El Congreso aprueba el decreto de medidas urgentes para la minería del carbón

El Congreso aprobó ayer la convalidación del Real Decreto de de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras fruto del acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal alcanzado el pasado mes de octubre. La abstención del PP y Unidos Podemos, entre otros, facilitó que fuera aprobado por 132 votos a favor, cuatro en contra y 212 abstenciones. No obstante, deberá ser ahora tramitado como proyecto de ley tal y como decidió también la Cámara Baja por mayoría.

La encargada de defender el decreto en nombre del Gobierno fue la propia ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en su intervención defendió la urgencia del Real decreto con el argumento de que al terminar 2018 expiraba también «el tiempo máximo en el que la Unión Europea nos permitía subvencionar el carbón nacional» no competitivo, como quedó establecido en la decisión de 2010.

«En cada una de las medidas que se adoptan en esta norma concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad» que justifican el Real Decreto Ley «dado que todas ellas debían ser adoptadas antes del 31 de diciembre de 2018 si queríamos que pudieran ser efectivas y no dejar a ninguno de los afectados atrás», aseguró al respecto.

Eso ha permitido, dijo, que se hayan podido llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo; que los trabajadores vayan a poder acceder a prejubilaciones o bajas incentivadas; que los trabajadores excedentarios, incluidos los de la subcontratas, pueden acceder a trabajos en restauración; que las empresas pueden recibir ayudas para esos trabajos de restauración, y que los municipios mineros puedan presentar proyectos en los próximos meses para la concesión de ayudas financieras.

Por eso, explicó la ministra, el Gobierno promovió «contrarreloj» el ‘Acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027’, que fue suscrito el pasado 24 de octubre entre el Ministerio, UGT, CCOO, USÓ y la patronal Carbunión. «Estamos ante un colectivo y unas comarcas prioritarias desde el punto de vista de la transición justa; comarcas y vecinos que necesitan el apoyo solidario del conjunto de la sociedad», afirmó Ribera.

Las bases para la transición justa y la sostenibilidad de las comarcas, argumentó Ribera, pasan por la ejecución efectiva de las ayudas pendientes destinadas a los municipios mineros par el periodo 2013-2018. Con ese objetivo se han agilizado ayudas a pequeños emprendedores, proyectos empresariales y ayudas a municipios para infraestructuras que supondrán más de 130 millones de euros en las comarcas mineras. Además, relató, el acuerdo incluye 250 millones en ayudas a la reactivación de las comarcas mineras en el periodo 2019-2023 a través del «apoyo a empresas y nuevos emprendimientos».

A su juicio, el mayor desafío era trabajar «contrarreloj» para que en la «fecha límite» del 31 de diciembre pasado las empresas mineras pudieran optar a «ayudas que cubrieran los costes de reducción de su todavía voluminosa plantilla», tal y como establece el artículo cuatro de la decisión de 2010 de la UE. A la vez, explicó, había que garantizar que las plantillas excendentes de la minería del carbón pudieran acceder a las prestaciones sociales «o al menos al derecho a una prestación Contributiva por desempleo por el máximo tiempo legal como un modo de paliar la repercusión del cierre en las comarcas afectadas».

En paralelo, continuó, el Plan buscó una salida para los trabajadores que no pudieran acogerse a la prejubilación o a los de la subcontratas cuyas empresas no estaban dentro del plan de cierre. Para ellos, explicó, el gobierno ha creado una «bolsa de trabajo» que pretende impulsar «con el máximo empeño salidas laborales para todos».