Enfermería exige parar la orden que permite a los docentes dar medicinas
Educación desmiente «rotundamente» que se vaya a obligar al profesorado
El Consejo Autonómico de Enfermería interpondrá un recurso contencioso administrativo para solicitar la paralización cautelar de la aplicación de la orden que regula las medidas dirigidas al alumnado escolarizado de centros educativos que presentan necesidades sanitarias o socio sanitarias. Según informó el colectivo a través de un comunicado, esta medida se ha adoptado tras analizar la repercusión que la orden puede tener para los profesionales y para los niños, y al entender que vulnera al menos tres principios: va en contra de la ley y carece de consenso de los profesionales, falta de responsabilidad de la administración, e invasión de competencias.
En concreto, puntualizaron que no existe un informe preceptivo de las organizaciones profesionales, que no han sido consultadas, aunque así lo dicen normas como la Ley de Diálogo Civil y Democracia participativa; denuncian también la falta de responsabilidad de la administración, al encomendar actividades de educación sanitaria y de dispensación de medicamentos a los profesores, con las implicaciones que pueda tener el hecho para ellos al tener que manipular fármacos; y entienden que la Junta fomenta el intrusismo profesional al encomendar a los profesores actividades propias de los profesionales de enfermería. Igualmente, trasladaron su indignación por la «falta de respeto» de la Junta a los enfermeros.
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León emitió hoy un comunicado desmintiendo «rotundamente» que en virtud de la nueva orden de 29 de marzo de 2019 sobre atención al alumnado con necesidades sanitarias se vaya a obligar al profesorado a practicar diversas intervenciones sanitarias a su alumnado.
Según apuntan en un comunicado recogido por Ical, dicha orden crea por primera vez en la Comunidad una atención sanitaria o enfermería escolar para todos los alumnos que lo requieran. «Hasta el momento, sólo existía para los centros de educación especiales o asimilados. Así pues, esta Orden persigue justamente lo contrario de que lo que erróneamente se impugna», esgrimen. Afirman que la orden «no crea obligación alguna para el profesorado respecto de la atención sanitaria de sus alumnos».