Economía se adhiere otra vez a la Facilidad Financiera para recibir 218 millones de euros de crédito

La necesidad de liquidez para el segundo trimestre de 2018 ha obligado a la Junta de Castilla y León a pedir un préstamo por valor de 218,24 millones de euros a través de la Facilidad Financiera.

El Consejo de Gobierno aprobó una nueva adhesión a este mecanismo, cuya cuantía estará dividida en tres partidas. La Administración autonómica destinará 139,51 millones a las amortizaciones de deuda que se producen entre abril y junio, 60,26 millones a la cuarta parte del déficit fijado para todo el ejercicio –0,4% del PIB para 2018– y los 18,47 millones restantes servirán para devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.

Estos 218,24 millones se suman al préstamo de 618,31 millones de euros suscrito el pasado 8 de marzo. Según explicó la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, esta operación tendrá las mismas condiciones «ventajosas» que la última.

El préstamo establece un plazo de diez años –dos de carencia y ocho de amortización– a un tipo de interés equivalente al coste medio de la deuda del Estado –2,51% a finales de febrero– a un plazo similar. Según explicó Marcos, la incorporación al compartimento de Facilidad Financiera «no obliga a elaborar ningún plan de ajuste».

La adhesión de este año de Castilla y León a este mecanismo fue aprobada mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda a finales del año pasado. A mediados de marzo, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos estableció la distribución de recursos a las autonomías para el segundo trimestre, asignando a la región la cuantía correspondiente, los 218,24 millones.

Esta no es la primera vez que el Gobierno autonómico aprovecha las «ventajosas» condiciones del mecanismo de la Facilidad Financiera. En 2015 la Junta suscribió un préstamo de 2.053 millones de euros. Además, en el segundo semestre de 2017 el Ejecutivo de Herrera formalizó una operación por 612,19 millones de euros.

Este mismo año la Consejería de Economíao hizo uso de la Facilidad Financiera con un propósito similar al del préstamo más reciente de 218,24 millones. La operación le permitió acceder a 618,31 millones de euros que necesitaba para afrontar las amortizaciones de deuda, la cuarta parte del déficit fijado y un trimestre de la cuota anual destinada a devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.

FACILIDAD FINANCIERA

El mecanismo al que se ha acercado recientemente la Junta de Castilla y León es solo uno de los compartimentos del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, creado por el Gobierno central a través del Real Decreto–ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financieras.

Es un programa al que solo pueden acceder las administraciones públicas que hayan «respetado los compromisos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el periodo medio de pago a proveedores».

Las operaciones reguladas por el compartimento Facilidad Financiera deben ser obligaciones vencidas, líquidas y exigibles; facturas devengadas en 2014 o en años anteriores; deben encontrarse consignadas en los presupuestos y las obligaciones a atender deben tener una cuantía mínima de mil euros. Además, la propuesta debe atender especialmente a servicios como la educación, sanidad y los servicios sociales.

UN DEBATE «POSITIVO»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado miércoles su intención de convocar de forma «inmediata» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir y pactar un nuevo sistema de financiación autonómica, una iniciativa que Marcos consideró «más que positiva».

«Desde la Junta llevamos tiempo demandando un modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia de fondos para Castilla y León», expuso la portavoz de la Junta. Marcos aseguró que «aún» no les ha llegado la convocatoria, pero que esperan recibir toda la «documentación previa» que pueda ser evaluada «antes del propio consejo».

Además, aseguró que en situaciones como esta, «cuando se trata de atender a los ciudadanos», no importan los colores políticos de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Lo que tiene que haber, para Marcos, es un sistema que «permita la suficiencia financiera» y tener «la misma previsión presupuestaria» para poder «destinar los fondos suficientes y cubrir los servicios básicos esenciales».

«Castilla y León ha dado buena muestra tener capacidad de llegar a acuerdos con Comunidades Autónomas de cualquier signo político para todo lo que son asuntos que interesan a los ciudadanos», concluyó Marcos.

La nueva gestión de la financiación autonómica es un compromiso del Gobierno central, que prometió tener aprobado un nuevo modelo antes de que acabase el 2017. A mediados de abril del año siguiente al del plazo máximo, el CPFF no ha comenzado a reunirse.