Un jurado juzgará por malversación al ex director de la Diputación charra

El que fuera jefe de Fomento de la Diputación de Salamanca, Manuel Isaac Borrego Fernández, será juzgado por un tribunal popular para responder del uso de 6.830 euros de fondos públicos con los que supuestamente pagó comidas, cenas, copas, parkings, peajes y repostajes, entre otros gastos ajenos a su actividad como diputado provincial, ya que muchos de ellos, entre otras evidencias, se realizaron en fines de semana.

Borrego se expone a penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación por un tiempo de seis años a una década. Si el tribunal considera que el caso reviste especial gravedad (por ser alto cargo) se podría enfrentar a una pena de cuatro a ocho años de prisión.

El período investigado se centra en los gastos que endosó a la institución provincial, sin justificación alguna, en los años 2007 y 2008, cuando la presidenta de la institución provincial era Isabel Jiménez García. Los gastos los cargaba, como «anticipos de caja fija».

La suerte procesal de Borrego, inmerso en otros sonoros procesos judiciales, estuvo en el alero, ya que la Fiscalía de Salamanca solicitó el sobreseimiento, al igual que la defensa, ya que el encausado devolvió el dinero ilícitamente cargado a la Diputación.

Borrego llegó a recurrir ante la Audiencia de Salamanca la consolidación de la imputación por presunto delito continuado de malversación de patrimonio público y la apertura de juicio contra su persona, que decretó el Juzgado de Instrucción 1 de Salamanca.

El tribunal provincial charro desestimó la apelación y ahora este juzgado que dirige José Luis García González acaba de resolver , en notificación fechada el pasado 3 de septiembre, que Borrego debe de ser juzgado y además por jurado.

14.500 EUROS EN DIETAS

Aunque los juicios con tribunal popular –solo un 0,04% de las vistas celebradas en España– parecen reservados a delitos de gran trascendencia penal, los casos que pueden ser vistos por el tribunal popular son varios: homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, tráfico de influencias, cohecho o malversación de caudales públicos, y otra particularidad es que se celebran en las audiencias provinciales.

El juez de instrucción, en su auto de apertura de juicio oral (Tribunal del Jurado 1/2018) sostiene la pertinencia de que Borrego se siente en el banquillo recordando que el encausado «no aclaró, explicó o justificó mínima y realmente la causa, naturaleza o motivo de estos gastos y que los mismos se realizaran como gastos derivados de su condición de funcionario».

Y va más allá al subrayar que Borrego, además de recibir en los años investigados un sueldo cercano a los 60.000 euros anuales, «percibió complementos de dietas y gastos de locomoción en esos años por valor de 14.572,92 euros», precisa el magistrado.

Para el juez García González las facturas y tickets con los que ‘justificó’ tales gastos «difícilmente se pueden relacionar» con el ejercicio de su actividad como funcionario;todo ello unido a la «ausencia de una justificación razonable» de tales pagos y al hecho de que Borrego ya recibía sobresueldo por dietas de comida y gastos de desplazamiento. «No se explica la razón por la que cargaba a la administración los gastos que cobraba como anticipos de caja fija», insiste el instructor.

Por ello, aunque mantiene la situación de libertad provisional del investigado, fija una fianza de 1.000 euros con depósito en 24 horas, para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias (intereses y costas). En caso contrario, se embargarían sus bienes.

El auto no permite recurso, aunque abre la puerta a que las partes puedan plantear las cuestiones previas que estimen al tiempo de personarse ante el Tribunal del Jurado.

El supuesto uso indebido de fondos públicos no es el único frente judicial en el que ha hallado inmerso este funcionario. Borrego, en la actualidad, es asesor técnico del área de Cultura de La Salina.

Tanto Borrego como el entonces vicepresidente de la Diputación, Carlos García Sierra, llegaron a declarar ante el Juzgado de Instrucción 1 charro en febrero de 2015 por presuntas irregularidades registradas en adjudicación de obras de mantenimiento en las carreteras de aquella provincia entre los años 2007 y 2012, con una cuantía total de 12 millones.

El caso, que tuvo al PSOE como acusación, fue archivado en julio de 2017, tras desestimar el recurso de apelación de los socialistas que además tuvieron que pagar las costas.