La Junta prevé una aplicación gradual de la norma de purines a partir de 2019

El proyecto de Orden en el que trabaja actualmente la Consejería de Agricultura prevé una aplicación «gradual» de la nueva regulación para esparcir purines a partir del uno de enero de 2019, «en función de la disponibilidad de equipos de aplicación localizada». De esta forma, se establecería un periodo transitorio para poner en marcha la nueva normativa ministerial que prohíbe a los ganaderos aplicar el purín en las superficies agrícolas mediante sistemas tradicionales como de plato o abanico ni cañones, o cualquier otro sistema que no permita la aplicación localizada en superficie o en profundidad.

La Orden de la Junta, que establece las normas de condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios de ayudas de la PAC, pretende posibilitar así la adaptación de la maquinaria de aplicación de purines a las tierras agrícolas existentes actualmente en las explotaciones agrarias de Castilla y León, que en su mayoría disponen de los sistemas ahora prohibidos. Se establece, por tanto, una moratoria hasta 2019. A partir de ese momento, la adecuación sería progresiva, según contempla la administración autonómica.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, insistió ayer, tras el Consejo de Gobierno, en que la nueva regulación de aplicación de purines es una normativa nacional derivada de una directiva europea, en la que se está «avanzando». Marcos dejó claro que se trabaja en estos momentos para «acompasar» la «necesaria» reducción de los purines con el tiempo que necesitan los ganaderos para que haya una adaptación.

En todo momento, manifestó, el trabajo que se lleva a cabo «se está compartiendo» con las Opas, además de añadir que va a haber ayudas del Ministerio de Agricultura para adaptar la maquinaria.

Según la nueva normativa, los ganaderos deben cumplir la condicionalidad si quieren cobrar las ayudas de la PAC, si bien las comunidades autónomas pueden fijar excepciones atendiendo a las características específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones orográficas y climáticas, tal y como reclaman las organizaciones agrarias.

Precisamente, la Unión de Campesinos de Castilla y León salió ayer a la calle para pedir diálogo a la Consejería de Agricultura, a la que acusó de «no reunirse con las Opas» para abordar este tema. Su coordinador en Valladolid, Ignacio Arias, exigió la eliminación de las nuevas restricciones que prohíben aplicar el purín mediante sistemas tradicionales ya que, en su opinión, «es imposible cumplirlas al pie de la letra».

Esta organización agraria calificó la norma ministerial de «barbaridad» y «ocurrencia española» que podría dejar a los profesionales de nuestro país en «inferioridad de condiciones» frente a otros Estados Miembros. La aplicación de la nueva normativa es, a su juicio, «imposible técnicamente e inviable económicamente» para la mayoría de las granjas de la Comunidad.

Arias mostró su recelo ante las ayudas anunciadas para subvencionar la nueva maquinaria recordando lo que ocurrió con la sequía: «Muchos titulares en la prensa, y poco dinero».

Esta organización agraria pidió a la Consejería de Agricultura que escuche a los profesionales, aunque mostró su intención a «negociar» el plazo para tapar los purines, si la norma se sigue aplicando como hasta ahora.