HUELGA

Huelga indefinida en el 112 de Castilla y León: los trabajadores denuncian que Ilunion Emergencias incumple el acuerdo

Los paros se producirán el primer viernes de cada mes y la plantilla cumplirá los servicios mínimos que se establezcan

El coordinador de la Sala de Emergencias 112 ante las pantallas en las que controla las llamadas que se recibenPHOTOGENIC

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Diario de Valladolid | El Mundo
Valladolid

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La plantilla del servicio de atención de llamadas de emergencia 112 de Castilla y León, gestionado por la empresa Ilunion Emergencias, S.A., irá a la huelga indefinida a partir del 6 de noviembre “por incumplimiento del acuerdo”. Los paros se producirán el primer viernes de cada mes, salvo festivos. La plantilla cumplirá los servicios mínimos que se establezcan, de modo que la atención a la ciudadanía en emergencias “quedará garantizada”, según recoge Ical.

El motivo es el incumplimiento del Acuerdo de empresa firmado en 2022, que puso fin a la huelga de aquel año con la mediación de la propia Junta de Castilla y León y que devolvió la estabilidad a un servicio esencial tras la crisis del anterior adjudicatario.

El núcleo del conflicto son las rondas de rotación antiestrés, el sistema de turnos pactado para que el personal pueda descansar adecuadamente en un trabajo de máxima tensión. El acuerdo fija 40 rondas para el personal gestor de llamadas y seis para supervisión. La propia empresa ha reconocido ante los tribunales que hoy solo funcionan 25 de esas 40 rondas, y la sexta de supervisión lleva más de dos años sin cubrir.

A ello se suman, denuncian los trabajadores, los incumplimientos en formación y acreditación de idiomas, y el “respeto” a la antigüedad en la contratación. El conflicto ha pasado tres veces por el servicio de mediación laboral (SERLA) desde febrero de 2026 y por una mesa de negociación, siempre sin acuerdo. En mitad de ese proceso, la empresa ha denunciado el acuerdo con la intención de desmontar todo el sistema de rondas y descansos.

Se paga pero no se cumple

El Comité recordó que el acuerdo de 2022 figura en el propio expediente de contratación de la Junta entre las condiciones laborales aplicables a la plantilla, y que el presupuesto del contrato se calculó con esas condiciones. “La empresa cobra un precio calculado como si cumpliera el acuerdo, pero no lo cumple. La Junta está pagando un servicio en unas condiciones que no se están dando”, apuntó el Comité.

A esto se añade la falta de personal, que la empresa ha reconocido por escrito en dos actas de reunión con la representación de los trabajadores. Para el Comité, esta “carencia, unida a la falta de formación adecuada y a la pérdida de personal con experiencia y estabilidad, se está convirtiendo en un riesgo para la calidad de la atención en un servicio del que depende la respuesta a cualquier emergencia en la Comunidad”.

También, señalan que la Inspección de Trabajo ha constatado que la empresa no publica los cuadrantes de trabajo en plazo, la autoridad laboral la ha sancionado por infracciones graves en materia de horarios y un juzgado de Valladolid declaró nula la exclusión de una trabajadora del sistema de rotación. Hay además varias denuncias pendientes ante la Inspección y una demanda por las rondas.

Mediación de la Junta

El Comité se ha dirigido a la Vicepresidencia Segunda de la Junta y a la Agencia de Protección Civil y Emergencias para pedir que la Administración vuelva a mediar en el conflicto, como hizo hace cuatro años, y que exija a la empresa el cumplimiento del contrato. “Sin esa mediación, el conflicto se alargará de forma innecesaria en perjuicio de un servicio público vital”, advirtió el Comité.

De cara a la próxima licitación, reclama que los nuevos pliegos recojan expresamente las rondas y las condiciones del acuerdo como “obligaciones esenciales, con un control real de su cumplimiento”.

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Y va más allá, pues plantea que la Junta “valore gestionar directamente el 112. “Un servicio esencial como este puede y debe gestionarlo la propia Junta ¿Qué razón hay para mantener un modelo más caro y que funciona peor?”, se pregunta el Comité, que insiste en que la “responsabilidad de la huelga es de la empresa y mantiene su disposición a negociar”, pero no aceptará que “se desmonte un acuerdo que la empresa nunca ha llegado a cumplir”.