El Común pide incentivos médicos para garantizar la cobertura rural

Una queja por la suspensión de las consultas médicas en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia ha llevado al Procurador del Común a pronunciarse de nuevo sobre un asunto de actualidad: la necesidad de organizar la atención primaria en el medio rural para garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de la población «en condiciones de igualdad».

Consciente de la falta de efectivos sanitarios en todo el país y de las dificultades para ocupar aquellas plazas remotas y menos atractivas para los profesionales, el ‘defensor del pueblo’ insta a la Junta a «estudiar la forma de incentivar a los facultativos para cubrir adecuadamente las plazas de atención primaria en el medio rural garantizando así el derecho a la asistencia de los pacientes en condiciones de igualdad».

Recuerda que la protección de la salud es un derecho constitucional que conlleva «el deber de los poderes públicos de tutelarlo», algo que debe hacerse «de modo efectivo y adecuado y en condiciones de igualdad al margen del lugar de residencia de los particulares o sus posibilidades físicas o económicas para desplazarse». También el Estatuto autonómico dispone que «los poderes públicos de la Comunidad velarán para que este derecho sea efectivo» y, aunque pueden adoptar medidas de racionalización para su sostenibilidad, el Procurador del Común incide en que «la estructuración del sistema sanitario ha de tener límites, marcados por la necesidad de que la población cuente con las prestación y servicios en condiciones de igualdad».

La procuraduría presidida por Tomás Quintana explica «no cabe duda» de que la cobertura sanitaria en el territorio es «un problema grave y urgente» que «afecta a toda Castilla y León». Lamenta que a este problema, no siendo nuevo, no se le han dado «respuestas ni soluciones eficaces, ni en nuestra Comunidad Autónoma ni en el resto de España», continúa la resolución.

Recuerda el Procurador que en 2016 la Consejería de Sanidad «había elaborado un estudio de zonas de difícil cobertura de médicos y enfermeras que en aquel momento cifraba en 60», un número que se le antoja obsoleto en este tiempo ya que «actualmente es evidente que son muchas más». «En todo caso en aquel momento ya se valoraba, en palabras del anterior titular de la Consejería: ‘darle una vuelta de tuerca y generar incentivos’», puntualiza. Sin embargo, «parece que no se ha dado con la solución adecuada y habrá que buscar otras más eficaces o perfeccionar las ya adoptadas en cuanto a incentivos tanto económicos como profesionales dada la falta de atractivo profesional de este tipo de plazas, máxime cuando hay una cobertura legal de esta posibilidad».

La queja fue motivada por la ausencia del médico de Otero de los Herreros a causa de una baja no previsible en el mes de agosto. Por «falta de efectivos», la plaza quedó varios días sin cubrir. Pero bajo este vacío puntual, según el Procurador, subyace «un problema de mayor calado que la mera ausencia coyuntural de un facultativo».

Con esta argumentación, el Procurador insta a la Consejería de Sanidad a «estudiar la organización de las ausencias del médico de familia» para poder «cubrirlas de forma adecuada». Además, pide un estudio de «las necesidades de consulta de las zonas citadas» teniendo en cuenta no sólo el número de tarjetas sanitarias «sino otros elementos determinantes, tales como las peculiaridades geográficas y de comunicación, así como la existencia de población flotante en determinadas épocas del año, como la estival».

Junto a estas peticiones inmediatas, reclama a la Consejería de Sanidad «más a más largo plazo» que «se proceda a estudiar la forma de incentivar a los facultativos para cubrir adecuadamente las plazas de atención primaria en el medio rural garantizando así el derecho a la asistencia de los pacientes en condiciones de igualdad», reza la resolución firmada por Tomás Quintana López.