscina de Parquesol, Laura López Valle, pero como destaca Hontiyuelo ahora «Bustos y la FMD vuelven a otorgar el contrato de socorrismo en las piscinas a la empresa denunciada e infractora».  

Se trata de un contrato para la prestación del servicio de socorrismo y salvamento acuático en las piscinas municipales de Valladolid, en cuya mesa de contratación se solicitó a la empresa más documentación al considerar que «la oferta presentada por Ramón Lázaro Martínez (Gestión y Eventos Lázaro) debe ser considerada como desproporcionada en el apartado de la propuesta económica del precio/hora, pues el porcentaje de baja» excedía de lo marcado en el pliego. También se recoge que el licitador presentó los documentos en tiempo y forma resultando adjudicatario del nuevo contrato por delante de otras seis empresas, en un documento sellado el pasado mes de abril. Si bien es cierto que la propuesta económica  de esta empresa, tal y como denunciaban desde UGT, era la segunda más baja de ahí el recelo de la mesa de contratación.

Por parte del sindicato, Noelia Granda Merino, como delegada sindical, lamenta el caso omiso desde el consistorio: «El  contrato era de dos años más uno, pero nos dijeron que en el momento que presentáramos documentación para poder rescindir el contrato se haría, pero solo se ha rescindido el más uno, pero no se le ha finalizado el contrato y se le ha vuelto a dejar presentarse a la nueva licitación».

Sobre este aspecto el concejal Alberto Bustos, en declaraciones recogidas este martes por este diario, indicaba que «en estos contratos el concejal no interviene y si lo hiciera sería prevaricación. Estamos en manos de un expediente. Es un tema de legalidad. Las adjudicaciones se atienden bajo la Ley de Contratos. No hay otro procedimiento», algo que incidía el gerente de la FMD, Borja Lara, que reconocía en este mismo medio que «con la Ley de Contratos en la mano no tenemos ninguna herramienta para decir a esta empresa se la descalifica. Si lo hacemos incurriríamos en una ilegalidad. Nosotros tenemos un contrato administrativo con la empresa y la empresa uno laboral con sus trabajadores».

A falta de la firma de ese nuevo contrato seguirán prestando el servicio, pese a que UGT reitera esos incumplimientos: «Hay días que no se han abierto cinco piscinas a la vez, retrasos de los socorristas porque no han sido llamados a su puesto de trabajo y culpando a los mismos…», señala Granda Merino que a su vez incide en que «antes de iniciar el contrato –el administrador- me amenazó diciendo que en el momento que entraran se iba a hacer como él quisiera», y que incluso «esas amenazas verbales, que se han presentado a la inspección y se van a llevar al juzgado, también se han realizado a los trabajadores», indican desde el sindicato.

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