El obispo encubre a quienes supieron y callaron los abusos del cura pederasta

José Manuel Ramos Gordón dejó a su paso por el Seminario Menor de La Bañeza y por el colegio JuanXXIII de Puebla de Sanabria un reguero de niños (hoy adultos) marcados por los tocamientos del expárroco de Tábara, que aparecía en los dormitorios de los menores cuando las luces se apagaban.

El cura pederasta actuaba solo, en silencio y amparado por la oscuridad. El grito de un niño debería hacerse notar, sin embargo esa llamada de socorro no obtuvo respuesta, ni siquiera apenas eco durante casi 30 años, un llanto guardado durante casi tres décadas en algún cajón de la Diócesis de Astorga. La Iglesia lo sabía y no actuó; así lo entienden las víctimas de Ramos Gordón, a los que el castigo de una década fuera de la diócesis les parece una broma de mal gusto, más cuando en este proceso canónico (abierto de manera excepcional al haber prescrito el delito tanto canónica como judicialmente) han salido impunes las personas que guardaron silencio.

La decisión de no abrir una investigación desde el Obispado a los sacerdotes que negaron auxilio a los menores o que guardaron silencio y pasividad ante los abusos sexuales de Ramos Gordón cae en saco amargo, a pesar de que el obispo de Astorga,Juan Antonio Menéndez, ya avisó de que así sería tras la reunión que mantuvo en marzo del 2017 con cinco exseminaristas de La Bañeza. No ha habido persecución de los encubridores, a pesar de contar con nombres y apellidos de algunos de ellos.

En la carta enviada al Papa Francisco con la que el exseminarista F.L. destapaba el primer caso de pederastia reconocido enCastilla y León, contó cómo su hermano gemelo y otra víctima de Ramos Gordón recibieron la callada por respuesta. El primero en recibir la llamada de socorro fue al rector del Seminario Menor de La Bañeza Gregorio Rodríguez, ya fallecido. «Recibimos como respuesta un silencio sepulcral. Llevaba 25 años en el cargo y eso mancharía su currículum», explica F.L.

Sin poder moverse de la casilla de salida, lanzaron una nueva señal de auxilio a un tutor del seminario, Javier Redondo de Paz. «Dijo que lo dejáramos en sus manos, pero no hizo nada. Creo que a él le pararon los pies», estima el denunciante, que asegura que incluso el antiguo obispo de la Diócesis de Astorga, Antonio Briva, era conocedor de lo que ocurría en el seminario SanJosé de La Bañeza.

La Diócesis no sólo no ha abierto diligencias contra las personas que conocían el caso de Ramos Gordón, sino que en el caso de Francisco Javier Redondo fue nombrado en febrero del año pasado vicario episcopal de Ponferrada y del sector de Pastoral Social.

Las visitas nocturnas de Ramos Gordón eran vox pópuli entre los alumnos, que entienden como imposible que los religiosos del seminario y del colegio no vieran lo que todos sabían. La época y la férrea disciplina (ligada en ocasiones al castigo físico) en los centros educativos o la vergüenza disuadía a los niños, que no encontraban más salida que tragar bilis y sobrevivir al infierno en vida en el que convertía su día a día. Si alguien informaba de lo sucedido recibía un castigo o algo más doloroso: el silencio.

El desconocimiento de este caso de pederastia (que se alargó durante las décadas de los 70, 80 y 90) por parte de la Iglesia se antoja como ciencia ficción para F.L., que remarca que en el proceso de su caso fueron once sacerdotes a declarar. El exseminarista explica cómo cuatro años y medio después de salir del seminario mayor de Astorga (donde fue después de dos años y medio en La Bañezs, mientras Ramos Gordón continuó un año más campando por las habitaciones) contó todo lo ocurrido a su familia. «Mi padre fue a hablar con ciertos sacerdotes que llevaban años sin estar en los seminarios y les reconocieron que sabían por lo que habían pasado sus hijos, pero que había que perdonar. ¿Cómo es posible que lo sepa el cura de una aldea perdida y no dentro del seminario», se pregunta retóricamente.

José Manuel Ramos Gordón pasó de abusar de menores en Puebla de Sanabria entre el 1983 y el 1987 a hacerlo en el seminario menor de La Bañeza, a finales de la década, un camino en el que se antoja complicado pensar que no dejó pistas de su pedofilia, un rastro que comenzó a dibujarse en Sanabria, donde un zamorano de 48 años, H.H. se animó a anunciar que el de F.L. no era un caso aislado. Un año de retiro por los abusos de La Bañeza y diez retirado de la diócesis de Astorga y con la privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal (a un cura que se jubiló de todos los cargos en agosto de 2016) por el caso de Sanabria. Pena insuficiente para los exseminaristas de La Bañeza, que pidieron el martes la excomunión del párroco y responsabilidades para aquellos que teniendo el «deber de hacer algo no lo hicieron». Tampoco ha quedado hueco para el resarcimiento económico a las víctimas, como informó JuanAntonio Menéndez, a pesar de que, como adelantó EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN el 18 de junio, el Obispado ofreció 50.000 euros a F.L. para enterrar el escándalo.

Para las víctimas, el silencio también es un delito. «Ese señor no hubiera abusado si no le hubieran dejado. Es más culpable el que calla que el que lo hace. La Iglesia lo tapa, está haciendo marketing», denuncia F.L,

Esta visión la comparte Emiliano Álvarez, que también denunció abusos a manos de Ángel Sánchez Cao (actual párroco de la localidad orensana de El Barco de Valdeorras) cuando tenía diez años durante los dos cursos y medio (del 76 al 78) que pasó en el seminario Menor de La Bañeza. «El obispo es el más culpable de todo esto. El que lo conoce, lo calla y los acoge no tiene perdón», entiende el exseminarista. Aunque su caso es el único denunciado ante elVaticano, Álvarez reconoce que no fue una rara avis en su promoción. «En mi último año éramos 60 en mi habitación y se sabía que había abusado 14. Aquello era un ambiente de terror y silencio», recuerda el denunciante, que lamenta que si la Iglesia hubiera atajado estos temas se podría haber evitado muchos casos como el suyo.