Los servicios sociales de Castilla y León, los mejores del país con nota récord

Castilla y León logra la mejor puntuación en el desarrollo de servicios sociales, con un Índice DEC del 7,73 sobre 10, tras adelantar a País Vasco y Navarra, según el informe anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Por lo tanto, Castilla y León lidera a todas las comunidades, es decir, tanto a las de régimen común de financiación como a las forales -País Vasco y Navarra- como al resto de territorios. Además, obtiene la mayor nota de toda su historia, un 7,73 —0,94 más que el año pasado—, la cual supera en más de dos puntos la media nacional, que ha sido de un 5,46. Con este, ya son doce años con un lugar en el pódium.

Desde que en el año 2012, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales comenzara a elaborar el Índice DEC, Castilla y León ha estado en las primeras posiciones, liderando siempre a las comunidades de régimen común, cuando no a todas ellas, incluidas las forales. De hecho, ese año y en 2018 ya obtuvo la nota más alta de España, si bien ha sido en 2024 cuando ha batido el récord.

La Junta destacó en un comunicado, recogido por la Agencia Ical, que en todos los informes publicados, la Comunidad ha mostrado de manera continua un sistema “muy equilibrado” que, además, incluso ha ido mejorando con los años. “Ha alcanzado la excelencia en derechos y cobertura y tiene una de las mejores ratios entre cobertura y gasto. La gestión es eficiente, las decisiones estratégicas son apropiadas y hay una alta correspondencia entre los derechos que reconoce y las prestaciones y servicios que otorga, de acuerdo con el Índice DEC”, aseveró.

Más gasto social por habitante

En lo que respecta a la parte económico-financiera, Castilla y León ha incrementado de manera importante el gasto social por habitante hasta alcanzar los 592,5 euros -85,3 euros y un 16,8% más que en 2023-, colocándose 44,4 euros por encima del conjunto de España. En términos globales, las administraciones públicas de la Comunidad han incrementado también el porcentaje presupuestario destinado a Servicios Sociales llegando al 11,1%, frente al 10,2% de todo el Estado. De ese gasto social global, el 79,4% procede de la Junta, cuyas cifras se elevan 5,1 puntos sobre la media nacional. Esto implica que el porcentaje de gasto en esta área sobre el PIB autonómico también crece, al pasar del 1,8 al 1,9%, mientras que en el conjunto de las comunidades es del 1,7%.

La Junta aseguró que otro de los puntos fuertes del sistema castellano y leonés es la cobertura efectiva de prestaciones y servicios. En atención a personas en situación de dependencia, la Comunidad obtiene la nota más alta de España: un 8,3 frente a una media global del 5,1. En ello tiene mucho que ver que el tiempo medio para resolver un expediente, en Castilla y León, es de 113 días, frente los 342 del resto. El 94,8% de las personas con derecho a algún tipo de prestación la están recibiendo -cuatro puntos más que en todo el país-, y eso también convierte a esta Comunidad en el territorio en el que más personas obtienen prestación en relación con su población.

En cuanto a atención residencial, Castilla y León es la primera comunidad, con una cobertura del 11,8%, en plazas residenciales con financiación pública para mayores de 75 años, frente al 5,8% estatal. Un primer puesto que se repite en servicios residenciales para personas con discapacidad: cuenta con una cobertura del 4,5 frente al 1,7% del conjunto del país. Esto significa que, en este territorio, un castellano y leonés perteneciente a este colectivo tiene 2,6 veces más de posibilidades de obtener una plaza en un centro residencial que a nivel nacional. Y ese liderazgo vuelve a repetirse en centros de día y ocupacionales especializados en discapacidad: 6,47 plazas por cada 100 de estas personas, más del doble que la media estatal, que es de 3,13.

En el ámbito de la violencia de género, el sistema social de Castilla y León suma 21,1 plazas por cada 100 mujeres protegidas, frente a las 18,3 globales. En lo que respecta a menores integrados en el sistema de protección de la Comunidad, el 50,2% del total de los acogimientos se producen en un entorno familiar -la media estatal es del 47,8%-. Y, en relación con los alojamientos para personas sin hogar, hay 82,7 plazas por cada 100.000 habitantes, 21 más que a nivel nacional.