La Junta destina 56 millones de euros al impulso de la agricultura sostenible y ecológica

La antesala de las elecciones se antoja un escenario idóneo para formular nuevas promesas o ver cuáles se quedan sin cumplir, para hacer un balance de los últimos cuatro años e, incluso, para poner un buen broche a la legislatura. La Consejería de Agricultura y Ganadería la despide con un impulso de 56 millones en ayudas a las actividades sostenibles.

El departamento que preside en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones anunció ayer esta partida destinada a prorrogar el compromiso de los agricultores y ganaderos de la Comunidad con el medio ambiente. Más de 10.000 profesionales podrán, con este respaldo, seguir realizando prácticas con efectos positivos en el mismo durante otros dos años.

Este compromiso con un desarrollo agrícola y ganadero sostenible se rubricó en 2015 con contratos plurianuales y un límite temporal que llegaba ahora a su fin, como recuerda la Consejería en una nota de prensa. Con la resolución que publicará este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), estas medidas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica podrán seguir incorporándose durante 2020 y 2021, «salvo que manifiesten su renuncia expresa en los términos que se establezcan en la solicitud única del próximo año», matiza el escrito.

DESPIECE

Como recoge el gráfico que acompaña esta información, los cultivos agroindustriales sostenibles serán los más beneficiados de este nuevo impulso, acaparando un 30% del mismo. Esta modalidad, que durante este periodo de vigencia ha contando con cerca de tres mil contratos, recibirá más de 17 millones durante los próximos dos años.

La palma en cuanto a número de profesionales la lleva la gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y el apoyo a los sistemas tradiciones de pastoreo trashumante, con más de cuatro mil comprometidos. El montante total para esta opción serán 15,7 millones.

El tercer puesto en el podio del reparto de estas ayudas lo ocupa el aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino y caprino. Más de 7,6 millones estarán destinados a impulsar esta práctica dentro de un sector muchas veces olvidado, como denuncian con frecuencia las organizaciones agrarias.

Cinco millones ampararán a la agricultura ecológica, una práctica que está cogiendo fuerza en la región, que recientemente celebraba haber superado el millar de operadores. Dentro de este compromiso, figuran 275 contratos. Uno menos que los relacionados con los agroecosistemas extensivos de secano en humedales de importancia internacional para los que están previstos alrededor tres millones.

Casi uno más, 3,9 millones, recaerán en los 398 profesionales de la apicultura para la biodiversidad. Fórmula sostenible que se aplica a 121.500 colmenas.

El respaldo será un poco mayor, superando los cuatro millones, para el mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción. Práctica para la conservación medioambiental que cuenta con 572 adeptos.

Por último, la producción integrada y los cultivos permanentes en paisajes singulares recibirán en los próximos dos años 103.040 y 52.748 euros, respectivamente.

Todas estas actuaciones están enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León que concede a la agricultura compatible con el medio ambiente y a la ecológica el estatus de «prioritarias». Están cofinanciadas por la Unión Europea, el Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Agricultura con una asignación de 257,7 millones. Dentro de esta cuantía, las medidas de agroambiente y clima acaparan 226 millones; los 31,5 restantes corresponden a lo ecológico.

¿Y en qué consisten los contratos que las acompañan? Los agricultores y ganaderos que los firman «se comprometen a realizan determinadas acciones con beneficios para el medio ambiente y el clima, más exigentes que las buenas prácticas de cultivos normales, por lo que perciben un importe que varía en función de cada línea de ayuda».

Esta prórroga de dos años –que tiene su máximo en siete– permite mantener los «beneficios medioambientales» mientras se realiza una «transición adecuada» hacia el nuevo plan estratégico que perfile la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC), que llegará con dos o tres años de retraso. Además, da respuesta tanto a las peticiones efectuadas por las organizaciones profesionales como a la proposición no de ley popular que recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios de las Cortes.

Por otro lado, el Bocyl publicó ayer la convocatoria de las ayudas para seguros agrarios, dotada por 8,1 millones. Lo más destacable de la misma es que las subvenciones a la suscripción de políticas para la remolacha y el lúpulo dan el salto del 10 al 20%. Incrementos justificados por la situación de los mercados internacionales así como por las circunstancias climatológicas adversas.