El PP amplía a 4 años el plazo para que una cámara en pérdidas salga de la crisis

Como era de esperar el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes regionales no ha querido presentar enmiendas de calado a la nueva ley de Cámaras de Castilla y León. Sus siete enmiendas, la mayoría técnicas, no añaden nada nuevo al principal escollo planteado por el resto de grupos parlamentarios: la financiación de las catorce corporaciones de derecho público.

El cambio más importante que propone el PP al proyecto de la Junta de Castilla y León en su trámite de enmiendas, es la ampliación de dos a cuatro años para que una cámara que registre dos ejercicios en números rojos corrija su «desequilibrio».

Esta enmienda saldrá adelante porque también lo han planteado así el PSOE y Ciudadanos, aunque el Grupo Socialista va más al fondo y propone que para determinar esos dos ejercicios contables consecutivos no se tengan en cuenta las amortizaciones de las inversiones que llevarían a su extinción para no penalizar a las cámaras más inversoras.

PLAN DE VIABILIDAD

El proyecto de ley establece que «cuando una Cámara incurra en resultados negativos de explotación en dos ejercicios consecutivos deberá ponerlo en conocimiento de la Administración tutelante en un plazo máximo de un mes desde que se conociera esta situación».

Pero esa comunicación debe ir acompañada de un plan de viabilidad, auditado y aprobado por el pleno, «en el que se describan las actuaciones que se llevarán a cabo para la corrección del desequilibrios y el plazo que se considere necesario para ello que, en ningún caso, será superior a dos ejercicios contables». Este plazo se duplica ahora y será de cuatro años como máximo.

El ponente del Grupo Popular en la ley de Cámaras, Salvador Cruz, reconoce que ésta es su enmienda «de mayor calado». Asume, «como ha manifestado la consejera de Economía», que habrá financiación para las cámaras, pero considera que una ley no tiene por qué precisar cómo debe ser la financiación porque, «si cambiara el criterio habría que modificarla». Pone como ejemplo la normativa sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, que no precisa cuantías concretas.

No obstante, Cruz prefiere no adelantar más la posición definitiva que su grupo adoptará en el trámite de ponencia, porque confía en que la ley salga por unanimidad «ya que nadie ha presentado enmienda a la totalidad». Y por eso es contundente a la hora de anticipar su voluntad de consenso: «Vamos a intentar sacar la ley con el máximo consenso», declaró a EL MUNDO.

El Grupo Popular ha planteado también cambiar el título de la ley porque no solo regulará «las cámaras de comercio, industria y servicios», sino también «el Consejo de Cámaras de Castilla y León». «Por un principio de coherencia y operatividad», según consta en la enmienda.

Para evitar malentendidos, el PP asume que Cecale decidirá y no solo propondrá quiénes serán los cuatro vocales representantes de empresas y personas de reconocido prestigio que formarán parte de Consejo regional y que se suman a los catorce presidentes y a los nueve de las grandes empresas en el futuro Consejo regional.

GRANDES EMPRESAS

Las enmiendas del PP obligarán a la Dirección General del Consejo Regional de Cámaras a proponer un mes antes de la constitución del Consejo a los nueve representantes de las grandes empresas.

El PP también retira a la Junta la potestad de aprobar las bases y condiciones de la convocatoria pública para contratar al secretario general de cada cámara para que esta competencia la asuma en exclusiva el Consejo regional.