Castilla y León registra la menor tasa de violencia de género del país

Una ojeada a los datos estadísticos del Observatorio del Poder Judicial, correspondientes al segundo trimestre de 2018, colocan de nuevo a Castilla y León sobre el papel a la cola de España en casos de violencia de género. La Comunidad registró de abril a junio de este año 10,25 casos de violencia de género por cada 100.000 mujeres.

Castilla y León, con ese dato, desbanca del primer puesto a Galicia al que se aupó entre enero y marzo, y se aleja, por décimas, de la media del país. Y es que la tasa de incidencia autonómica fue 6,6 puntos inferior a la registrada a nivel nacional, si bien experimentó un mínimo incremento sobre la anotada en el primer semestre (9,82%). Le siguió, por este orden Extremadura (11,01) y Galicia, con 11,50 por cada 10.000 mujeres.

Estos datos son el resultado de que menos mujeres formalizaran una denuncia por haber sido objeto de violencia de género y, en consecuencia, redujeran el número de denuncias absoluto.

En concreto, 1.253 mujeres castellanas y leonesas declararon haber sido objeto de violencia de género en esos tres meses. Esta cifra representa un descenso del 5,6% sobre los datos del pasado año, y pone a Castilla y León como la tercera autonomía con una mayor caída en el número de denunciantes.

Una simple división muestra que 14 mujeres al día se vieron obligadas en la Comunidad a denunciar a sus parejas o ex parejas por algún tipo de abuso. Algunas incluso tuvieron que denunciar esa situación en más de una ocasión.

En total, y siempre según los datos hechos públicos, presentaron 1.303 denuncias en los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer durante el segundo trimestre de 2018.

Fueron 86 menos que el trimestre anterior, lo que equivale a un descenso del 6,2%. Se convertía así en la quinta autonomía con una mayor disminución en el número de denuncias. En el conjunto nacional la caída fue del 1,4%.

Aunque a nivel nacional el Consejo General del Poder Judicial destaca el incremento de denuncias presentadas por familiares de las víctimas, en Castilla y León se dio la circunstancia de que ningún miembro de la familia de la mujer presentó de forma directa una denuncia y sólo 29 lo hicieron ante la policía.

De las 1.303 denuncias del segundo trimestre de este año en Castilla y León, el 93% –en números redondos 1.213– se iniciaron a partir de un atestado policial, en 51 casos se inició después de que los juzgados recibieran un parte de lesiones, 33 de ellas fueron presentadas directamente por las víctimas en los juzgados, y en seis ocasiones tras la asistencia de terceros.

La estadística, facilitada ayer por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género, evidencia así menor número de denuncias, de denunciantes, mayor número de enjuiciamientos, sí, pero también menor volumen de condenas penales en la Comunidad, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde sí sufren un incremento.

Los juzgados de violencia de género de Castilla y León condenaron entre abril y mayo de este año a un total de 136 personas –la inmensa mayoría de nacionalidad española–, a los que añadir los 199 que fueron sentenciados por los juzgados de los penal en materia de violencia de género. Eso significa que 350 hombres fueron acusados en el segundo trimestre por haber cometido algún acto de violencia contra mujeres.

Esta cifra supone un descenso del 4,2% en relación a la que se registró en el mismo periodo del pasado año. Este hecho contrasta con lo que sucedió a nivel nacional, donde, según los datos del CGPJ; se dictó condena sobre 9.149 hombres, un 1,2% más que en el segundo trimestre del pasado año.

En esa misma línea de caídas estadísticas, el número de órdenes de protección iniciadas por los juzgados de violencia experimentaron en la Comunidad un descenso del 13% sobre los datos de un año antes. La cifra pasó de 423 a 368 entre abril y junio de 2018. El recorte fue en Castilla y León mucho más acusado que en el conjunto del país, donde se contrajeron un 3,4%.

Todas las peticiones se admitieron, si bien el porcentaje de órdenes de protección que al final se adoptaron se rebajó en cuatro puntos, creciendo, por contra, un 6,7% aquellas que fueron denegadas por los jueces. Aún así el 74% de las órdenes de protección solicitadas fueron concedidas en Castilla y León.

Ángeles Carmona

Para la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, el mensaje que hay que trasladar a la ciudadanía es que «pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona». Al mismo tiempo, volvió a apelar al «esfuerzo y a la generosidad» de todos los estamentos sociales y políticos para que puedan ser visibles muy pronto los efectos beneficiosos del Pacto de Estado, informa Ical.

En este sentido, afirmó que «las víctimas de violencia de género se merecen la unidad de todos en la respuesta frente a un fenómeno que tiñe de sangre nuestra convivencia ciudadana», a la vez que pide a las víctimas que sigan confiando en las instituciones del Estado.

Formación a los letrados en atención a las víctimas

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl) impartirá este mes cursos sobre violencia de género en los nueve colegios de la Comunidad para que los letrados dispongan de formación con la que prestar una atención especializada en los turnos de oficio a las víctimas de violencia machista. Los cursos se impartirán por personal especializado en esta materia procedentes de distintas áreas, desde magistrados y fiscales de las audiencias provinciales, pasando por psicólogos especializados y forenses del Institutito de Medicina Legal, hasta jueces de violencia de género o letrados de la Administración de Justicia. La formación no solo está destinada a los nuevos colegiados, sino también al millar de abogados de la Comunidad que llevan años inscritos en el turno de oficio. «Los abogados están muy involucrados con esta lacra social» y por eso se les quiere facilitar la formación «más adecuada» para que atiendan «con profesionalidad» los turnos de violencia de género y agresiones sexuales en sus colegios, explicó el presidente del Cracyl, Julio Sanz, a través de un comunicado recogido por Ical. «Aunque pueda parecer que para un abogado sólo es interesante conocer el contenido jurídico de este turno, nuestra labor va más allá», declaró la encargada del diseño de los cursos, Rosa Gil, quien puntualizó que por ese motivo se ha invitado a otros operadores para que hablen sobre la mejor manera de actuar con la víctima y la empatía que hay que generar hacia ella.