Hacienda cede y adelanta a julio las elecciones en las Cámaras
Desatasca el proceso enquistado por su intención de fijar las elecciones cuando se apruebe la ley
Más de siete meses han tenido que pasar para desatascar un proceso electoral que ha enfrentado a algunas cámaras de comercio de Castilla y León entre sí y con la Junta por vincular las elecciones con la aprobación del futuro anteproyecto de ley de estas corporaciones de derecho público. Finalmente la Consejería de Economía y Hacienda ha cedido en sus planteamiento iniciales y ha decidido convocar las votaciones en estas instituciones para finales del mes de julio; más en concreto el martes día 24.
El departamento que dirige Pilar del Olmo tenía previsto celebrar las elecciones en el mes de septiembre, apurando al máximo el plazo que le daba el Ministerio de Economía. Su intención era que las Cortes regionales dieran vía libre a la nueva ley que, al día de hoy, ni siquiera ha sido aprobada como anteproyecto por el Consejo de Gobierno.
Fijar las elecciones a las cámaras antes de que se apruebe la ley será ya harto difícil, incluso a pesar de que el Parlamento regional habilite el mes de julio para sus tareas legislativas e incluya esta normativa en alguno de sus plenos y lograra para ello el consenso necesario.
La previsión, acordada tras una reciente reunión de secretarios de las cámaras con la Dirección General de Comercio, es que lo antes posible, a más tardar el próximo lunes, se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución de la Consejería convocando las elecciones a las Cámaras.
ÁVILA Y SALAMANCA
De este proceso están excluidas, en principio, las de Ávila y Salamanca. Como ya adelantó este periódico, la Junta decidió evitar a ambas del proceso general tras una consulta realizada al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Mineco) que en respuesta de la Secretaría de Estado de Comercio consideró razonable que no se celebren este año al haberlo hecho a finales de 2016.
La Conferencia Sectorial de Comercio Interior acordó abrir el proceso el 2 de octubre del año pasado con la intención de que finalice como muy tarde el 30 de septiembre de este año. Las entidades de Castilla y León publicaron en noviembre pasado los censos y desde entonces el proceso ha estado parado o ralentizado.
De confirmarse oficialmente la fecha del 24 de julio, Comercio abriría un intenso proceso que arrancaría con un sorteo de los electores de las doce cámaras que formarán parte de cada junta electoral; seguirá con la constitución de éstas, la presentación de candidaturas, la proclamación de candidatos, la petición de voto por correo y la resolución de Comercio con los funcionarios que formarán parte de las mesas electorales. La constitución de los plenos y la elección de presidentes y comités ejecutivos podría retrasarse hasta el mes de septiembre a tenor de los plazos establecidos para recurrir los resultados.
La urgencia o el retraso de las votación ha sido objeto de división interna. El principal abanderado de evitar retrasos ha sido el presidente de Valladolid, Víctor Caramanzana, que advirtió a la consejera Pilar del Olmo que la aprobación de la ley no era necesaria para convocar las elecciones y alegó que podría rematarse con los nuevos plenarios elegidos. Por el contrario, el titular de Burgos, Miguel Méndez Pozo, defendía con la Junta convocar las elecciones cuando se aprobara la ley.
CECALE
Precisamente, hasta finales de la pasada semana la Junta de Castilla y León no ha remitido el borrador de anteproyecto al Consejo Económico y Social (CES), donde se espera un debate arduo y controvertido. Todo apunta a que Cecale plantará batalla a algunos artículos del anteproyecto que mermarían su peso en las Cámaras de Comercio. Al menos eso es lo que hizo en sus alegaciones a la Junta, en el trámite de ‘gobierno abierto’, donde rechazó la incompatibilidad del cargo de presidente de cargos representativos análogos «en las asociaciones, federaciones y confederaciones de carácter empresarial tanto nacional, regional, provincial o local».
Además, la patronal será beligerante en el CES con la atribución a la nueva Cámara de Comercio de Castilla y León de la potestad de elegir nueve vocales en representación de las grandes empresas de las nueve provincias.