Los deudores concursados caen un 23,8% en el tercer trimestre, cinco veces más que la media nacional
Esta caída sitúa a Castilla y León en el quinto lugar del ránking autonómico, por detrás de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia
Los deudores concursados disminuyeron un 23,8 por ciento en el tercer trimestre del año en Castilla y León en relación al periodo entre julio y septiembre, casi cinco veces más que la media nacional, que lo hizo en un cinco por ciento. En concreto, la Comunidad cerró 51 procesos, mientras que en España fueron 1.079, según los datos provisionales de la Estadística del Procedimiento Concursal, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Ical.
Esta caída sitúa a Castilla y León en el quinto lugar del ránking autonómico, por detrás de Extremadura, que con un descenso del 69,2 por ciento lidera esta bajada, aunque con solo cuatro deudores concursados; Castilla-La Mancha, con un 50 por ciento menos (25 deudores); Andalucía, con un 28 por ciento de caída (85) y Galicia, con un 27,9 por ciento menos (44 deudores).
En el extremo contrario, el número de deudores concursados aumentó en cinco comunidades. Así, lo hizo un 88,9 por ciento en Asturias (34); Cantabria, un 28,6 por ciento (9); Cataluña, un 16,2 por ciento (302); Madrid, un 15,9 (182); y Murcia, un 10,3 por ciento (32), según informa la agencia Ical.
Por provincias, la que mayores deudores concursados acumuló fue Valladolid, con 18, y un incremento del 20 por ciento. También crecieron en Soria, un 50 por ciento, al pasar de dos a tres; y en León, un 66,6 por ciento, de seis a diez. Por su parte, bajaron en Burgos, un 40 por ciento, hasta totalizar seis, de siete a dos en Palencia (un 71,4 por ciento); de nueve a siete en Salamanca (un 22,2); de cinco a dos en Segovia (un 60 por ciento); y de siete a dos en Zamora (un 71,4 por ciento). En Ávila se mantuvo en un deudor concursal, igual que en el tercer trimestre de 2017.
En función del tipo de concurso, la gran mayoría fueron voluntarios (47), frente a cuatro necesarios. Mientras, cinco se resolvieron mediante procedimiento ordinario y los otros 46, a través del abreviado. De los 51 deudores concursados, 21 eran personas físicas sin actividad empresarial, mientras que los restantes eran empresas (22 sociedades limitadas, dos sociedades anónimas y seis personas físicas).
En cuanto a la actividad económica principal de empresas concursadas en Castilla y León, cuatro se dedicaban a la construcción; cuatro al comercio al por mayor, y otras tres al comercio al por mayor de vehículos; dos al transporte; dos a inmobiliarias financieras y seguros; dos a actividades profesionales y dos a actividades administrativas y servicios auxiliares. También una empresa concursada en industria; otra a hostelería y cuatro al resto de servicios así como cinco que están sin clasificar.
Por lo que respecta al número de trabajadores en nómina, las empresas más afectadas por estos procedimientos fueron las compañías con ningún empleado u autónomos, con ocho casos, seguido de los cinco con entre uno y dos asalariados y otros tanto entre las compañías con entre tres y cinco trabajadores.