La Junta rechaza el pago «simbólico» que plantea Ábalos para las autovías
Suárez-Quiñones asegura que el cobro por uso perjudicaría a la economía y al medio rural
La Junta rechaza el pago «simbólico» que plantea Ábalos para las autovías-J. M. LOSTAU
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticó ayer el pago «simbólico» que podría plantear el Gobierno de Pedro Sánchez para asegurar la viabilidad de la extensa red de autovías del Estado. En este sentido, comentó que «cualquier cobro de un peaje blando, por pequeño que sea, produce efectos perjudiciales» para la actividad económica y el medio rural de la Comunidad.
Aseguró que el Ejecutivo regional es «totalmente contrario a cualquier cobro por uso de las autovías de España y de Castilla y León». Y es que, en su opinión, esta medida del departamento que dirige José Luis Ábalos dañaría «a los que menos tienen» y sumaría «una nueva carga impositiva y de gasto» para las empresas de transporte, por lo que la decisión iría en contra de la política de apoyo empresarial por la que apuesta el Ejecutivo regional.
«Hay que bajar la carga, no incrementarla», espetó para, más tarde, añadir que afectaría sobre todo a los que menos recursos tienen porque, mientras a la gente pudiente «le pudiera no importar», para los que menos tienen sería «una carga económica más, y les afectaría de forma especial».
El consejero de Fomento y Medio Ambiente afirmó que el pago penalizaría también al medio rural, ya que perjudicaría la movilidad de las personas que viven en los pueblos hacia los centros principales de población. «Va en contra del medio rural y de la lucha contra la despoblación que deben mantener las administraciones», recalcó.
Suárez-Quiñones abogó por ser «eficientes» en el gasto público y en la planificación de las carreteras. «Esa eficiencia debe permitir que se mantengan las carreteras en perfecto estado y se sigan ejecutando los proyectos en los que venía trabajando el anterior Gobierno de España», indicó el consejero de Fomento y Medio Ambiente.
La idea que se baraja en el departamento de Ábalos es un coste «simbólico» para el usuario de estas vías –en torno a la décima parte de lo que ahora paga de media en las autopistas de peaje– y serviría para garantizar el mantenimiento de la red que tiene un coste anual para las arcas del Estado de 1.100 millones de euros. Un desembolso que no llama la atención teniendo en cuenta que España es el tercer país del mundo, después de China y Estados Unidos, con más kilómetros de vías de alta capacidad. A esto se suma que las carreteras españolas se diferencian de las europeas en que la mayoría son autovías y, por tanto, serían susceptibles de ser afectadas por este canon.
Este pago por uso, además, podría ir destinado a rebajar los peajes tradicionales de los territorios que tienen autopistas. Cabe recordar que el Gobierno ya suprimió a principios de año el tributo de la AP-1 de Burgos-Armiñón. A éste se agregarán otros tramos fuera de la Comunidad en los próximos años. No hay que olvidar tampoco los más los 500 kilómetros que el Estado tuvo que rescatar de ocho autopistas quebradas. Miles de kilómetros que podrían beneficiarse de esta tasa.
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre Zubiri, suavizó la propuesta al justificarla con el gasto que ocupa el mantenimiento de la red estatal de carreteras. No obstante, no quiso entrar a valorar porque no se había parado todavía a analizar la propuesta: «Es un tema que ha lanzado el ministro Ábalos que en principio habrá que ir madurando, habrá que ver en qué sentido se ha planteado. Por ello, no me posiciono porque todavía no me he parado a analizar cuál es el objeto de la idea, que es lógicamente contribuir al mantenimiento de toda la red de carreteras».
La Agrupación de Transportistas Sorianos rechazó de plano esta posibilidad, y recordó al Gobierno de España que las pequeñas y medianas empresas de transporte ya contribuyen «de manera suficiente» al mantenimiento de las autovías con parte de la fiscalidad que soportan. «La medida sería, además, doblemente negativa para las empresas sorianas que, a diferencia de la mayoría de las provincias, carecen de alternativa ferroviaria para dar salida a sus mercancías».
La agrupación advirtió al ministro de Fomento que la competitividad de las empresas de su sector, así como las del resto de la provincia, se vería «notablemente perjudicada» si prosperara la idea, ahora en estudio, puesto que una tasa como la planteada «encarecería necesariamente los costes de explotación» de las firmas de transporte, lo que afectaría al valor final de los bienes de consumo.