Los opositores de servicios aprobados exigen que no se repita el examen

Aurora lleva un año y medio preparando las oposiciones para personal de servicio, y es una de las decenas de opositoras que quieren paralizar la anulación del examen por parte de la Junta de Castilla y León porque considera que algunas preguntas del concurso, celebrado el 3 de junio, «no se ajustaban a los temas de la convocatoria».

Rocío, de Zamora, tiene dos hijos y ahora está en el paro porque un opositor pidió la plaza que ocupaba como interina. Marta rechazó una oferta laboral para poder dedicar todo su tiempo a estudiar y ahora siente que les han «tomado el pelo». «¿Quién me paga a mi eso?», se pregunta Marta.

«Es incomprensible. Psicológicamente te hunden», afirma Aurora, que viene desde Salamanca hasta Valladolid para solicitar a la Junta que se publique la lista de aprobados y se facilite la resolución que justifica la anulación del examen. Y no es la única. A Aurora, Rocío y Marta les acompañan M. C. (Palencia), David y P. P. (Valladolid) y varios opositores más que han podido acercarse a Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Muchos de los presentes consideran que están «muy tocados» y que si repitieran el examen no habría igualdad de condiciones por el perjuicio «moral y psicológico» que tiene esta decisión. Mientras tanto, una sola idea persiste entre los opositores que creen haber aprobado, puesto que las listas no han salido pero la Junta sí publicó la plantilla con las respuestas: «Solo queremos que nos den lo nuestro».

A cuentagotas y gracias al boca a boca, el grupo de Whatsapp a través del que trabaja el colectivo suma afectados hora tras hora. «No vamos a parar hasta que continúe el proceso», anuncia M. C..

Los opositores ya se han puesto en contacto con varios abogados, pero les han advertido que necesitan la resolución completa de la Junta para saber exactamente a qué preguntas se refirió el pasado jueves el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago–Juárez, cuando dijo que 13 preguntas de las 40 que componen la parte práctica del examen eran en realidad sobre cuestiones teóricas e incurrían, por lo tanto, en una «discrepancia».

Los opositores aprobados disienten y, Bocyl en mano, mantienen que las preguntas de la parte práctica del examen deben ser relativas «a la materia específica del programa», mientras que en la parte teórica, «el cuestionario estará formado por preguntas relativas a la materia común».

«Las preguntas aluden a una ley en concreto porque tiene que centrarse en una normativa, pero son prácticas», señalan a este diario. Estos opositores sí ven la importancia de conocer la composición de algunas prendas que se van a lavar o la composición química con la que se debe limpiar el suelo.

Ellos sí ven el contenido práctico y no se explican que el vicepresidente y máximo responsable de la Función Pública haga estas declaraciones. Para los opositores aprobados «es indignante» y creen que ha «primado» la «presión» de los sindicatos para la anulación del examen, mientras que a ellos les dan «de lado».

Incluidas en el temario

Además, tampoco comprenden por qué si la propia Junta de Castilla y León afirma que todas las preguntas «estaban incluidas en el temario fuera de toda duda» ha decidido anular el examen y repetirlo antes de que finalice octubre.

«No sabemos cuáles son las preguntas que se han recurrido ni en qué se basan para decir que no se han cumplido con las bases de la convocatoria», explica Aurora.

Ella solo es una de las opositoras que ha sacrificado su vida personal para estudiar y aprobar el examen. M. J. asegura que no ha tenido «vida» desde que comenzó a estudiar, y sus gafas de sol no esconden las lágrimas de rabia y frustración que corren por sus mejillas. Su voz, rota por la mezcla de sentimientos, solo dice: «Me siento fatal».

La tristeza y la ansiedad rodean al grupo de opositores, de todas las edades. «No tiene sentido», explica P. P., que ha estado trabajando de noche y estudiando por el día durante meses. «Cenaba en el coche», exclama la vallisoletana.

M. D. asegura que ha estado «enclaustrada» y con unos auriculares, escuchaba el temario incluso mientras cosía o cuando iba al trabajo. Incluso necesitó tomar una medicación «para poder entrar y hacer el examen». Y ahora, después del estrés que conlleva una oposición, siente que les han tratado «como animales». «Nos sentimos impotentes de ver que todas las puertas se cierran», expresa esta mujer, también vallisoletana.

Ella no es la única que afirma sufrir un perjuicio moral y psicológico. Otro de los opositores, I. G. C., ahora dice que no puede dormir y que está siempre nervioso. A lo que sí están dispuestos estos castellanos y leoneses es a «llegar hasta el final». «Reclamamos lo que nos pertenece, nuestras notas», explica David, que tiene 24 años. «Tenemos derecho a reclamar, y lo tendríamos aunque fuéramos dos», mantiene este opositor.

El colectivo no comparte la posición del vicepresidente, que quitó hierro al asunto: «Flaco favor les haríamos tirando por la vía fácil que es, corríjase, aprueban 40 y se quedan 340 plazas sin cubrir. Porque está claro que esos recursos los ganan los tribunales». Los opositores insisten en que en una nueva prueba no habría «igualdad de oportunidades» porque ahora están «vulnerables». Además, temen que esto pueda suponer un precedente. «¿Quién se puede fiar de ellos?», se preguntan.