El TSJ ve inconstitucional la Ley de Caza con un voto opuesto que avisa de posible «fraude»

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, aunque sin unanimidad, ve «inconstitucional» la Ley 9/2019 que modificaba la Ley 4/1996 de Caza en Castilla y León. En resumen, que la normativa modificada por la Junta para sortear el recurso estimado que planteó el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma), no cuenta con el beneplácito de los jueces.

La ley no se deroga y sigue en vigor la caza en Castilla yLeón, pero la novedad ahora es que el Tribunal Constitucional tiene que resolver si la normativa cinegética se ajusta a la legalidad, con la presión extra de que el TSJde Castilla y León ya ha visto que no lo es.

Ytodo ello porque entiende que la modificación de la norma «pretende sustraer a los tribunales ordinarios el control de la regulación de la actividad cinegética en la región», informaron fuentes del TSJ.

Pero esta decisión de la sala, formada por cuatro jueces, no es unánime, ya que el auto cuenta con un voto particular, el del magistrado Felipe Fresneda, quien avisa de que podría incurrirse en «fraude de ley».

Es más, este juez expone que «no es el momento» de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, al recordar que la letrada de la Junta desistió del recurso de reposición interpuesto frente al auto del 21 de febrero de 2019.

MOMENTO «FORZADO»

«Se ha forzado su interposición en un momento procesal que no era el adecuado para ello, para lo que se debió no acoger el desistimiento efectuado frente al recurso de reposición por la letrada de la Junta y llegando así a un resultado viciado en el auto que plantea la cuestión por esta deficiencia procesal previa. Por el contrario, nada impediría que la cuestión se hubiera planteado en un momento posterior y, al no hacerlo, ha de entenderse que se ha efectuado de una forma precipitada, forzando la interpretación de los trámites procesales para conseguir llegar a término dicho planteamiento», asegura el magistrado discrepante.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también matizó el alcance del auto. «No hay ninguna inconsticionalidad en la Ley de Caza. Es un auto que plantea al Tribunal Constitucional que examine si existe hay alguna inconstitucionalidad en esa modificación de la Ley de Caza. No compartimos en absoluto los argumentos de la Sala y el auto tiene un voto particular muy relevante, contrario a la decisión», insistió.

Con independencia de estas voces críticas, el auto va a llegar al Tribunal Constitucional para exponer que la modificación pretende sustraer a los tribunales ordinarios de la jurisdicción contencioso-administrativa el control de la regulación de la actividad cinegética en Castilla y León y, al mismo tiempo, autorizar el ejercicio de dicha actividad, que había sido suspendida por la Sala al acceder a la medida cautelar de suspensión del Decreto 10/2018.

La Sala razona que dicha Ley 9/2019 puede ser contraria al principio de separación de poderes y al ejercicio de la potestad jurisdiccional, porque, de hecho, viene a revisar la previa decisión judicial de suspensión del Decreto 10/2018, dejándola sin efecto, impidiendo de este modo que el órgano judicial resuelva el recurso de reposición previamente interpuesto por la Administración contra dicho auto y pendiente de resolución por la Sala.

El tribunal también argumenta que puede ser contraria al derecho de la parte que solicitó la medida para que la misma se lleve a su puro y debido efecto, impidiendo que el auto produzca su efecto útil, ya que a través de la ley y de manera directa, sin necesidad de ninguna actuación por parte de la Administración, la caza puede ya practicarse.

Fuentes de Pacma calificaron de «gran noticia» el auto, ya que, recordaron que el Defensor del Pueblo aceptó la solicitud. «Es una nueva piedra que ponemos en el camino para acabar con la caza en la región. Esta resolución viene a decir que la orden atenta, de alguna manera, contra la separación de poderes».