Diario de Valladolid

Quiñones pide en Bruselas mayor seguridad jurídica para la gestión del lobo

Castilla y León propondrá mejoras en la interpretación de la Directiva y consultará a la CE las medidas que se adopten al sur del Duero

Daniel Calleja  y Juan Carlos Suárez-Quiñones  antes de la reunión mantenida en Bruselas para  analizar el Plan de Acción de la UE.-ICAL

Daniel Calleja y Juan Carlos Suárez-Quiñones antes de la reunión mantenida en Bruselas para analizar el Plan de Acción de la UE.-ICAL

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Marisol Calleja

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Castilla y León volvió a reclamar ayer en Bruselas mayor «seguridad jurídica» para gestionar los conflictos ocasionados por los ataques del lobo en la ganadería, manejar las acciones preventivas, así como las medidas de control para reducir el «importante» número de bajas de ganado registradas en la Comunidad, con 1.563 ataques hasta el 31 de octubre de 2017. Una estrategia que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, espera que se refleje en el Plan de Acción para la naturaleza, las personas y la economía de la UE, que pretende poner en marcha una serie de medidas para mejorar la implementación de las Directivas y avanzar en materia de protección de la biodiversidad.

Quiñones analizó ayer, junto al director general de Medio Ambiente de la UE, Daniel Calleja, el proceso abierto, en el que Castilla y León va a participar presentando propuestas para mejorar las directrices de interpretación de la Directiva. Asimismo, el responsable de la Junta aseguró que la intención de la Junta es consultar a la Comisión Europea las medidas que se adopten en materia de gestión del lobo al sur del Duero, para lograr un «plácet previo». Una forma de lograr el enfoque jurídico necesario para actuar, con el que ahora no cuentan.

Conscientes de que el lobo al sur del Duero «no se puede cazar», es decir, Europa no va a modificar su estatus de protección recogido en la Directiva Hábitats, Castilla y León aboga por una gestión de la especie que haga compatible su conservación con el interés también de la ganadería extensiva.

De esta forma, Quiñones confirmó ayer que implementarán en la Comunidad las medidas preventivas recogidas en la UE, y «que sean aplicables a este territorio», de un total de 37 propuestas. «Estamos ante un problema europeo», manifestó el responsable de la Junta.

Aún así, dejó claro también que «si esas medidas no logran bajar la densidad de lobos», y sigue habiendo zonas en las que la convivencia con la ganadería es «incompatible», habrá que centrarse en buscar la seguridad jurídica necesaria y que consideran básica para actuar. Desde la Comunidad apuestan, por otra parte, por un «apartado específico» para los grandes carnívoros y el lobo en la actualización y revisión de las directrices.

El consejero de Medio Ambiente se refería ayer también a las negociaciones llevadas a cabo con las Opas para actualizar las indemnizaciones. Según avanzó, la intención es cerrar unas valoraciones «lo más justas y razonables» en el primer semestre del año. Las negociaciones con las organizaciones agrarias están muy avanzadas y continuarán en una próxima convocatoria de la Mesa del Lobo.

La realidad en estos momentos es que el número de ataques se ha incrementado en 2017 en Castilla y León. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente correspondientes al mes de octubre, Ávila sigue siendo la provincia más castigada con 737 ataques en total con el resultado de 764 cabezas muertas. Un dato que supone un 20% más respecto a 2016, cuando se contabilizaron 616 ataques en los primeros diez meses del año. Castilla y León, por su parte, alcanza los 1.563 hasta octubre frente a los 1.554 del año anterior.

De forma general, la estadística refleja una subida que es especialmente significativa en Ávila y Segovia, la otra provincia con más ataques del lobo, 306 hasta octubre frente a los 218 del año 2016.

Las OPAS piden un mayor control poblacional

La expansión «incontrolada» del lobo preocupa y mucho a las organizaciones agrarias de Castilla y León que ayer volvían a pedir a Bruselas «controles poblacionales» para no «expulsar» a los ganaderos del medio rural.

Desde Asaja se recordaba que el lobo está ampliando su presencia «más allá de las zonas loberas», e irrumpiendo en áreas de ganadería extensivo tradicional. «No podemos permitir que la expansión del lobo acorrale y expulse a los ganaderos».En este sentido, pedían alos responsables comunitarios una «mayor flexibilidad» a la hora de adoptar medidas de control por parte de la administración regional, es decir, mayor seguridad jurídica para actuar. Una opinión compartida desde la Alianza UPA-COAG que considera «totalmente necesario» que la normativa se flexibilice hasta el punto de que se pueda controlar una especie que, dicen, se ha expandido de forma extraordinaria «ante la permisividad de las administraciones». De hecho, uno de sus coordinadores regionales, Aurelio González, volvía a destacar que en muchos territorios de la región, hoy en día, «nacen más lobos que niños».

Las Opas insistían además en la obligada actualización de las indemnizaciones, además del pago, según Asaja de los 200.000 euros pendientes de los expedientes de ataques de 2015 y 2016, sin abonar.

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