Los municipios recuperan sus cuentas pero las inversiones se desploman con la crisis

La despoblación galopante de los municipios de Castilla y León y la crisis económica marcada por la política de contención de la deuda han provocado cambios importantes en las vías de ingresos y en las políticas de gastos de los ayuntamientos. La principal conclusión de sus políticas de gasto es el desplome de las inversiones, mientras que los gastos corrientes de funcionamiento y los de personal se han mantenido más o menos constantes en términos globales.

Las inversiones reales representan ahora el 12.8% del presupuesto, cuando en 2006 equivalía al 27,3%. La exigencia de estabilidad presupuestaria y la obligación de reducir la deuda «ha limitado el margen de actuación de las corporaciones locales en cuanto a las inversiones».

«Aunque las cifras de los presupuesto municipales comienzan a recuperar los niveles de mediados de la década pasada, sin embargo, la composición de dichos ingresos se ha transformado sustancialmente», señala el profesor de la Universidad de Valladolid, Ignacio Molina, en su estudio sobre Despoblación, Planta Municipal y Financiación de los Ayuntamientos. Al respecto, constata que se han reducido las transferencias de capital y han aumentado los derechos reconocidos por la vía de más impuestos directos y la subida de tasas y precios públicos.

Por el contrario, su análisis le lleva a concluir que los ayuntamientos han consolidado los gastos fijos, «mientras se han reducido drásticamente las inversiones reales». Constata, además, que durante la crisis han permanecido estables los gastos para el mantenimiento del gobierno municipal y de sus estructura, pero se han reducido las partidas destinadas a bienestar social, promoción económica y servicios sociales.

El estudio constata tres etapas entre 2006 y 2016. Una primera, hasta 2009, de crecimiento muy fuerte de los presupuestos, que pasan de 2.260 millones a 3.013, «la cifra más alta de presupuestos municipales de la historia de Castilla y León». Entre 2009 y 2012 se aprecia un «descenso drástico», «coincidente con los años más duros de la crisis económica». A partir de 2014, se estabilizan las cuentas y el crecimiento del PIB no se traslada a las cuentas municipales. Los Ayuntamientos no se benefician de la recuperación y cada vez se aprecia más una diferencia entre la evolución de la economía y los presupuestos.

Llama la atención que en los primeros años de la crisis el gasto real es notablemente menor al previsto. Sobre todo, al fallar la previsón de ingresos en el impuesto de construcción o en la venta de terrenos. El cumplimiento de los objetivos de estabilidad penaliza a los ayuntamientos. «Desde 2009, la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado se reduce drásticamente, no superando en ningún año los -200 millones de diferencia». El año 2014, con el plan de Pago a Proveedores, se elevan los ingresos y supone una excepción a la regla.

Los presupuestos municipales son los más castigados desde el inicio de la crisis. Administración autonómica y central registran subidas del entorno del 10% y del 50% entre 2006 y 2016, siendo ambas privilegiadas a la hora de establecer su margen de déficit y deuda. Los ayuntamientos recortan un 2,7%. De ahí que las entidades locales han tenido «una importancia minoritaria» en el conjunto de la deuda.

Para Ignacio Molina, «desde 2012 los municipios de Castilla y León están ligeramente infrafinanciados respecto al promedio español. Por una razón: «Mientras en Castilla y León no se ha recuperado la cuantía presupuestaria de 2006, en el total nacional sí se ha superado desde 2014», concluye.

EL IBI COMPENSA LA CAÍDA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN

Ignacio Molina constata varios procesos que sintetizan los cambios provocados en los ingresos de los ayuntamientos entre 2006 y 2016:un aumento sostenido de la recaudación global de impuestos y tasas, una oscilación casi permanente de las transferencias corrientes y de capital con un recorte de las de la Junta y el impacto de la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria al reducirse del 10% al 2% la recaudación por el impuesto de construcción (ICIO) y los ingresos por venta de suelo público. Esta reducción de ingresos fue compensada por una subida del IBI. «Los ingresos por IBI en los ayuntamientos de Castilla y León crecen de manera continuada en el periodo analizado», desde 364 millones de euros a 672; es decir, un 84% en apenas once años. Al aumento del parque inmobiliario y a la revisión de los valores catastrales se añade, recuerda el profesor de la UVA, el decreto de 2011 que incrementó los porcentajes a pagar. Destaca Ignacio Molina cómo la Junta transfirió en 2009 casi 400 millones a los ayuntamientos y desde 2012 no superó los 150 millones de euros, «caída que repercute de forma directa en el estancamiento de la recaudación municipal desde 2013».