La Junta busca con una ley «la máxima participación» política de la sociedad civil

Paliar la desafección de los ciudadanos hacia la política, aumentar el protagonismo de la sociedad civil en las decisiones y poner al servicio de los políticos de la Administración autonómica «el enorme caudal de ideas, experiencias y conocimientos que la sociedad atesora» es el ambicioso objetivo sobre el papel del nuevo anteproyecto de ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa que lleva seis meses ‘cociendo’ la Consejería de la Presidencia y que aprobará el Consejo de Gobierno a mediados de julio.

El trámite aún será largo y seguramente la operatividad de la ley no se demuestre antes del fin de esta legislatura, pero la ambición de lograr «la máxima participación» de la sociedad civil de Castilla y León forma parte de los retos de una ley prometida por Juan Vicente Herrera en su programa de investidura como presidente.

«Un adecuado despliegue de la democracia participativa aumenta la estabilidad institucional», según la exposición de motivos, porque «refuerza la legitimidad y credibilidad de las decisiones políticas» y favorece la «eficacia y la eficiencia en la labor de los gobiernos».

El anteproyecto prevé tres ámbitos para «avanzar» en la «democracia participativa»: el diálogo civil, las iniciativas ciudadanas y las consultas populares distintas a los referéndums, aquellas en las que la Junta tiene competencias.

Si el anteproyecto se aprueba en los términos actuales, los ciudadanos podrán ampliar la posibilidad actual de implicarse en leyes a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a la elaboración de ley, reglamentos, planes, estrategias, programas y a la evaluación de políticas públicas.

La Junta pretende canalizar este diálogo a través de las organizaciones más representativas. ¿Y cuáles son estas organizaciones? Una orden las concretará, pero el texto normativo ya avanza que serán aquellas que forman parte ya de ese centenar de órganos de participación existentes en las distintas áreas de la Administración autonómica. De todos estos, se excluye el Diálogo Social entre Junta, patronal y sindicatos, considerado «la hermana» del nuevo diálogo civil, los espacios de cooperación con la FRMP o los acuerdos en el seno de las Cortes regionales.

Ese diálogo civil se llevará a cabo en el marco de los órganos de participación, que en algún caso «complejo» podrán ser «dos o más».

La ley otorgará a estas organizaciones derechos para disponer de una extensa y amplia documentación administrativa, a conocer los motivos de rechazo de sus aportaciones y a participar en consultas regulares sobre el grado de satisfacción del órgano encabezado por departamentos de la Junta. Para participar en esta nueva práctica de democracia, los citados órganos deberán designar a las personas que les representan y comprometerse a trasladar a sus representados la información.

Estos órganos podrán participar «desde el primer momento» en el diseño y elaboración de planes, estrategias o programas, si bien el anteproyecto excluye de estos casos aquellos que se consideren urgentes o se demuestren «razones graves de interés público», que deberán ser sean motivados para recortar lo que será una especie de derecho.

La Junta pone nuevos deberes a las Consejerías, que estará obligadas a abrir procesos de diálogo civil con los órganos de participación en la «evaluación» de sus políticas y deberán consultar «regularmente» con todos ellos «su grado de satisfacción» y deberá estudiar «las propuestas de mejora».

Estos procesos de diálogo exigirán la aprobación previa del órgano con el apoyo de al menos cuatro quintos de sus miembros y el respaldo expreso de la Consejería competente. El acuerdo sobre el fondo del asunto deberá recoger un diagnóstico y una posible solución al problema. El consejero implicado tendrá seis meses para adoptar un acuerdo y emitir un informe en el que indique «las actuaciones impulsadas en cumplimiento del mismo».

La Junta apuesta por aumentar el volumen de información que hará pública para garantizar la máxima participación de la sociedad civil. El Portal de Gobierno Abierto incluirá entre sus contenidos una plataforma con «toda la información relevante» en este ámbito: órganos previstos para ejercer esta participación, titulares de cada entidad, periodicidad de las reuniones, información esencial para los acuerdos, los informes de los consejeros, los informes anuales del proceso, las iniciativas ciudadanas previstas en la ley y la que afecte a las consultas populares no referendarias.

Esta plataforma «permitirá a los ciudadanos que así lo deseen hacer llegar sus opiniones y propuestas a las organizaciones de la sociedad civil».

INICIATIVAS CIUDADANAS. Los ciudadanos de Castilla y León podrán proponer a la Junta iniciativas propias sobre competencias autonómicas en reglamentos, planes o programas. Para ello, sólo necesitarán juntarse tres personas físicas, mayores de edad siempre que no sean procuradores, concejales o altos cargos de la Junta. Lo harán a través de los órganos de representación y deberán aportar textos completos. «No se considerarán iniciativas ciudadanas las meras aportaciones, consideraciones generales o propuestas parciales, que serán tramitadas como sugerencias».

Las propias organizaciones de la sociedad civil podrán promover esas iniciativas. En estos casos, se requiere una memoria justificativa con un estudio de costes. El órgano competente en esa iniciativa tendrá un plazo de tres meses para admitirlo a trámite o no. Si lo rechaza, deberá motivarlo. Las resoluciones se publicarán en la Plataforma del Diálogo Civil de la página web de la Junta. La futura ley exige el apoyo de los cuatro quintos de las organizaciones representadas en dicho órgano para que la iniciativa prospere.

CONSULTAS POPULARES. Su objetivo es recabar la opinión de un determinado colectivo, «con representación en cualquiera de los órganos de participación», sobre una o varias decisiones que vaya a adoptar la Junta.

Sólo podrán promover consultas las organizaciones de la sociedad civil que prevea el reglamento y un mínimo de tres personas que pertenezcan a esos colectivos. En el caso de asuntos de interés de los jóvenes, «no será exigible el requisito de mayoría de edad», por lo que tres adolescentes de catorce años podría promover una consulta,«en coherencia con la Ley de Juventud», según matizan fuentes de la Consejería de la Presidencia. «Si los puede escuchar un tribunal de menores, por qué no van a poder participar en estas iniciativas». Todo un guiño a la implicación de los menores en la política.

La propia Junta podrá también convocar sus propias consultas. En todos los casos deberán identificar a los promotores, al colectivo al que se consulta, la decisión que se busca y una referencia de cómo puede verse afectado o las razones de la pregunta.

La Junta dispone de un mes para la estimación o el rechazo y tres para convocar la consulta, que se materializará a través de la Plataforma del Diálogo Civil.

El anteproyecto de ley prevé la elaboración de un estrategia de participación ciudadana con un objetivo: propiciar «la máxima participación posible de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil».