El gerente de la Fundación de Cultura mintió: no había informe jurídico que avalara el TAC en La Antigua

Informe inexistente y mentira. Así es como puede resumirse la actuación de la Fundación Municipal de Cultura y, más concretamente de su gerente, Carmelo Irigoyen, en todo lo que tiene que ver con el polémico espectáculo del Teatro de Calle (TAC) en La Antigua de Valladolid, que realizaba este miércoles sin la autorización preceptiva de Patrimonio al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), razón por la que el Ayuntamiento decidía suspenderlo este jueves. El gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) mintió: no había informe jurídico que avalara el TAC en La Antigua.

Las mentiras tienen la patas muy cortas y esta del gerente de la Fundación Municipal de Cultura sobre el espectáculo del TAC en el monumento BIC, mucho más. Carmelo Irigoyen, en una comparecencia este viernes ante los medios para anunciar espectáculos del Teatro de Calle, cambia la versión y dice ahora que el supuesto informe se encargó después de que saltara el escandalo por la falta de autorización de Patrimonio para el espectáculo de 'Quasimodo' en el BIC.

"El informe jurídico se hizo ayer a raíz de la polémica, de que saliera públicamente la posibilidad de que era necesario o no, pero nada más, es un principio de responsabilidad, nada más", afirma Irigoyen en lo que es la constatación de la mentira. La FMC y propio Irigoyen mintieron el jueves cuando filtraban y aseguraban a los medios, en lo que ahora se destapa como un juego de auténticos trileros, que la actuación del TAC en La Antigua venía avalada por un informe jurídico de la Fundación. Una mentira en la que hacían caer al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien en la tarde de este jueves argumentaba la suspensión del segundo espectáculo en La Antigua por "prudencia", pese a que contaba con un informe jurídico favorable. Una declaración que el regidor, evidentemente hacía, por la mentira previa del gerente de la Fundación de Cultura.

Pero no sólo se mintió al alcalde y al Ayuntamiento, también a la Junta de Castilla y León, que ha abierto una investigación sobre el espectáculo y por qué no se solicitaba la autorización a Patrimonio a través de la Delegación Territorial de Valladolid.

La delegada territorial, Raquel Alonso, según las declaraciones recogidas por la Agencia Ical, dejaba claro que el Ayuntamiento comunicaba a la Junta que tenía un informe de su propia asesoría jurídica que indicaba "que no era preciso pasar por la Comisión de Patrimonio Cultural", si bien el Consistorio decidía suspender el espectáculo previsto para el jueves por la tarde en una decisión que Alonso calificaba como "prudente".

En todo caso, informaba que la Junta trabaja ya con "los datos técnicos y toda la información" que aporta el Ayuntamiento de Valladolid para "actuar en consecuencia", en función de una "posible investigación para ver exactamente qué es lo que ha pasado".

“Al final, la Junta y la Comisión del Patrimonio Cultural estamos para salvaguardar y cuidar el patrimonio de nuestra provincia", concluye, no sin antes recordar que en este órgano se encuentra también el Ayuntamiento de Valladolid.

Pero por si esto no fuera suficiente para evidenciar la mentira del gerente de la FMC al asegurar y filtrar a los medios la existencia de ese informe jurídico previo, embaucando en la mentira al alcalde y a la propia Junta, este mismo viernes la concejala de Cultura, Irene Carvajal (VOX) se ausentaba sin dar explicaciones de la rueda de prensa al conocer que no existía nada que avalara la programación del principal evento del Teatro de Calle.

El caso es que este informe jurídico, público y pagado con dinero público, sigue sin darse a conocer, pese a que este periódico lo viene pidiendo desde que se asegurara este jueves de su supuesta existencia este jueves. Informe que también solicita la el grupo socialista en el Ayutamiento, a través de su portavoz Pedro Herrero.

Un informe que no existía antes de la programación, que viniera a justificar la garantías del espectáculo que se iba a hacer en La Antigua. Una programación que lleva meses cerrada. La propia concejala de Cultura, Irene Carvajal, que aclara a este periódico que no participaba en la rueda de prensa de la mañana de este viernes porque estaba preparando el pleno del lunes, reconoce que el informe jurídico es del miercóles por la tarde, "horas antes de que empiece la actuación", puntualiza Carvajal en declaraciones a este periódico. Un reconocimiento claro de que no existía ese informe jurídico previo, como habían asegurado desde la Fundación Municipal de Cultura y el propio gerente. Carvajal asegura que los servicios jurídicos de la FMC habían avalado de palabra la actuación, a la vista de la Ley y que era ella quien lo pedía por escrito tras saltar la polémica.

"Cuando surge la polémica es cuando digo, el informe por escrito", incide Carvajal, quien insiste que la Ley del Patrimonio no impide la actuación en La Antigua, "porque no hay una actuación invasiva". A la pregunta de por qué entonces se suspendía el jueves la segunda actuación, si ya se había hecho el informe, que eso sí no autoriza nada porque eso depende Patrimonio al tratarse de un BIC, y según el mismo la Ley de Patrimonio de 2024 lo permitía, la concejala de Cultura de VOX apela a la "prudencia", como ya había hecho el jueves el alcalde.

Carvajal mira aquí a Patrimonio para afirmar que "si Patrimonio hubiera entendido que era invasiva podría haber hecho un requerimiento paralizándola". Y es que Carvajal insiste que la Delegación Territorial cuentan con el informe, mientras la delegada territorial asegura que siguen a la espera de la documentación.

Precisamente, a esa "prudencia" apuntaba también el gerente de la FMC, quien indicaba que se tomaba "por un principio de prudencia". Todo "ante la posibilidad de que en alguna otra interpretación, que no es la que nosotros tenemos sí hiciera falta ese tipo de permiso ", puntaliza.

Y, de nuevo, insiste el gerente de la Fundación Municipal de Cultura en la argumentación que destapa su mentira al asegurar ahora que decidían solicitar un informe jurídico sobre la necesidad o no de solicitar autorización a la Junta de Castilla y León para "intervenir de manera efímera en un BIC como la iglesia de La Antigua cuando empezaron a observar que en medios o en redes sociales había algunas dudas". Afirmación que viene a desmentir lo dicho este jueves, asegurando que la actuación contaba con un informe jurídico de la FMC que la avalaba.

Posteriormente, fuera de micrófono, Irigoyen explicaba que esa polémica se comenzaba a observar en la jornada del miércoles. Cabe apuntar que el primer mensaje crítico publicado en la red social 'X' por la Asociación Por el Patrimonio de Valladolid data del mediodía del miércoles 21.

Antes de realizar el expediente, añadía, solicitaba una primera valoración a los técnicos de la fundación sobre si "efectivamente era necesario o no" y el equipo jurídico de la Fundación y él mismo coincidían en considerar,  que "a la vista del contenido de las normas, no lo era, por lo que se puso en escena el primer pase en la noche del miércoles", aclara.

Irigoyen interpreta que "la ley de Patrimonio" señala que es necesario un informe "cuando se hace una intervención en un BIC", de modo que reconoce, según Europa Press, la "duda legal" sobre "qué significa intervención", algo que para él implica una manipulación con "carácter estable o semiestable".