La concejala que vulneró el honor de Víctor Barrio pagará 7.000 euros

La Audiencia Provincial de Segovia ha desestimado la apelación de la concejala valenciana que llamó ‘asesino’ al torero segoviano Víctor Barrio, tras su fallecimiento, y ratifica de forma definitiva la condena a Piedad Peris García, que tendrá que indemnizar con 7.000 euros «en concepto de daños morales y perjuicios» a la viuda, Raquel Sanz, y a los padres del diestro.

La sentencia obliga a la demandada a retirar de las redes sociales los comentarios que constituyen ‘una intromisión ilegítima en el honor”, así como a publicar la sentencia a su costa en los mismos medios en los que divulgó el mensaje, incluido Facebook, y a hacer frente a los gastos del procedimiento judicial.

La sentencia, fundamentada en quince folios, establece los límites del derecho a la libertad de expresión frente al Derecho al honor que, para los magistrados, en este caso debe prevalecer.

Rechazan así la argumentación de la demandada que trató de justificar el insulto ‘asesino’ en su ideología antitaurina. «Resultaba de todo punto innecesario y superfluo el empleo del término para expresar sus opiniones acerca del mundo de la tauromaquia», sostienen.

«Tal calificativo, por más que, según señala la recurrente, podía haber sido de aplicación a cualquier otro torero, lo cierto es que fue dirigido concretamente a Víctor Barrio y a las pocas horas de su fallecimiento, de donde se infiere la intencionalidad de menosprecio».

El fallo judicial, contra el que no cabe recurso, recuerda los comentarios realizados por Peris García que afirmó en facebook: «No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió» y añadió: «Podemos ver algo positivo de las noticias para no sufrir tanto.... Ya ha dejado de matar», añadiendo que «el negativo, entre otros, claramente, es que a lo largo de su carrera ha matado mucho».

Para la Audiencia provincial de Segovia «constituye un claro ataque al honor, no una mera crítica a la tauromaquia que pudo sin embargo hacerse sin calificar al torero fallecido como «asesino».

Los magistrados rechazan la apreciación de la demandada que en su defensa sostuvo que «para los amantes de los animales es igual el interés en vivir y no sufrir que tiene cualquier individuo con independencia de la especie a que pertenezca».

«No puede equipararse la protección de la vida de la persona con la del resto de las especies», subrayan. «Existe una clara diferencia entre quien mata a una persona y la conducta de un torero que lidia un toro, en un país donde tal profesión continúa siendo lícita y cuenta con muchos aficionados que, se pueda o no compartir, en absoluto consideran la lidia de un toro como un asesinato».

La sentencia, conocida ayer, ratifica la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Sepúlveda que emitió su veredicto en noviembre del pasado año y fue recurrido por la autora de las descalificaciones consideradas ‘ilegítima intromisión en el Derecho al honor’.

La sentencia hace hincapié en su difusión: «No puede obviarse que dicha expresión la dirigió por escrito y en su perfil de la red social de Facebook, con la notoria repercusión, que ha determinado que el mensaje tuviera difusión a nivel nacional».

«Desde la ponderación de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión (Honor y Libertad de Expresión) la protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas», afirman para concluir que «la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar (...) Si la crítica se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, la libertad de expresión es todavía más intensa, siempre que no se empleen frases y expresiones ultrajantes u ofensivas».