Picos de Europa se reserva la posibilidad de fijar cupos máximos de visitantes

Los gestores del Parque Nacional Picos de Europa podrán limitar la entrada de visitantes «con el fin de evitar el deterioro de los valores ambientales». Así lo establece el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que las tres autonomías implicadas –Asturias, Cantabria y Castilla y León– acaban de someter a información pública. Este trámite abre dos meses para presentar alegaciones:el plazo concluye el 1 de mayo.

A día de hoy «no se plantea la necesidad» de aplicar cupos en ningún punto, pero el documento «reserva esa posibilidad» por si fuera necesario acotar el peregrinaje de personas en algún enclave concreto, explica Mariano Torre, codirector del Parque Nacional por Castilla y León.

Picos de Europa es el Parque Nacional más antiguo y el tercero más frecuentado del país, después del Teide y Guadarrama. La mayor presión la soportan los lagos de Covadonga, con 800.000 turistas al año, seguidos del acceso cántabro de Fuente Dé, con 684.000. La entrada por la vertiente leonesa acumula 265.000 accesos con una fuerte concentración en la ruta del Cares, su punto más carismático, y a la espera de que abra por fin el centro de recepción de Oseja de Sajambre, previsiblemente antes de verano.

Prácticas deportivas como la escalada atraen importantes flujos de personas a algunos puntos en determinadas épocas del año, como las paredes del legendario Naranjo de Bulnes. «Hay vías de escalada donde hay colas para subir», recuerda el codirector leonés sin señalar ningún enclave pero tampoco descartando la posibilidad de «limitar puntos muy concretos» si las condiciones lo exigen. Por ejemplo, «si fuera necesario para proteger la conservación de alguna especie o en momentos de nidificación de las aves», puntualiza. «Hemos intentado no ir más allá de la normativa estatal», que ya contempla los cupos de visitantes, apostilla.

Aunque cada comunidad es responsable de su propio territorio, las decisiones se toman en común y este tipo de medidas serían objeto de análisis en los grupos consultivos integrados por las tres autonomías.

De hecho, el PRUGestipula que se realizarán «estudios de capacidad de acogida, bajo las premisas de mínimo impacto, seguridad y máxima calidad de la visita, para cada una de las zonas». «De estos estudios se podrá derivar el establecimiento de cupos que garanticen los objetivos de conservación y protección, adecuando el número de visitantes a dicha capacidad y a la zonificación establecida», reza el documento, disponible en el portal de Gobierno Abierto de la Junta.

Esa zonificación es la columna vertebral del Plan Rector, que colorea el Parque Nacional con cinco tonalidades, asignando a cada área distintos grados de protección.

La más restrictiva es la llamada ‘zona de reserva’, caracterizada por unos valores naturales de excepcional rareza, fragilidad o interés científico. En estas zonas, el acceso público queda prohibido. Con este nivel de protección queda protegido el cauce del Dobra y, en la red subterránea, el valioso sistema kárstico del Parque Nacional. En la provincia de León figuran siete hectáreas ‘reservadas’ al incluir tres pequeños neveros de origen glaciar en Posada de Valdeón (El Trasllambrión, La Palanca y La Forcadona).

A continuación, el mapa asigna un ‘uso restringido’ a aquellas zonas que pueden soportar «cierto nivel de uso público» porque sus valores naturales gozan de buen estado. Esta clasificación, que ocupa casi 10.000 hectáreas en la vertiente leonesa (el 42% de la provincia), sólo permite el acceso público a pie por senderos, veredas y trochas, mientras los vehículos de motor sólo podrán entrar cuando las labores de gestión lo requieran. Veta la construcción de nuevos edificios así como de carreteras, pistas, o caminos para el tránsito rodado, pero sí se admitirán nuevos senderos acondicionados para el tránsito a pie o para el ganado. En cuanto a los aprovechamientos tradicionales se podrán realizar siempre y cuando contribuyan a la conservación.

En tercer lugar, las áreas de ‘uso moderado’ permiten el acceso a los visitantes así como los usos agropecuarios y los aprovechamientos tradicionales, en particular la ganadería extensiva y la corta de leñas vecinales. El acceso público peatonal es libre y el tránsito de vehículos está permitido en carreteras y pistas. Podrá autorizarse la construcción de nuevos aparcamientos, zonas recreativas y equipamientos para atender a los visitantes.

Las zonas de ‘uso especial’ son aquellas áreas de reducida extensión donde se ubican instalaciones necesarias y el acceso público peatonal será libre. Por último, los ‘asentamientos tradicionales son los núcleos de población y áreas habitadas por población no dispersa. Es la zona con menores restricciones, con acceso libre para peatones y vehículos.

Texto a tres bandas.

Conciliar la vida cotidiana y los usos turísticos con la necesaria conservación de los valores protegidos es el objetivo del Plan Rector, una ‘constitución’ consensuada a tres bandas el pasado mes de diciembre por la Comisión de Gestión tras un año de reuniones.

Con la publicación del texto en los boletines oficiales de las tres autonomías, se acaba de abrir el plazo de alegaciones. El volumen de éstas determinará los plazos, ya que cada alegación será contestadas individualmente. Luego, el texto definitivo comenzará un peregrinaje por las asesorías jurídicas y comisiones de las tres administraciones, una tramitación compleja que hace impensable su entrada en vigor este mismo año. La previsión es que sea de aplicación a partir de 2020 con la aprobación mediante decreto por cada una de las comunidades. Su plazo de vigencia será de diez años.

Dos millones al año

La aplicación del Plan Rector supondrá dedicar 19 millones de euros en la próxima década, a razón de unos dos millones cada ejercicio. Así consta en la ‘estimación económica’ anexada al proyecto, donde se cuantifican las inversiones previstas para poner en marcha cada una de las acciones señaladas así como los costes de las compensaciones que particulares o ayuntamientos podrán solicitar al ver limitados sus derechos (las indemnizaciones y subvenciones copan 15 millones del total).

Teniendo en cuenta que la inversión anual viene rozando los 2,4 millones anuales entre las tres autonomías, esa previsión económica resulta conservadora al establecer sólo una aproximación que, además, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Éste será el primer Plan Rector dePicos tras el malogrado texto anterior de 2002, tumbado por el Tribunal Supremo. Fue precisamente la ausencia del régimen económico y de compensaciones lo que llevó a los tribunales a invalidar en 2005 el documento anterior.