Las Cortes supervisarán los acuerdos del Consejo del Diálogo Social

Los cinco grupos parlamentarios que integran las Cortes de Castilla y León, a pesar de sus muchas diferencias, han sido capaces de consensuar asuntos de calado para la Comunidad, como la posición que debe defender la Junta en el debate sobre el futuro modelo de financiación autonómica o, más recientemente, el Acuerdo para la Reindustrialización de la Comunidad (con la excepción del grupo Mixto).

En esta ocasión, los portavoces de los grupos han vuelto a sellar un acuerdo sobre una de las ‘señas de identidad’ de Castilla y León: el Diálogo Social. Todos ellos han firmado una Proposición No de Ley (PNL), registrada el pasado viernes en el Legislativo, para conocer de cerca la evolución de las negociaciones que desarrollan, y los acuerdos que alcanzan, la Junta, los empresarios y los sindicatos en el seno del Consejo del Diálogo Social.

Para ello, la proposición, que será objeto de debate en el pleno, insta al Ejecutivo regional a que solicite, con carácter anual, la comparecencia del consejero de Empleo –cargo que desempeña en la actualidad Carlos Fernández Carriedo– ante la Comisión de Empleo de las Cortes para informar de los acuerdos del Consejo del Diálogo Social, su seguimiento y evaluación. La iniciativa también establece la posibilidad de que los grupos puedan solicitar que acudan el resto de vocales con la misma finalidad.

Los portavoces parlamentarios argumentan en su proposición que el compromiso del Consejo del Diálogo Social con el conjunto de la sociedad de Castilla y León, «el grado de cohesión que el mismo produce, debe avanzar en transparencia y difusión pública de sus funciones, y qué mejor forma de hacerlo que a través de los representantes de los ciudadanos en las Cortes de Castilla y León».

Previamente, el texto de la PNL recoge una serie de antecedentes sobre el Consejo del Diálogo Social, aprobado por ley en 2008. Se configura como un «órgano institucional permanente de encuentro entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativos de la Comunidad Autónoma, como expresión del diálogo social y para el fomento del mismo, en cuanto factor de cohesión social y progreso económico de Castilla y León».

«En este sentido», añade la ley, «trasladará al conjunto de la sociedad el valor del diálogo social y su trascendencia».

La proposición no de ley recuerda que el artículo 3 de la citada ley, en vigor desde el 16 de octubre de 2008, atribuye al Consejo la competencia para «el seguimiento y la evaluación del cumplimiento y eficacia de los Acuerdos del Diálogo Social», así como para «acordar las medidas para su desarrollo».

Otro apartado del mismo artículo encarga al Consejo «la publicidad y difusión de los Acuerdos del Diálogo Social, y de las materias relacionadas con ellos, sin perjuicio de la competencia de otros órganos de la Administración de la Comunidad».

Los portavoces parlamentarios aluden además, en los antecedentes de su proposición, al artículo 11 del Reglamento de funcionamiento interno del Consejo. En él se atribuye a la Comisión Permanente de este órgano la determinación del modo en que deba realizarse el seguimiento y evaluación del cumplimiento y eficacia de lo pactado, «así como la elevación de las propuestas de acuerdos que deban ser adoptados por el Consejo en dichas materias».

En este sentido, la PNL recuerda que la Permanente planteó, en una reunión del pasado 30 de noviembre de 2017, mejorar esa labor de difusión y publicidad a la que se refiere la ley. Para ello, planteó la posibilidad de que los representantes del Consejo de Diálogo Social puedan comparecer en la Comisión de Empleo de las Cortes, «con la periodicidad que se determine», en principio anual, «a fin de exponer ante las mismas los acuerdos alcanzados, así como las labores de seguimiento y evaluación realizadas».

La proposición está firmada por el portavoz popular, Raúl de la Hoz, el socialista, Luis Tudanca, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández; el de Ciudadanos, Luis Fuentes, y el del Grupo Mixto, José Sarrión.

EL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL

Estatuto. El Consejo fue incorporado en el Estatuto de Autonomía en la reforma aprobada en 2007. Un año después, el 16 de octubre, entró en vigor la ley que lo regula. Su antecedente es el Acuerdo para el impulso del Diálogo Social, firmado el 9 de noviembre de 2001.

Composición. Está integrado por el presidente de la Junta, el consejero competente en materia de ejecución de la legislación laboral, y los máximos representantes de CCOO y UGT y de la patronal Cecale.

Acuerdos. Desde 2018, han visto la luz 29 acuerdos en materia económica y social. Los más recientes se refieren a empleo, familias vulnerables, dependencia, educación y vivienda.