Diario de Valladolid

El desmantelamiento de Garoña arranca con la retirada de las barras de uranio

Nuclenor confirmó al Ayuntamiento de Valle de Tobalina que empezará a desmontar la central en 2019 / «No hay suficientes contenedores» para sacar el combustible de la piscina de la nuclear según los trabajadores

En el fondo de la piscina de la central de Garoña, junto al reactor nuclear, se aprecian los cientos de barras de uranio ya gastado.-ISRAEL L. MURILLO

En el fondo de la piscina de la central de Garoña, junto al reactor nuclear, se aprecian los cientos de barras de uranio ya gastado.-ISRAEL L. MURILLO

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M. Martínez / Burgos
Valladolid

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El desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña se iniciará en el segundo semestre de 2019, según la previsión que maneja Nuclenor y que ha comunicado ya al Ayuntamiento de Valle de Tobalina y otros municipios de la zona de influencia de la central nuclear.

Una labor, que, en realidad, será de predesmantelamiento de la central que comenzará con la progresiva retirada de las barras de combustible nuclear almacenadas en la piscina del complejo burgalés para empezar alojarlas en un depósito de seguridad temporal a partir de la segunda mitad de 2019.

Fecha que, como afirmaron también miembros del comité de empresa de la central, «Nuclenor ya nos avanzó a la plantilla a principios de agosto, cuando nos confirmó que continuaba con el proceso de predesmantelado que inició en septiembre de 2017» tras anunciar en agosto de ese mismo año el Ministerio de Industria que no renovaba el permiso de explotación y actividad de Garoña solicitado por Nuclenor, según explicaba el secretario general de UGT y miembro del comité de empresa, Pedro San Millán.

Y es que, como recuerda este trabajador, en el interior de la central burgalesa se encuentran aún más de 2.500 barras de combustible nuclear de uranio que tendrán que ser retiradas y encapsuladas en contenedores aislantes especiales, los cuales a su vez deben guardarse en almacenes expresamente construidos para albergar este tipo de residuos. Todos ellos pasos previos al verdadero desmantelado físico de la central, «al que estaba previsto que le precedieran, al menos, tres años de preparativos y predesmontaje, que seguramente serán más», augura.

San Millán recuerda que tras conocer la denegación del permiso, se anunció el comienzo de un período de al menos esos tres años, en el que por un lado se reestructuraría la plantilla y por otro se trazarían al detalle los trabajos de vaciado y limpieza de todo el contenido de la central, para proceder después al verdadero desmantelado físico de Santa María de Garoña.

Faltan contenedores

Sin embargo, existen importantes obstáculos, «ya que si bien Nuclenor, debe garantizar la vigilancia y adecuada retirada de ese material tan sensible, necesita a su vez que se le proporcionen los recipientes y el almacén» donde guardarlos, y «Enresa no lo ha hecho aún», recalca.

El papel de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) es así esencial en este complicado proceso, pues llegado el inicio del predesmantelado efectivo, debería surtir a Nuclenor de los materiales necesarios para continuar: en concreto, los 45 contenedores especiales donde encerrar las 2.500 barras de combustible sumergidos en la piscina de Garoña, y tener concluido el Almacén Temporal Individualizado (ATI) construido junto a la central burgalesa, uno de los ‘albergues’ temporales que el Ministerio de Energía decidió crear en las cercanías de cada central a la espera del fin de la construcción del que será la ‘definitiva morada’ de este delicado material en territorio español, el Almacén Temporal Centralizado de residuos (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

«Y a día de hoy, si bien el ATI de Garoña sí está acabado, sólo se han fabricado cinco de los 45 contenedores que se necesitan para guardar el combustible, advierte, «a lo que se suma el almacén de Cañas, cuya construcción se encuentra muy, muy retrasada», argumenta.

Además, Ecologistas en Acción ya denunció este año que la retirada del uranio almacenado en Garoña tendrá un riesgo añadido por la rotura de varios elementos combustibles de la piscina.

El representante sindical considera que este primer proceso de predesmantelamiento «seguramente se extenderá en el tiempo mucho más de lo previsto porque falta lo básico, retrasando con ello el proceso de desmonte total de la central que tenía 2034 como fecha aproximada».

Ya en agosto de 2017, tras confirmarse la denegación de permiso de continuidad de actividad en Garoña, solicitado en 2014 por Nuclenor, Enresa informó del inicio de un proceso que se preveía largo en el tiempo, y en el que la titularidad exclusiva de Garoña seguiría siendo de Nuclenor. De ahí la obligación de realizar determinadas tareas previas, que pasaban así por acondicionar los residuos residuos operacionales, efectuar la descarga del combustible gastado de la piscina a los contenedores suministrados por Enresa para su disposición en el ATI de la central. Se trata de una tarea «delicada pero relativamente sencilla», porque se extraen con una grúa puente que ya está instalada y se depositan en un contenedor especial donde permanecerán hasta su traslado al almacén temporal centralizado (ATC) «cuando se encuentre disponible».

«La plantilla sigue realizando su trabajo con total normalidad»

De forma paralela al proceso de predesmantelamiento sigue «con total normalidad» la actividad de los 119 trabajadores que permanecen en Garoña, que consiste «en labores de burocracia y mantenimiento de la seguridad», a los que se suman poco más de un centenar de personas pertenecientes a empresa subisdiarias y vinculadas de forma secundaria al lugar.

Así lo explica el secretario de UGT y miembro del comité de empresa, Pedro San Millán, uno de los 119 trabajadores que tras el acuerdo alcanzado el pasado otoño con la empresa, continúan desarrollando su labor en Burgos. San Millán recuerda que hace ya un año, tras ser denegada desde el Gobierno Central la continuación de la actividad en Garoña a Nuclenor, comenzó entre ésta y la plantilla un proceso de negociación, cuyo resultado final fue la permanencia de 119 empleados para desarrollar dichas labores básicas, y la recolocación de cerca de otros 70 trabajadores.

«Todos ellos eran puestos concretos y acordes a su formación especializada, la cual han seguido realizando en las centrales de Valdellós, Ascó I y II (las tres en Tarragona), Cofrentes (Valencia), Almaraz (Cáceres) y Trillo (Guadalajara)”, detalla.

Recolocaciones que si bien supusieron que cerca de 70 empleados «continuaran con una vida laboral acorde a la labor desarrollada aquí durante años, también fue un momento muy duro al tener todos en Burgos su vida trazada y una familia ya asentada, que tuvieron que llevarse con ellos».

La central de Santa María de Garoña inició su actividad en 1971, llegando a generar más de un millar de puestos de trabajo directos, más de 400 peronas de forma directa al configurar la plantilla habitual y el resto indirectos.

Éstos últimos a través del más de medio centenar de empresas que de forma subsidiaria realizaban su actividad en el entorno de la central en forma de abastecimientos, atención a las comunicaciones, limpieza o labores de transporte de personal y material entre otras muchas áreas.

Grueso de trabajadores que se fue reduciendo durante los cuatro años previos a ese 2017, tras el anuncio en 2012 de Nuclenor de que la veterana central paralizaba su actividad. «4 años en los que hubo jubilaciones que ante la incertidumbre sobre el futuro de la central, no se cubrieron, marcando así los primeros de muchos cambios». 

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