El CES reclama con la nueva ley un modelo de transporte público que sea «sostenible»

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León reclama a la Junta que la nueva Ley de Transporte de Viajeros por Carretera implante en la Comunidad un nuevo modelo público «sostenible», que consuma menos recursos y facilite el acceso a los servicios, de acuerdo al modelo de ordenación del territorio, que ha desplegado hasta el momento el Gobierno de Juan Vicente Herrera, informa Ical.

Asimismo, el Consejo apoya en términos generales en un informe previo el contenido de la norma, que la Junta última para aprobarla y enviarla a las Cortes, con el objetivo de que esté lista en los próximos meses. La ley, cuya elaboración arrancó en la pasada legislatura, pretende establecer un nuevo marco regulatorio ante el cambio del modelo concesional que caduca en 2019. En ese sentido, el órgano de representación social en Castilla y León invita a la Junta a esforzarse para lograr una red de transporte público sostenible, mediante actuaciones que supongan «menores desplazamientos, menor consumo de energía y recursos, menor coste de mantenimiento y mayor accesibilidad a servicios y equipamientos». Para ello, entiende que las ciudades deben potenciar planes de movilidad sostenible, con el objetivo de ofrecer una mayor calidad de vida a las personas.

De esta forma, insta a tener en cuenta estas demandas a la hora de elaborar el Mapa de Ordenación de Transportes, con recorridos y frecuencias adaptados a las características de la Comunidad, teniendo «muy en cuenta» la nueva organización territorial.

Además, considera que debería estar operativo cuando finalice el actual régimen concesional el 2 de diciembre de 2019 y cree que debería revisarse de forma periódica. Igualmente, reclama la puesta en marcha de una estrategia Integral para el Transporte Público, la Movilidad y las Infraestructuras Complementarias que abarque todas las acciones en esta materia con una visión a largo plazo, de al menos diez años, y que tenga en cuenta de manera equilibrada todos los intereses en juego. También demanda una distinción «clara y pormenorizada» de las competencias de cada administración y del régimen subvencional, para evitar en lo posible la práctica de las leyes «cajón de sastre». De la misma defiende la necesidad de abordar en la norma el arrendamiento de vehículos con conductor (licencias VTC). No obstante, ve necesario una ley específica para regular estas modalidad, después de que la justicia comunitaria considerara que las actividades empresariales en este sector deben estar sujetas a una autorización.