Los servicios sociales consiguen su mejor nota y alcanzan ya a Navarra

Como si de cumplir con un calendario escolar se tratarse, en el que la entrega de notas precede a la Navidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades conoció ayer la calificación que le otorga la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a través del Índice DEC 2017. En la quinta edición del informe, ahora de carácter bianual, Castilla y León despunta con un notable que le otorga una segunda posición en el ranking nacional, solo por detrás del País Vasco.

Con un 7,5 de media, la región se marca un tanto en la historia del indicador, que se remonta a 2012 –cuando logró un 6,9–, al obtener su puntuación más alta en toda la serie. Así, superando en ocho décimas la calificación del anterior estudio –6,7–, el desarrollo de los servicios sociales de Castilla y León la convierten en la «comunidad de régimen común con mejores resultados» en este quinto informe, siendo «significativo» que «por primera vez, supere a una foral como es Navarra», tal y como resaltó la consejera Alicia García durante la presentación de los datos. Destacó también que se encuentra «muy por delante de las demás pluriprovinciales», puesto que la siguiente con estas características sería Castilla-La Mancha y cuenta con 5,4 puntos –dos menos–.

La nota de los servicios sociales autonómicos incrementa su diferencia con el aprobado –5,07– que alcanza la media nacional. A juicio de García, resulta interesante destacar que en el informe de 2017, «siete de las comunidades no llegan al cinco y seis de ellas no superan esta puntuación».

PARÁMETROS

Derechos, Economía y Cobertura son los tres parámetros sobre los que pivota el informe, respondiendo a las siglas que le dan nombre, y conforme a los que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales estudian el desarrollo de uno de los principales pilares del bienestar social.

Con la aprobación del Plan Estratégico como mayor logro dentro del enunciado de Derechos y decisión política, «Castilla y León destaca por contar con todos los elementos legislativos, planificadores y de organización que le permiten situarse en el nivel más alto de la calificación, alcanzando la Excelencia», explicó la responsable del área de Familia e Igualdad de Oportunidades. En este apartado, la región alcanza «la puntuación más alta junto con Cataluña y Aragón con 1,45 puntos sobre un máximo de 1,50; mientras la nacional es de 0,87». Precisamente, esa diferencia de 0,05 determina que la Consejería lleve el nombre de servicios sociales.

La nota de la Comunidad en la dimensión de la relevancia económica es de 2,2 sobre 3 puntos, gracias a la «priorización política». Para su evaluación, se contabiliza «conjuntamente tanto el gasto de las regiones como el de las corporaciones locales» en tres indicadores que «superan una media estatal de 1,82 puntos».

Sin embargo, a pesar de la mejora registrada en los datos relativos al esfuerzo económico con respecto al anterior informe, «Castilla y León no llega a alcanzar la Excelencia en este parámetro por una décima, al no lograr la puntuación de 1,1 en el gasto por habitantes», explicó.

El límite que marca el Índice DEC para conseguir dicha calificación está en 390,64 euros, mientras que el gasto regional por habitante en 2016 fue de 388,65. «No lo hemos alcanzado, por algo menos de dos euros, y eso que destinamos más dinero», aseveró García, justificando este resultado con un endurecimiento de los criterios exigidos.

Otro dato significativo dentro de la relevancia económica es que el año pasado en Castilla y León «superamos las cantidades por habitante destinadas a los servicios sociales anteriores a 2011, algo que no ocurre en el conjunto del país», matizó la consejera.

Por último, la cobertura de prestaciones y servicios analiza un total de 16 indicadores. «Alcanzamos la Excelencia en este apartado y somos, que es aun más importante, la comunidad con más puntuación en solitario –3,85–, por encima incluso del País Vasco que tiene mayor nota global», apuntó la titular autonómica.

La cobertura efectiva es un claro indicativo, como explicó García, de que las prestaciones llegan a las personas. De hecho, en materia de Dependencia «se puede considerar que en la región no hay limbo», es decir, técnicamente «no existe lista de espera».

Este informe también analiza el equilibrio entre estas tres dimensiones y subraya que la Comunidad, caracterizada por un reparto geográfico disperso, tiene «uno de los mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, es un sistema eficiente» que responde, según matizó, a la «cooperación con las administraciones locales» en la prestación de los servicios.

OBJETIVOS

Aunque los servicios sociales hayan obtenido una calificación de notable, el Índice DEC recoge una serie de recomendaciones que marcan un camino de mejora para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Entre las asignaturas pendientes de la Comunidad, se encuentra la teleasistencia. «El modelo que existe ahora es básico y hay que pasar al avanzado», reconoció García, asegurando que los presupuestos de 2018 ya recogen esta necesidad reflejada en un «aumento de 21% en la financiación de la materia, que supera los 1’1 millones».

Otra de las prioridades de carácter estratégico aconsejada es la relativa a «unos servicios que permitan a las personas mayores o con diversidad funcional permanecer en sus domicilios, de manera especial en las zonas rurales». Así, la consejera confesó que después de navidades presentarán iniciativas piloto en esta línea.

Al mismo tiempo, el informe recoge una llamada a algunos ayuntamientos de la comunidad que presentan «menos gastos en materia de servicios sociales, como es el caso del municipio vallisoletano de Laguna de Duero», para que asuman un mayor compromiso en sus propias cuentas.