El nuevo juez dice ahora que el escándalo por los créditos a Santos Llamas ha prescrito

El caso de SantosLlamas, que mantiene como investigados por un delito de administración desleal a gran parte del consejo de administración de la extinta Caja España, vive un nuevo y sorpredente capítulo. El nuevo juez que lleva la instrucción de la causa dice ahora que el escándalo por los créditos concedidos a Santos Llamas, en su etapa como presidente de la entidad financiera, ha prescito.

Fernando Muñiz Tejerina, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 deLeón en sustitución de la titular Rocío González, quien permanece de baja, dictamina el archivo de las actuaciones en un auto de diez páginas, al que ha tenido acceso EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN.

«Si el objeto de la investigación ha quedado delimitado por el curso de la presente instrucción, al acuerdo del 8 de enero de 2009, en opinión de quien esto resuelve, debe apreciarse la prescripción al haber transcurrido más de cinco años, hasta que se dictó la providencia de 6 de abril de 2015 –la primera en la que se cita a declarar a los investigados–, y en consecuencia debe acordarse el sobreseimiento y archivo de la causa», señala ahora el magistrado en su escrito de resolución.

Una declaración con la que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de León viene a reconocer que el caso está prescrito por la pasividad del Juzgado del que ahora él es el titular, pese a la denuncia de la Fiscalía. Hasta en tres ocasiones, tal y como se reconoce en el auto, el Ministerio Fiscal «solicitó la citación como investigados de los vocales o consejeros que asistieron a la sesión del consejo de administración celebrada el día 8 de enero de 2009».

Pero es que, además, Muñiz Tejerina va contra el criterio de laAudiencia Provincial de León, quien el pasado 9 de enero de este año, y así lo recoge el juez ahora en su escrito de archivo de la causa, rechazó la petición de prescripción, atribuyendo a que el plazo de cinco años se interrumpía no con la denuncia de la Fiscalía de 20 de mayo de 2013, sino con la «providencia de 6 de abril de 2015».

El juez señala que el auto de la Audiencia, atendiendo a la denuncia de la Fiscalía, «aludía a un conjunto de operaciones crediticias aprobadas por los consejos de administración que, habiendo comenzado por la refinanciación autorizada por Caja España el 9 de enero de 2009, se habrían extendido hasta el 26 de enero de 2012, habiendo intervenido, por tanto, miembros del Consejo de la Caja CEISS y del Banco CEISS». Con lo que «el auto de laAudiencia insinuaba la posibilidad de una continuidad delictiva».

Extremo que rechaza el juez de instrucción 5 de León, al entender que el caso quedó sólo circunscrito a la reunión del consejo de administración del 8 de enero de 2009, «habida cuenta que, en los acuerdos posteriores de Caja España o de las entidades financieras sucesoras, o no habrían intervenido todos ellos o habrían intervenido otros consejeros, cuya citación como investigados no se ha interesado en estas diligencias».

Y razón no le falta. Ni la Fiscalía, ni las acusaciones de Izquierda Unida y Ecologistas fueron más allá de petición de declaración para los miembros ese consejo de 2009. Pero, dicho esto, no se entiende cómo Muñiz Tejerina, el mismo magistrado que tomó declaración como investigados a los consejeros el pasado mes de febrero y solicitó la misma en enero, no se esperó a resolver este sobreseimiento que ahora dictamina.

Un archivo que se sustancia, a la espera de lo que decidirá la Audiencia en los recursos que ya se anuncian, en la petición llevada a cabo por el concejal de León,Javier García-Prieto. De hecho, tanto el concejal como otros consejeros se acogieron a su derecho a no declarar aludiendo precisamente a esta petición de sobreseimiento y archivo de la causa que ahora se ordena.

Uno de los abogados defensores, Jesús Sánchez Lambás, califica a Ical como «contundente y demoledor», el auto. Considera que la decisión judicial es «muy equilibrada, con argumentos sólidos y solventes que ratifican lo que las defensas planteamos» y subraya que se produjo una «obvia prescripción», debido a la paralización del procedimiento abierto sobre «hechos que ocurrieron en 2009, se denunciaron en 2013 y estuvieron paralizados hasta abril de 2015».

«SATISFACCIÓN» DEL PSOE PORQUE NO HAY RESPONSABILIDAD PENAL DE CONSEJEROS

El PSOE expresó ayer su «satisfacción» por que el auto judicial deje «claro» que no existe responsabilidad penal de los miembros del Consejo de Administración de Caja España y valoró que socialistas renunciarán a ir en las listas electorales para regenerar la vida política. En declaraciones recogidas por Ical, el procurador Óscar Álvarez valoró así que el Juzgado número 5 de León haya sobreseído el conocido como ‘Caso Caja España’ y declarado la extinción de la presunta responsabilidad penal y la prescripción del delito societario que la acusación atribuía a 14 ex consejeros de la entidad financiera. Álvarez trasadó el «compromiso sincero» de su grupo con la comisión de investigación abierta en las Cortes, de la que es miembro, y criticó que algunos grupos ya tengan las conclusiones, en referencia a Podemos y Ciudadanos. «Nosotros venimos con la mente en blanco para llegar a conclusiones reales». En relación a cómo se puede explicar a los ciudadanos que los hechos enjuiciados hayan prescrito, respondió que el Juzgado no ha observado indicios de delito.

IU RECURRIRÁ EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA CONTRA TRECE EX CONSEJEROS

El coordinador regional de IU, José Sarrión, ha anunciado que su formación recurrirá el auto del Juzgado Número 5 de León que archiva la denuncia contra 13 exconsejeros de la antigua Caja España por los préstamos concedidos al que fuera su presidente, Santos Llamas. En un comunicado remitido a Europa Press, Sarrión ha expresado su «profundo rechazo» al auto judicial y a la argumentación esgrimida por el juez, que entiende que han pasado más de cinco años desde la comisión del delito el 8 de enero de 2009 hasta la primera citación a los investigados el 6 de abril de 2015. Sin embargo, IU recuerda que la Audiencia Provincial de León ya desestimó a 9 de enero de 2017 la petición de prescripción por entender que las refinanciaciones fraudulentas continuaron hasta el 26 de enero de 2012. En segundo lugar, el juez entiende que los consejeros citados responden por los hechos del 8 de enero de 2009 y obvia que «muchos de ellos continuarían hasta fechas cercanas al 26 de enero de 2012» (fecha de las últimas refinanciaciones).