La rebaja fiscal por despoblación dejaría 335 millones de euros a los ciudadanos

La rebaja fiscal a la España despoblada es viable y ya tiene cifras y un sostén teórico. Soria, Cuenca y Teruel, las tres provincias que forman parte de las zonas escasamente pobladas del sur de Europa (SSPA), dejarían de ingresar 335 millones de euros a la Agencia Tributaria y a sus equivalentes autonómicos en menor medida para beneficiar a sus habitantes. El planteamiento es pagar la mitad, aunque luego se recuperase parte del dinero en forma de mayor consumo o base imponible por el aumento del empleo.

En el caso de Castilla y León, la introducción de mejoras fiscales para luchar contra la despoblación lleva décadas resonando en las voces de instituciones y entidades sorianas. Los bolsillos de los vecinos y las cuentas de las empresas contarían con 72,3 millones de euros más al año y se crearían 869 empleos, estables al menos mientras durase es discriminación.

Las cifras no nacieron del azar. Pertenecen al estudio Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados de España, elaborado a instancias de las zonas escasamente pobladas del sur de Europa (SSPA) gracias a la labor de profesores universitarios y doctores. Bajo la coordinación de José Antonio Herce, en el grupo de trabajo figuran los docentes de Empresariales Blanca García, Pablo de Frutos y Sonia Esteban y el doctor en Derecho José Miguel García Asensio.

Los documentos de partida fueron las 49.368 declaraciones individuales de la renta presentadas por los sorianos, así que el material es oficial, realista y exhaustivo. La premisa fue tan sencilla como calcular sobre una bonificación del 50% en determinados impuestos, como ocurre en otros territorios periféricos como Ceuta, Melilla o Canarias.

Concretamente se trabajó sobre la base del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Sociedades y Patrimonio. El IVA no se analizó por su excesiva complejidad y la posibilidad de incurrir en las prohibidas ayudas de Estado, de forma que el estudio tenga visos de viabilidad.

El coordinador, Herce, indicó que hay que intentar entrar por el resquicio de una puerta entreabierta para que el Estado español defienda la idea ante la Unión Europea y esta permita la intervención. «Efectivamente no hay un apartado que diga que esto se puede hacer, pero tampoco hay ninguno que diga que no se puede hacer», resumió el doctor en Economía.

El primer paso «para abrir la puerta a la excepcionalidad fiscal» es «caracterizar» la situación. El ejemplo de Canarias supone que «vivir a 2.000 kilómetros de Madrid te da derecho a que te rebajen el 50% de la factura de muchos impuestos». Sin embargo «la gran mayoría de la humanidad vive a más de 2.000 kilómetros de Madrid y no pasa nada, algunos viven hasta mejor». Con este ejemplo que el mismo consideró como una simplificación, apuntó que «a decenas de kilómetros de las ciudades» hay territorios «en una situación demográfica distinta» y que sí necesita compensación estatal.

Una de las claves pasa por hacer ver que esos 335 millones de euros que dejaría de percibir la Agencia Tributaria «no se evaporan, se quedan en los bolsillos de los agentes actuantes en esos territorios» y en el caso de Soria serían de media casi 1.000 euros más por habitante y año. Con esta premisa se calculó que habría mayor consumo y con ello un incremento del 267 millones de euros sujetos a IVA, por lo que buena parte de lo perdido se recuperaría por esta vía. De este total, 56 millones de euros fiscalizables se moverían desde Soria.

Más aún, Herce defendió que la adopción de la reducción de los impuestos contemplados a la mitad permitiría crear 4.027 empleos entre las tres provincias, de los cuales 869 serían en Soria, unos 1.200 en Teruel y cerca de 1.900 en Cuenca. Lógicamente eso generaría «bases imponibles nuevas por importe de 80 millones de euros al año», de los cuales 17 millones de euros corresponderían a Soria. Si se restan estos 80 millones de los 335 totales, el coste para la Agencia Tributaria se mitigaría de forma notable.

Por otro lado, también se analizó alguna medida «parafiscal». Aunque no hay ejemplos en el seno de la Unión Europea, Noruega –que sí comparte espacio económico– planteó una reducción de 10 puntos en la cotización de los trabajadores en zonas despobladas. En el caso de Soria y aunque iba más allá del encargo inicial, el grupo calculó que esta medida supondría 68 millones de euros menos con cargo a los empresarios, lo cual podría repercutir en mayor sueldo magro.

DIPUTACIÓN DE ÁVILA RECLAMA REFORMA DEL RÉGIMEN FISCAL

El presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, demandó la reforma del régimen fiscal para las zonas con problemas de despoblación en España, como es el caso de la provincia de Ávila.

Así lo señaló en su intervención en la IV Conferencia de presidentes de gobiernos provinciales organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local, bajo el lema ‘El papel de los gobiernos provinciales en el equilibrio territorial: Entre la despoblación rural y la concentración urbana’. Sánchez Cabrera, que participó en Granada en la mesa de debate ‘Asistencia económica de los entes provinciales e insulares: Acciones contra la exclusión financiera’, destacó la importancia que tiene el sector público y privado para el mantenimiento de servicios en el medio rural, informa Europa Press. Por un lado, hizo referencia a servicios financieros, farmacias, bares o tiendas y, por otra parte, ha puesto en valor la cooperación de las diputaciones y ayuntamientos en el mantenimiento de servicios básicos como infraestructuras hidráulicas o la asistencia técnica a municipios.

El presidente de la Diputación de Ávila trasladó en la IV Conferencia de presidentes de gobiernos provinciales, asimismo, la necesidad de inversión por parte del Estado para que la fibra óptica llegue a todos los municipios, además de la mejora de la financiación local, en paralelo a la de la financiación autonómica.