LEÓN
Suspenden ‘sine die’ el juicio contra Victorino Alonso por el Feixolín
El abogado del empresario minero alega que no se le dio traslado de los escritos de acusación por supuestos delitos contra los recursos naturales

Imagen de la sala antes de que se decretara la suspensión-E. P.
La Audiencia Provincial de León ha suspendido ‘sine die’ el juicio previsto para ayer contra la empresa Coto Minero Cantábrico (CMC), sucesora de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), al alegar el abogado de la empresa que no se le dio traslado de los escritos de acusación para poder preparar la defensa.
De esta forma, la vista en la que se iban a sentar en el banquillo de los acusados el empresario minero, Victorino Alonso; el jefe de la explotación minera de cielo abierto ‘Feixolín’ de Villablino (León), José Tascón, y el entonces alcalde de la villa, Guillermo Murias, por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, se retrasará varias semanas al admitir la Audiencia a trámite dicha reclamación. Según ha explicado el magistrado de la Audiencia Provincial de León, Teodoro González, en declaraciones recogidas por Europa Press, «se decidirá si hay que dar traslado o no a la empresa de dicho escritos para decidir si la causa vuelve al Juzgado de Instrucción de Villablino para que le dé copia de los escritos de acusación y presente el suyo de defensa».
El proceso judicial, denunciado hace 17 años por Antonio Arias, propietario de unos terrenos colindantes a la del ‘Feixolín’ que fueron dañados, investiga unos hechos acaecidos hace de 1994 cuando comenzó a levantarse la explotación, que, según la fiscalía, desarrolló su actividad ente 1995 y 2008 sobre 210 hectáreas «de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal, sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental».
El abogado de CMC, César Garnedo, ha asegurado que este trámite «era una cuestión necesaria y de orden público», ya que considera que «en una parte de las acusaciones aparece como responsable civil solidario y no se ha dado traslado de los escritos para presentar el de defensa». Además, ha indicado que algunas de las reclamaciones de la acusación son «inexplicables» porque las declaraciones ambientales que citan «estaban en vigor cuando se produjeron los hechos».