Sindicatos y Cecale exigen ya la ampliación del Serla a conflictos económicos individuales

Semana decisiva la que comienza mañana para la firma del último acuerdo del Diálogo Social entre Juan Vicente Herrera, y los líderes de Cecale, CCOO y UGT. Yserá decisiva por tres motivos: no hay nuevos presupuestos autonómicos y está costando trabajo precisar las cuantías definitivas; porque se van a celebrar reuniones de las diversas mesas hasta el último momento, y porque hay flecos que si no se logran acuerdos esta semana existe el compromiso político de abordarlos tras las elecciones, como es el caso de la energía.

La fecha está ya acordada. Herrera firmará su último acuerdo del Diálogo Social el miércoles 30 de enero.

Aunque no ha trascendido el contenido de los pactos que se rubricarán el penúltimo día del mes en el Colegio de la Asunción, sede de la Junta, lo cierto es que los sindicatos y Cecale presionan con fuerza para arrancar un ambicioso acuerdo sobre el Serla que evite que un elevado número de conflictos laborales llegue a los juzgados en las nueve provincias y se resuelvan en este organismo de mediación.

En este caso, el salto consiste en que el Serla medie en los conflictos individuales de cantidad, que son los más numerosos y sobre los que hasta ahora no había acuerdo, además de que el servicio se implante en todas las capitales y en Ponferrada, y no solo en Valladolid como está en la actualidad.

El ahorro de recursos económicos por parte de trabajadores y empresarios y la reducción de plazos estarían en el fondo del acuerdo entre CCOO, UGT y la patronal, según han confirmado a este diario diversas fuentes sindicales y empresariales, que destacan el elevado índice de productividad del Serla.

La extensión territorial del Servicio de Relaciones Laborales y la ampliación del Serla a los conflictos económicos ha enfrentado a los sindicatos y a la patronal con la Junta, aunque hasta ahora han tratado de reconducirlo con sucesivos acuerdos verbales y con mucha discreción. De hecho, Gobierno regional, patronal y sindicatos acordaron el 30 de septiembre de 2016, hace ahora más de dos años, la mediación en estos conflictos no económicos y acordaron la fecha del 31 de diciembre de 2017 para que funcionara en todas las capitales y en Ponferrada. Al día de hoy no se ha cumplido. Por eso, ahora sindicatos y patronal buscan este acuerdo más ambicioso y lo consideran imprescindible para la firma del Diálogo Social, hasta el punto de que hay quien lo condiciona. Sindicatos y patronal quieren un «cronograma» concreto que establezca plazos y supeditan la firma del Diálogo Social a compromisos reales de implantación competencial y territorial delSerla.

No obstante, y a pesar del secretismo que dominan las últimas jornadas previas a la firma de los acuerdos, este periódico ha podido conocer en fuentes solventes la intención de que el día 30 se firme un Plan de Choque contra el paro juvenil «potente» con nuevas medidas que impulsen «la calidad del empleo», reduzcan la elevada tasa de desempleo de este colectivo y propicien la vuelta de los que han salido fuera de la Comunidad por falta de oportunidades. El objetivo, además, es reagrupar todas las medidas dispersas en «seis o siete consejerías».

Ninguna de las fuentes consultadas se atreve a dar aún una cifra definitiva, pero la mayoría cree que el último acuerdo del Diálogo Social de esta legislatura superará los 152 millones de euros del año pasado, a pesar de la prórroga presupuestaria.

En materia de empleo, la intención de todos los firmantes es ampliar el plan actual con las entidades locales y dar la mayor cobertura posible a los parados mayores de 55 años.

Es previsible que los sindicatos apuren los últimos días para forzar un mayor compromiso de la Junta en la rebaja de las tasas universitarias para que en el curso 2019-2020 la disminución supere el 20% en el primer año, como pretende la Junta, e incluso llegue al 30%.

Una de las novedades que puede tener esta firma del Diálogo Social se centra en la Formación Profesional. Junta, patronal y sindicatos acercan posiciones para trasladar a la Comunidad un modelo similar al Tknika del País Vasco, que conecta la formación profesional con las necesidades de las empresas y facilita la «transferencia bidireccional de conocimiento».

Las fuentes consultadas confían en que se dote adecuadamente y que opere más en el ámbito autonómico industrial que en de la Consejería de Educación.