Impulso al alquiler de vivienda entre los menores de 35 años con 29,5 M€

Ahora sí que sí. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez–Quiñones, firmó ayer el convenio entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León –del puño del ministro de Fomento, José Luis Ábalos– para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018–2021 por valor de 102 millones de euros.

Una de las principales novedades que incluye el convenio, al que ha tenido acceso EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, son las ayudas destinadas a los jóvenes. El Ministerio de Fomento aboga por las ayudas a los jóvenes, un sector que ha «sufrido con mayor intensidad el problema del paro y ha tenido y tiene mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo», justifica el Plan Estatal.

Estas ayudas pretenden ayudar a que los jóvenes se emancipen y formen «nuevos hogares» tanto si optan por el alquiler o por la compra del inmueble. Esta última opción solo estará disponible para los jóvenes que quieran vivir en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Por este motivo, el Ministerio costeará los 29,6 millones del programa para el periodo entre 2018 y 2020.

«Se han introducido una serie de mejoras que habíamos luchado desde Castilla y León sobre todo las que hacen referencia a la defensa del mantenimiento de la población en el medio rural», expuso Suárez-Quiñones al finalizar el acto en declaraciones recogidas por Ical.

Además, los programas de ayuda a alquiler y a los jóvenes de hasta 35 años establecen un límite de la renta máxima mensual de la vivienda arrendada que podrá aumentar hasta los 900 euros «en determinados municipios» no concretados en el Plan.

El otro programa más cuantioso es el de la ayuda al alquiler, que estará dotado con 29,6 procedentes del Ejecutivo estatal, exactamente como la línea específica para los jóvenes.

También recoge ayudas para la promoción de viviendas, ya sean públicas o privadas, destinadas al alquiler durante un plazo no inferior a 25 años. Estas viviendas no pueden alquilarse por encima de un nivel de renta y se destinarán a familias con ingresos limitados.

El convenio, que el pasado jueves aprobó el Consejo de Gobierno, está dotado con 102 millones de euros –77,9 millones aportados por el Estado y 24 financiados autonómicamente– para el periodo 2018-2020. Esta cuantía cuatrienal es un 26% superior a la que se fijó en el Plan Estatal de Vivienda de 2013–2016 (73,4 millones de euros) y la prórroga de 2017 (30 millones), como destacó Quiñones.

El convenio determina las cuantías fijadas para este ejercicio y los tres próximos: 24,8 millones para 2018 (18,9 millones del Estado y 5,9 de la Junta), 25,3 para 2019 (19,3 del Ministerio y seis millones de la Consejería), 25,6 millones de euros para 2020 (19,6 procedentes de la financiación estatal y seis de la autonómica), 26,03 para 2021 (20 millones del Ejecutivo central y 6,03 del Gobierno autonómico).

La Junta de Castilla y León quiere así «hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible en condiciones de igualdad para todos los castellanos y leoneses», según un comunicado remitido a los medios de comunicación.

«Se pretende también que el esfuerzo de las familias en el acceso a una vivienda no supere una tercera parte de sus ingresos», añade la Consejería antes de agregar otro objetivo del convenio: «la conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario mediante la actuación rehabilitadora».

Además, se incorporan nuevas líneas específicas de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, el fomento a la mejora energética y sostenibilidad en viviendas, el fomento de viviendas para personas mayores –aquellas que tengan más de 65 años– y personas con discapacidad.