La Junta revisará 17 expedientes si se deroga la ley sobre gasolineras

La Administración regional revisará de oficio los 17 expedientes abiertos a las gasolineras sin empleados en el caso más que probable de que la ley que ha dado lugar a estas sanciones se derogase, según informaron a este periódico fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda. Esta normativa autonómica puede dar lugar a una sanción de la Comisión Europea (CE) por contravenir la directiva de servicios a la libertad de mercado, lo que llevó ayer a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, a urgir su modificación.

El Parlamento regional aprobó en octubre de 2016 la modificación del Estatuto del Consumidor, con el fin de garantizar que todas las estaciones de servicio dispusieran de personal para atender al público. La reforma normativa salió adelante con los únicos votos en contra del grupo de Ciudadanos y la abstención del procurador de la UPL.

Desde la entrada en vigor de la ley, en enero de este año, hasta el pasado 30 de noviembre, los inspectores de la Dirección general de Comercio y Consumo realizaron 84 inspecciones a gasolineras de la región. Esta actuación derivó en la tramitación de 29 expedientes sancionadores por estaciones de servicio desatendidas, de los que 17 ha han finalizado.

Ocho de ellos concluyeron con el reconocimiento y el pago voluntario de las multas, que ascienden a un total de 14.452,24 euros. Según la Consejería de Hacienda, aunque las resoluciones son firmes, todavía hay plazo para recurrir por la vía contencioso administrativa. En los otros nueve expedientes abiertos, en los que no se ha producido el pago voluntario, pero las resoluciones aún no son firmes, el importe global es de 30.900,56 euros.

Aunque el Grupo Popular ya ha iniciado contactos para modificar de nuevo el Estatuto del Consumidor, tal y como adelantó el pasado jueves EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, urgió ayer a a los partidos con representación parlamentaria a cambiar la norma sobre las gasolineras sin empleados para evitar una sanción de la Comisión Europea. Del Olmo reconoció que los grupos políticos ya trabajan para «revertir» esa situación, pero pidió que los primeros movimientos se den «con premura».

La consejera recordó que la Comisión Europea contactó con el Estado español para solicitar la derogación de este tipo de normativa en seis comunidades. No obstante, explicó que la CE aún no ha abierto un procedimiento sancionador porque suele ser bastante «flexible» y da un plazo para solucionar las posibles ilegalidades. Sobre el importe de la hipotética sanción, Del Olmo reconoció que aún no lo ha valorado porque el objetivo «es evitar que se inicie el procedimiento sancionador», informa Ical.

La titular de Economía y Hacienda añadió que la propia CE deja abierta la posibilidad de que la Comunidad justifique «empíricamente» que las gasolineras sin empleados suponen un perjuicio para las personas con discapacidad, o que son un riesgo para la seguridad de los consumidores. Países como Grecia e Italia exploraron esta vía pero, finalmente, han sido sancionados.

Cs pide pleno en enero

Los portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos discreparon ayer sobre el momento más propicio para reformar la ley. Mientras el popular Raúl de la Hoz habla de celebrar un pleno en febrero, su homólogo de Cs, Luis Fuentes, quiere adelantarlo a enero, mes inhábil en el calendario de las Cortes.

«Nos gustaría que fuera cuanto antes para evitar sanciones», manifestó De la Hoz, para quien febrero sería «un buen mes». En declaraciones a Europa Press, el portavoz popular rechazó que la actual norma haya derivado en el cierre de gasolineras y defendió la posición inicial del PP, basada en que las estaciones de servicio sin trabajadores eran peligrosas para el medio ambiente, desaconsejables para los consumidores y perjudiciales para las personas con discapacidad.

El portavoz de Ciudadanos, por su parte, instó al PP a habilitar el mes de enero con el fin de convocar un pleno extraordinario que permita «dar marcha atrás a la chapuza de las gasolineras».

«Le advertimos hace meses que su giro antiliberal en este asunto era un intervencionismo en un mercado libre que la Unión Europea no iba a consentir», criticó Fuentes. Reprochó al respecto que «nadie en el Partido Popular alzase la voz contra una medida abocada al fracaso», y afirmó que «cuando un Gobierno no es capaz de ofrecer soluciones a los problemas que se plantean para los ciudadanos tiene, al menos, lo que tiene que hacer es no crear nuevos conflictos».

URCACYL SE PLANTEA RECLAMAR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Las cooperativas se han planteado reclamar responsabilidad patrimonial a la Junta por el lucro cesante al tener que cerrar «muchas de sus gasolineras» tras la entrada en vigor de la Ley del Estatuto del Consumidor. En un comunicado de prensa, la Unión de Cooperativas Urcacyl criticó ayer la «pasividad» de los grupos parlamentarios del PP y del PSOE en este asunto, que ha llevado a las cooperativas a recoger firmas para instar a las Cortes a modificar la normativa aplicable a las estaciones de servicio, informa Europa Press.

La Junta Electoral de Castilla y León ha comunicado a Urcacyl que ya ha entregado más del 0,75% de las firmas del censo regional que permitirán tramitar la Iniciativa Legislativa Popular presentada en las Cortes para la modificación de la ley que obliga a las estaciones de servicio a tener una persona responsable mientras permanezcan abiertas y en servicio.

Finalizado el plazo de presentación de firmas, la Junta Electoral procederá al recuento definitivo en un acto público. Una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos, la Junta Electoral los certificará en el plazo de un mes ante la Mesa de las Cortes, «que ordenará la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial de la Cámara, y la iniciativa quedará en condiciones de iniciar su tramitación parlamentaria», informó Urcacyl.