Agricultura agiliza plazos y reduce trámites para elevar la concentración parcelaria
Publica un decreto que permitirá optimizar riegos, rentabilizar explotaciones e impulsar la incorporaciones de jóvenes en el campo
Milagros Marcos y Juan Carlos Suárez-Quiñones, ayer, tras el Consejo de Gobierno.-ICAL
El reto es ordenar el suelo rústico para ganar productividad, modernizar los regadíos, elevar la eficiencia de la maquinaria agraria, dotar de más actividad y empleo al mundo rural, diversificar producciones y luchar contra la despoblación y los desequilibrios territoriales. La concentración parcelaria supone un conjunto de actuaciones jurídicas y administrativas que permiten avanzar en todos esos objetivos.
La Consejería de Agricultura y Ganadería informó ayer al Consejo de Gobierno del primer reglamento de concentración parcelaria tras una ley que ya suma 27 años.
La nueva normativa agiliza los procedimientos, reduce plazos de tramitación, desbloquea la entrega de fincas de reemplazo (la finca concentrada) cuando hay muchos recursos y eleva del 5% al 15% el número de recursos que deberían presentarse para suspender esa reordenación.
La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ve difícil precisar un plazo medio de reducción del tiempo, porque depende de cada uno, aunque precisó que puede estar entre los 12 y los 24 meses en caso de actuar en paralelo a la declaración de impacto ambiental o entre el 10 y 15% por esa ampliación del 5% al 15% para suspender esa toma de posesión.
El nuevo reglamento flexibiliza los requisitos. «Ahora se pide mayoría de propietarios o cultivadores, o que cuenten al menos con el 50% de la superficie a concentrar, mientras que antes se requería el 75%».
La nueva normativa abarca un a mayor tipología de zonas de concentración y en algunos casos desvincula la necesidad de ejecutar infraestructuras agrarias costosas y con posible impacto ambiental.
También se abre la vía de concentración parcelaria en régimen privado en aquellas zonas con alta demanda social asumiendo los beneficiarios el coste del proceso.
El primer reglamento sobre concentración establece la posibilidad de un régimen cooperativo para zonas de mayor actividad ganadera.
Marcos destacó que este decreto permite más objetividad, seguridad jurídica y transparencia. Incluye las deducciones a las aportaciones, la cuantificación y la regulación de las fincas de restauración del medio natural.
Como ejemplo, las deducciones pueden producirse en las aportaciones de los propietarios, cuyo total no podrá exceder del 10% del valor de las parcelas aportadas -la ley de 1990 preveía un 16,6%- o del 7% para los propietarios de una única parcela.
La Consejería trabaja en 111 zonas de concentración parcelaria que ocupan 243.000 hectáreas. El presidente de la Junta, JuanVicente Herrera, se marcó el objetivo de concentrar 160.000 hectáreas. Agricultura prevé este año actuar sobre 62.000 y cerrar 2018 con 168.000, ocho mil más de las comprometidas.
El plan a cinco años es más ambicioso. Se trataría con este decreto de concentrar en 2023 el 82% de la superficie concentrable. En la actualidad se ha actuado sobre el 66,9% de los 9 millones de hectáreas.
«Las actuaciones de concentración parcelaria son una de las actuaciones más eficaces en el medio rural para potenciar la actividad y el empleo». Marcos insistió ayer en que el número de incorporaciones de jóvenes en zonas concentradas es un 40% superior a zonas no concentradas y la inversión privada de los agricultores para modernizar sus explotaciones es un 36% superior.