El Ministerio de Agricultura sanciona a trece empresas de la Comunidad por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

Un total de 13 empresas de Castilla y León han sido sancionadas desde 2014 por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria. En total, de las 279 inspecciones realizadas por la Agencia de Información y Control Alimentario en la Comunidad (AICA), 38 terminaron con sanciones por un importe global cercano a los 100.000 euros. El 81 por ciento (31) correspondieron a incumplimientos en los plazos de los pagos y el resto (6) por la falta de contratos de la industria transformadora con los agricultores.

El director de la AICA, José Miguel Herrero Velasco, que hoy ofreció estos datos en Valladolid, también adelantó que de cara a esta año se incrementará los controles sobre el sector vitivinícola, ya que aglutinó 21 de las 38 sanciones -todas por incumplir el plazo de los pagos-, aunque matizó que 18 de las 21 multas recayeron sobre la misma bodega. Además, también se tramitaron 13 sanciones en el sector de las frutas y hortalizas, de la que nueve fueron para mayoristas; dos en la venta de animales vivos; una al sector lácteo y otra al oleaginoso

No obstante, Herrero Velasco aseguró que en líneas generales se produce un comportamiento positivo en todos los agentes de la cadena alimentaria, ya que el 80 por ciento de las empresas cumplen la ley. Además, argumentó que se está produciendo una adaptación muy rápida de todos los sectores al cumplimiento de una normativa que también supone un cambio cultural del calado, al pasar del “trato al contrato”.

Al mismo tiempo, también dejó claro que dos de los objetivos del Ministerio de Agricultura son el fomento la asociación de los agricultores, bien en cooperativas o en organizaciones de productores para ganar dimensión y tener más fuerza a la hora de defender sus intereses, y a la vez incrementar el número de interprofesionales.

En este sentido, también destacó que la Ley de la Cadena Alimentaria, que calificó de “pionera e histórica” en la defensa de los agricultores y la pequeña y mediana industria, está siendo analizada por las autoridades europeas para establecer unos mecanismos similares en el seno de la UE.

Herrero Velasco recordó que la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor en 2013, obliga a la firma de un contrato para cualquier tipo de transacción y establece unos plazos de pago que en el caso de productos frescos y perecederos es de 30 días y de 60 para el resto, requisitos que son los que concentran la mayor parte de las sanciones.

Datos nacionales

A nivel nacional, AICA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, realizó desde 2014 3.669 inspecciones, de las 992 acabaron con sanciones con un importe superior a los 9,2 millones de euros. Por eslabón de la cadena, la industria concentró 424 de las multas, cifra similar a la suma de la distribución mayorista (232) y la minorista (248). Por sectores, frutas y hortalizas, con 287 sanciones, y lácteo, con 265, son los más incumplidores, mientras que por tipo de infracción el 44 por ciento de los casos se debe al incumplimiento de los plazos de pago, seguidos de la reincidencia al cometer más de una infracción (244) y a la ausencia de contrato (167).

La actividad de control que ejerce la AICA se realizada ante denuncias por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y también de oficio, cuando se dispone de información o indicios de posibles infracciones.

Herrero Velasco, que esta mañana también se reunión con representantes de las organizaciones agrarias de la Comunidad, compareció junto con la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, que recalcó que la Ley de la Cadena Alimentaria busca el equilibrio y la reciprocidad entre todos los eslabones y resulta clave en una comunidad como Castilla y León donde la agricultura y la agroalimentación tienen un peso fundamental en la economía.