La Junta aprobará en 2018 una ley de pruebas diagnósticas para que se pueda acudir a la sanidad privada si se demora la pública
Sin embargo, el consejero de Sanidad recalca que el compromiso es mejorar los recursos públicos en la atención a los pacientes y espera así reducir los tiempos de demora
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, defendió hoy la existencia de una ley de garantías para las pruebas diagnósticas como una opción complementaria y beneficiosa para que si algún paciente tiene que esperar más tiempo pueda acudir a un centro privado acreditado y sin coste y reducir la demora. Sáez Aguado explicó, en declaraciones durante la jornada ‘La amenaza de la resistencia antimicrobiana’, que la iniciativa en la que trabaja su departamento con el objetivo de aprobarla en los primeros meses de 2018 “no debe incomodar a nadie porque es una opción que tendrán los pacientes si no somos capaces de cumplir" con los medios públicos.
No obstante, recalcó que el compromiso es mejorar los recursos públicos y confió en reducir el tiempo con las medidas que se tomen en esa dirección, donde se refirió al gasto de 40 millones en este año en tecnología para “dar una mejor respuesta”.
Sáez manifestó que esa garantía no se ha utilizado por ningún paciente en el caso de una intervención quirúrgica lo que explica, en su opinión, que se cumple con el plazo de un máximo de 30 días para patologías de prioridad uno. A falta de ver su resultado, estimó que tampoco será una garantía “muy utilizada” en el caso de las pruebas diagnósticas, a la vez que recordó que también el PSOE pidió esa ley.
Ante la critica de las Plataformas por la Sanidad Pública, que prevén celebrar en enero una “gran manifestación” por considerar que se avanza con ese tipo de medidas en la privatización asistencial, Sáez rebatió ese argumento al manifestar que Castilla y León es la segunda comunidad con un menor gasto en concertación con la privada.
“Por eso no entiendo esa posición”, argumentó el consejero, que indicó que la garantía no es “lo más importante” del Plan Pericles puesto en marcha por su departamento para la reducción de las listas de espera, sino que insistió en el compromiso de atender con los recursos públicos a los pacientes. “En caso de que no seamos capaces en 15, 20 o como máximo en 30 días el paciente tiene la opción de acudir a un centro privado acreditado y sin coste”, concluyó.