La Junta no gastó los 5,5 millones asignados por el Gobierno para parados de larga duración

Castilla y León «no ejecutó cantidad alguna de la asignación» recibida por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para ayudar a los desempleados de larga duración a lo largo del año 2015. No gastó, por tanto, ni un euro de los 5,5 millones que le había correspondido para tratar de sacar de ese listado a los parados que llevaban en esa situación más de dos años.

Así, al menos, lo desvela el Tribunal de Cuentas en su informe, conocido este mismo mes, sobre la fiscalización del Programa Extraordinario de Activación para el Empleo (PAE). Este organismo critica la «escasa ejecución y eficacia» de este programa específico y extraordinario de carácter temporal que surgió en 2015, se prorrogó dos veces y estuvo activo hasta abril de 2018.

La Junta de Castilla y León recibió la cuantía en dos fases. En julio de 2015, el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular aprobó la distribución de 2,4 millones de euros, a los que sumó otros 3,1 millones el 18 de diciembre de 2015.

Fue, junto a Andalucía yValencia, la única autonomía española que dejó sin ejecutar ninguna cantidad. Las tres comunidades adujeron que no pudieron hacer uso de ese dinero debido al «retraso en la materialización de los fondos».

Y es que, tal y como reconoce el informe, la transferencia de esos fondos no se efectuó a las autonomías hasta los meses de noviembre y diciembre de 2015, lo que, a su jucio, pudo explicar el «bajo nivel de ejecución» que se observó en el conjunto del país.

De hecho, el sistema de ayuda a desempleados, diseñado por el Gobierno del Partido Popular, dejó sin gastar en el conjunto de España dos tercios del dinero asignado al PAE. De los 128,88 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a ese programa en el ejercicio 2015 se ejecutaron tan sólo el 34,12%. Se gastaron 43,9 millones de euros; se dejaron de gastar, por tanto, 84,9 millones de euros.

Sin embargo, todos los territorios de España sufrieron ese ajuste temporal al que alude el Tribunal de Cuentas, pero no todos tuvieron el mismo comportamiento. Así, comunidades como la cántabra o la navarra sí consiguieron comprometer el 100% de las subvenciones. Al igual que Canarias, que ejecutó el 98,6% de los 11 millones asignados, o Cataluña, que logró gastar el 95,14% de los 9,8 millones que le correspondieron en 2015.

Del año 2016 no hay datos, ya que, como señala el informe, el Tribunal de Cuentas «no ha podido efectuar el seguimiento y valoración» debido a que la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales «no fijó criterios específicos para la distribución de fondos para la ejecución» de este programa.

Para el Tribunal de Cuentas otro de los motivos que puede explicar la «baja ejecución» del programa en España y en Castilla y León, en concreto, fue la «desacertada estimación» de cuántos podrían ser los potenciales beneficiarios del programa.

Hay que recordar que iba dirigido a los parados de larga duración, en situación de difícil empleabilidad y con especial necesidad de protección por soportar cargas familiares, que carecieran de rentas y hubieran agotado desde hacía, al menos, seis meses todas las posibilidades que le ofrecía el sistema de protección. Es decir, haber agotado la RAI, el PRODI, el Prepara, y carecer del derecho a una prestación contributiva o asistencial por desempleo.

Se estimó que en la Comunidad 18.398 personas podrían acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos y, por tanto, beneficiarse del programa. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Aquella estimación quedó muy lejos de los 3.371 beneficiarios reales que tuvo el PAE de forma inicial. Sólo accedieron a él, por tanto, el 18,32% de los previstos. Fueron, sin duda, las mujeres las mayores beneficiarias. Los datos prueban que que el 64% de los participantes tenía nombre de mujer en Castilla y León, unas décimas incluso por encima del promedio nacional.

Algo mayor atino tuvieron las previsiones iniciales a nivel nacional. Se beneficiaron 107.892 españoles de los 403.795 estimados, lo que supone un 26,7%.

El informe también se detiene a evaluar los resultados hasta el mes de marzo de 2016 y 2017. Pone de relieve que a nivel autonómico, un 19,45% (en números absolutos 606 personas) y un 22,36% (986 en total) de los beneficiaros del PAE, respectivamente,había encontrado un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Castilla y León figuraba, de esta forma, en la mitad de la tabla por su grado de colocación.

Cosa distinta es saber qué ocurrió con estos trabajadores cuando finalizaron la ayuda. Únicamente un 1,7% conservaba el empleo a marzo de 2016 y un 1,88% hasta marzo de 2017. Los desempleados a los que se les denegó el acceso al PAE tuvieron más contrataciones y trabajaron por término medio más días.