«Regalo 50 minutos de trabajo al día»

Mec, meeeec. El sonido del portero automático anticipa un energético saludo: ¡Sari, buenos días! Arancha Pérez, trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, se cuela cada semana en la intimidad de seis casas de la ciudad. Barre, pasa la mopa, limpia el baño, hace la cama, a una mujer que vive sola la ducha, la viste y la peina, luego acompaña a otra al médico o al súper, después echa un cable a un matrimonio... y entre fregao y toque de plumero abrillanta también el semblante de los usuarios. Con un beso afectuoso o haciendo un poco el ganso para «sacarles una sonrisa». «A sus hijos a lo mejor les ven una vez a la semana;a ti todos los días y están deseando que entres por la puerta», cuenta.

Sobre el papel, su tarea consiste en realizar labores en casas de personas que, por su edad o estado de salud, no pueden valerse por sí mismas. En la práctica, sin embargo, su papel trasciende lo puramente doméstico en una tierra donde el envejecido devenir demográfico esconde largas soledades de puertas para adentro.

Esta auxiliar de 28 años trabaja una hora en cada domicilio, un lapso que se queda corto para atender tantísimas necesidades. «A los grandes dependientes, con mucha suerte, les conceden dos horas», explica. En otras ocasiones son los propios usuarios los que rehusan solicitar más tiempo. Y cita a «mujeres a la antigua usanza, que prefieren verse útiles que reconocer que necesitan más ayuda». «No hay que olvidar que son señoras que fregaron a cepillo y de rodillas».

Arancha nos habla de su «amor a los abuelos» de camino, entre casa y casa. Va con la lengua fuera para cumplir puntual con sus citas. «O vuelas o llegas tarde». Los trayectos y la acumulación de los retrasos al final de la jornada le suponen unos 50 minutos al día. Un tiempo por el que no cobra. «Cincuenta minutos que regalo cada día», puntualiza. «Y eso que me mudé a Pajarillos cuando me tocó esta zona», añade la vallisoletana.

Lograr que los traslados computen como jornada laboral es una de las reivindicaciones del sector, estos días movilizado para luchar por sus derechos laborales en la renovación del convenio.

Sale de casa antes de las 9 de la mañana y para cuando vuelve son más de las 14 horas. Cinco horas largas al día. Más de 25 a la semana. Esa realidad contrasta con lo que pone en su contrato:17,5 horas semanales, que es por lo que cotiza. Menos de media jornada. «El 47%», para ser exactos, figura en su vida laboral. Para aumentar un poco su nómina de jornada parcial, la empresa le asigna un puñado de horas extras.

Así, le pagan como extraordinarias unas horas que de extraordinarias tienen poco, porque las realiza por sistema. Unos meses son más, otros menos. La cantidad determina el importe final de la nómina. Por ejemplo, el mes pasado, los 538 euros que suele cobrar se convirtieron en 585 por ese tiempo extra. En enero, sin embargo, se quedó con 375 euros por contar con menos servicios.

En la Comunidad, la ayuda a domicilio la presta un batallón formado por 5.300 profesionales acreditados, ya sean formados en atención de servicios sociales o auxiliares de enfermería. El número de usuarios roza las 22.300 personas en las nueve provincias.

Las trabajadoras (en femenino plural, porque la gran mayoría son mujeres) reclaman también una subida salarial del 2% retroactiva, que se aplique desde enero de 2018, un incremento conforme al acuerdo nacional entre sindicatos y empresarios. «La patronal propone una subida del 1% y sólo a partir de junio», explica Carmen Ámez, secretaria de la Federación de Servicios Públicos de la UGT. El «hartazgo» de los trabajadores desembocó el pasado lunes en una jornada de huelga.

Sólo algunas entidades locales introducen en los pliegos de adjudicación del servicio el derecho de los profesionales a cobrar por los traslados de una casa a otra. Los trayectos son más prolongados en el medio rural y «algunas diputaciones reconocen la retribución del 75% de ese tiempo», explica Ámez. Pero la reivindicación del colectivo es computar la totalidad de ese tiempo, tanto en la ciudad como en los pueblos, una demanda a la que no accede la patronal, que propuso sumar nueve pírricos euros al mes por los traslados, según denuncia la responsable de UGT.

