El 10% de las visitas de la Inspección por riesgos laborales acaba en multa

Son aleatorias y cualquier día puede tocar. Por ello, cuando un inspector de Trabajo entra por la puerta, las empresas suelen temblar. No es de extrañar a tenor de los datos. Solo el año pasado levantaron 4.588 actas de infracción por incumplir alguna de las normas de trabajo y de la Seguridad Social en la Comunidad –a razón de 13 al día–. Representan el 6,6% de las actas del conjunto de España y un montante global en multas superior a los 10,7 millones de euros.

21.160 trabajadores se vieron afectados el año pasado por los incumplimientos de los empresarios en materia de trabajo –un 28% más que en 2017–, ya fuera por tener contratos por obra que se extienden más allá de la obra; contratos encadenados sin fecha final de caducidad; contratos encubiertos a tiempo parcial, un empleo sumergido, ser extranjero sin permiso de trabajo, o trabajar en un lugar que no reunía las condiciones de seguridad.

Según los datos que figuran en el informe anual de la Inspección y Seguridad Social, se observa precisamente que una de cada diez visitas de los inspectores descubre alguna anomalía en materia de prevención de riesgos laborales. De las 11.045 visitas que llevaron a cabo en 2018 a empresas castellanas y leonesas, 1.190 acabaron con la apertura de un acta de infracción. Las empresas tuvieron que pagar por ello algo más de 2,1 millones de euros.

En los casos más graves, en aquellos en los que un trabajador falleció como consecuencia de un accidente de trabajo o resultó herido, la inspección sancionó a 176 empresas por un importe de 749.821 euros.

FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN . A lo largo de 2018, el 9,4% de todas las actuaciones llevadas a cabo en el área de contratos concluyó con el descubrimiento de una sanción y, por consiguiente, en sanción. Persiguiendo el objetivo de acabar con el fraude, por ser «económicamente sostenible y socialmente injusto», y por lograr un trabajo digno, la Inspección ‘cazó’ un total de 8.708 contratos camuflados de temporalidad. Eran temporales solo sobre el papel y, tras el paso de los ‘vigilantes’ del empleo, todos ellos fueron reconvertidos en indefinidos. El aumento en la labor inspectora logró sacar a la luz el doble de contratos en fraude de ley en un año.

Prácticamente en la mitad de los casos –4.328– los contratos temporales convertidos en fijos por la labor de control de la Inspección tenían la firma de una mujer, cuando el mercado laboral no dibuja ese equilibrio entre sexos.

Sorprende el caso de la provincia de Burgos. En ella, los inspectores detectaron irregularidades en 1.185 contratos, lo que equivale a un incremento del 211,8% con respecto al año anterior.

La Inspección no solo observó falsos contratos temporales, también contratos en apariencia parciales pero que excedían sus jornadas más allá de la campana. Los inspectores interpusieron hasta 1.515 sanciones a empresas por incrementos de tiempo de trabajo en los contratos a tiempo parcial, lo que supone un 41% más que en el año precedente. Fue Zamora la que proporcionalmente más incrementó el número de sanciones, un 157%. En este caso, fueron las mujeres, en un 60%. las que en mayor medida sufrían esa situación. «y productividad de la economía española, atacando a los derechos fundamentales o básicos de las personas trabajadoras»

EMPLEO SUMERGIDO . Ninguna estadística refleja la realidad de la economía sumergida. Son empleos ocultos y en sacarlos a la luz trabaja la inspección. Desde enero a diciembre de 2018 afloraron en Castilla y León un total de 4.505 empleos. Fueron un 0,8% más que en 2017, porcentaje que contrasta con el incremento del 32% observado a nivel nacional.

Fue similar el número de sanciones, pero estas fueron menos graves, a tenor de los datos. Y es que Trabajo recaudó un 4,1% menos por este concepto, quedándose en 6,2 millones de euros.

EXTRANJERÍA . La Inspección recaudó en Castilla y León un total de 545.483 euros en 2018 fruto de las 62 infracciones que las empresas cometieron en materia de extranjería, Representa un 30% más.