Castilla y León recibe 62,3 millones al impulso de la Formación Profesional para el empleo

Castilla y León recibirá la cantidad de 62,3 millones de euros para desarrollar programas de Formación Profesional para el Empleo. Suponen justo la mitad del montante global que dispondrá la Comunidad –en total 124 millones de euros– para ejecutar a lo largo de este año sus políticas activas de empleo.

Así figura en la orden del Ministerio de Empleo, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se aprueba el reparto y distribución entre las distintas autonomías de un global de 2.054,8 millones de euros para que todas ellas emprendan políticas de empleo a lo largo de este año.

De forma desglosada, Castilla y León contará con 38,4 millones de euros para desarrollar iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. A esto se añaden otros 7,3 millones para poner en marcha iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas en este caso a los trabajadores ocupados, además de aproximadamente 1,3 millones de euros para acciones, también de formación profesional para el empleo, impartidas con carácter extraordinario.

Se completa este apartado con 15,3 millones de euros para ejecutar el programa de Talleres de Empleo, dirigido a que los trabajadores desempleados de 25 o más años participen en la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social, con un trabajo efectivo y a la vez reciban una formación profesional ocupacional relacionada con su trabajo, que procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral.

Otro 47% de la cantidad asignada a la Comunidad –58,6 millones de euros en total– servirán para que Castilla y León desarrolle políticas activas para el fomento del empleo. Así, según figura en la Orden publicada en el BOE, Castilla y León contará con 25,4 millones de euros para llevar a cabo iniciativas que sirvan para fomentar y sostener la contratación de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo.

Orientar y tratar de encontrar un empleo, a través de las agencias de colocación, a los desempleados de larga duración tendrá una aportación ministerial de 15,6 millones de euros. Algo más de siete millones de euros irán a parar a la flexibilización y recualificación de los profesionales.

Para prestar los servicios de información y orientación profesional a cualquier demandante sobre cuestiones de empleo, autoempleo y el emprendimiento destinan 6,6 millones de euros. Se completa con otros 1,6 millones dirigidas específicamente para promover el empleo autónomo, a lo que añadir dos millones dirigidas a las agencias de colocación.

Las cantidades asignadas se complementan con 3,6 millones para modernizar los servicios públicos de empleo de Castilla y León. En el anexo de la orden figuran, además, 67.377 euros para impulsar medidas que faciliten la inserción socio laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.

CUANTÍA GLOBAL

La cuantía global que le corresponde este año a Castilla y León para que materialice sus políticas de empleo supone un incremento del 11,2% sobre los 112 millones que le correspondió el pasado ejercicio en su distribución del mes de abril de 2017.

Se cumple de esta forma el acuerdo que se alcanzó en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, que se celebró el pasado 17 de abril bajo el mandato de la entonces ministra Fátima Báñez. En aquel momento el consejero de Empleo de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, valoró esos recursos adicionales de 12,6 millones de euros como «una cifra muy relevante» para facilitar la incorporación al mercado de trabajo.

La cantidad asignada a Castilla y León representa el 6% de los 2.054 millones de euros que reparte el Ministerio con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo para el conjunto del país. La Comunidad se sitúa como la séptima autonomía en cuanto a la aportación recibida, muy por detrás, eso sí, de los 346 millones que llegarán a Andalucía o los 270 millones de la Comunidad madrileña.

Tal y como explica el Ministerio en una nota de prensa, desde 2013 la distribución de fondos a las comunidades para la gestión de las políticas activas de empleo ha pasado de realizarse en función de las condiciones sociolaborales de cada región a vincularse plenamente al cumplimiento de los objetivos fijados anualmente en el marco de los Planes Anuales de Políticas de Empleo (PAPE).

La nota ministerial añade que el acuerdo, que cuenta con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, «adelanta sustancialmente» la distribución de fondos a las comunidades a la primera mitad del año para «facilitar el proceso para que puedan poner en marcha sus planes de empleo en políticas activas».