Como mucho, en algunas provincias se paga el combustible, a 19 céntimos por kilómetro recorrido. Es el caso de las personas que cubren el servicio para la Diputación de León, según cuenta Purificación, que lleva dos décadas recorriendo los domicilios de la provincia.

Confiesa que le gusta su trabajo. En especial, el trato con el usuario. «Te esperan como agua de mayo», cuenta. En la actualidad conduce cada día de Santovenia a Robledo de la Valdoncina. Los once kilómetros que separan ambos municipios, se los pagan. Pero los quince minutos que tarda en hacer el recorrido los pone ‘de su bolsillo’.

Su jornada es de 18 horas semanales y tiene asignados cuatro usuarios:tres que visita todos los días y otro al que atiende los lunes y los jueves. A los cerca de 500 euros de sueldo por su media jornada suma unos euros más por los cinco trienios de antigüedad que acumula. «Sólo algunas, muy pocas, tienen jornada completa», por la que cobran un sueldo base que ronda los 800 euros.

En Castilla y León es raro encontrar a empleados de ayuda a domicilio con jornada de 36 horas. En esto va por delante el Ayuntamiento de Burgos, que en el pliego de adjudicación del servicio introdujo como requisito que los trabajadores tuvieran derecho a ser contratados a jornada completa (salvo si optan por su derecho a reducirse la jornada, por cuidado de hijos, por ejemplo, pero siempre de forma voluntaria).

La precariedad de los contratos en un sector fuertemente feminizado agranda la brecha salarial de las mujeres. Y la perpetúa de cara al futuro, porque la parcialidad de las jornadas penalizará después las pensiones que cobrarán estas trabajadoras. «Las nuevas generaciones llegarán a los 70 años sin alcanzar los años cotizados para jubilarse», augura María, trabajadora en la provincia de Valladolid. Antes de dedicarse a la ayuda a domicilio, esta veterana profesional acumuló años de cotización en otros sectores, donde trabajó con jornadas completas. Aún no sabe cómo repercutirán estos últimos años en su pensión de jubilación, pero se implica en las reivindicaciones del sector por ella y por sus compañeras. Es su granito de arena para mejorar las condiciones de las más jóvenes, cuyas condiciones de trabajo ha visto empeorar en los últimos años.

Arancha confirma ese declive también en la ciudad de Valladolid, donde las nuevas contrataciones gozan de menos derechos que los compañeros empleados con convenios previos, a quienes, por ejemplo, se les asignan bolsas de horas que pueden compensar unas semanas u otras en función de la carga de trabajo.

Grado Superior en Servicios Socioculturales de la Comunidad, un curso del Inem especializó en ayuda a domicilio a esta joven vallisoletana que disfruta de su trabajo entre casa y casa del barrio de Pajarillos porque siente que los usuarios le devuelven tanto como lo que ella les da. En alguna ocasión, al entrar en una casa, se encuentra ya hecha alguna de las tareas que tiene asignadas. Así fuerzan que Arancha pueda sentarse unos minutos a conversar con ellos. Esa mínima labor –que para el usuario puede suponer un gran esfuerzo– la ven compensada con su compañía. «Gestos así te hacen sentir que el trabajo merece la pena», reflexiona luciendo una sonrisa limpia –como no podía ser de otra manera– como una patena.

VEINTE AÑOS DE TRABAJO, DIEZ DE COTIZACIÓN

El «privilegio» de tener un contrato por 24 horas semanales. María, nombre ficticio, lleva dos décadas trabajando como ayudante a domicilio en la provincia de Valladolid, pero para la Seguridad Social sólo computan diez años en su hoja de servicios. Y eso que es una «privilegiada» por tener un contrato de 24 horas semanales. Por esas horas, el sueldo ronda los 500 euros, aunque varía cada mes en función de los servicios prestados.

De los 600 auxiliares que prestan este servicio gestionado por la Diputación de Valladolid y adjudicado a una contrata, la mitad no llega a la media jornada. «Hay compañeras con diez o doce horas semanales», cuenta.

«Ysiguen contratando personal con la excusa de que es necesario porque los horarios coinciden», apunta esta vallisoletana disconforme con ese argumento.«Es la Diputación quien marca el horario de los usuarios», explica, considerando que los tiempos de atención en cada domicilio se podrían organizar de manera que los trabajadores vieran alargada su jornada laboral. Pero en lugar de agrupar horas para fraguar empleos de calidad, los profesionales se reparten contratos precarios.