El 23% de las víctimas de violencia de género que trata la Junta son menores

«Sin ser por definición víctimas de violencia de género, existen muchas ocasiones en las que los menores se encuentran en situación de desamparo o desprotección al ser hijos de mujeres que sufren malos tratos en el hogar». El gerente de los Servicios Sociales de la Junta de Casilla y León, Carlos Raúl de Pablos, utilizó ayer estas palabras para situar en la diana del trabajo conjunto para erradicar esta lacra a un colectivo que, directa o indirectamente, también la sufre.

Durante la inauguración del curso sobre violencia de género, enmarcado en el convenio de formación y colaboración firmado entre la Fiscalía de la Comunidad y la Institución regional en el pasado mes de mayo, De Pablos quiso hacer hincapié en el ámbito de los menores y en la protección de los mismos, recordando que la ley autonómica fue pionera en reconocer a esta parte de la sociedad como víctimas de maltrato.

El ejercicio pasado, «un total de 900 personas recibieron asistencia psicológica dentro del modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ en la Comunidad; de las mismas, 206 fueron menores», concretó el gerente de Servicios Sociales. Es decir, un 23% de los afectados por maltrato que la Junta de Castilla y León asistió en 2016 fueron jóvenes.

«No siempre que hay violencia de género, los menores están en situación de desprotección o de desamparo; pero sí es necesario mejorar y coordinar las acciones para que, cuando esto ocurra, se actúe de forma mucho más ordenada, rápida y en beneficio de este colectivo», matizó De Pablos, explicando que el curso de formación que ayer se inauguraba refuerza «la coordinación y las sinergías, abordando no solo el amparo a las víctimas directas sino también a sus hijos».

Entre las últimas medidas adoptadas por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en este ámbito, su representante destacó «las prestaciones económicas para los niños huérfanos, la gratuidad en las enseñanzas educativas universitarias o el asesoramiento jurídico para ayudarles en los trámites una vez que haya fallecido su madre».

En esta línea, la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, remarcó que «no basta con declarar que los menores también son víctimas, hay que dedicarse a ellos puesto que esta lacra les afecta, bien por haberla presenciado o bien por sufrirla directamente».

Las últimas estadísticas señalan que la mayoría de las mujeres agredidas tienen hijos. «Un 63,5% ha presenciado en algún momento el maltrato. De los mismos, el 95% son menores de edad y, de estos, el 64% también ha sido, en algún momento, víctima de violencia física, sexual o psicológica». Coincidiendo con el gerente de Servicios Sociales, Martín Nájera subrayó la relevancia de valorar el impacto que la violencia de género tiene en los niños, que son el futuro.

FORMACIÓN

El PRAE de Valladolid acogió en la mañana de ayer la celebración de las primeras jornadas en materia de formación de violencia de género con un público objetivo concreto, de la talla de fiscales así como personal sanitario y de los servicios sociales.

«Se parte de la necesidad de una continua sensibilización para la cooperación de todos los sectores que puedan detectar un caso de maltrato, para que exista una información completa que ayude a establecer la protección más adecuada y eficaz para la víctima», explicó la fiscal. Una cooperación que falló con la pequeña Sara, quien falleció en Valladolid a causa de malos tratos.

Para Martín Nájera, hablar de violencia de género es hacerlo, fuera del ámbito privado, de miedo, inseguridad y vulneración de los derechos humanos. Pero también de «silencio que, muchas veces, es cómplice de este delito».

Casi el 70% de las mujeres no denuncian, pero los datos también señalan que «más de la mitad sí lo cuentan a su familia, amigos y compañeros de trabajo; acuden a un médico o a un psicólogo para pedir pastillas que le ayuden a dormir. Y todo esto no sale. El número de denuncias de servicios médicos y asistenciales es mínima», manifestó la fiscal, poniendo como ejemplo Castilla y León donde, en el segundo semestre de este año, «solo ha habido una demanda por parte de los servicios sociales. Estamos perdiendo una fuente de información muy importante».

De esta manera, Martín Nájera pidió la «implicación activa» de toda la sociedad. «Es importante que la gente no se calle y comunique lo que pasa; porque solo así, entre todos, podremos avanzar y erradicar esta lacra», sentenció.

Por su parte, el secretario general de la Consejería de Presidencia, José Manuel Herrero, recordó que esta acción formativa persigue «abordar temas de índole jurídica y de interés social, cuyo análisis puede facilitar el intercambio de ideas y el debate de una misma materia desde diferentes ópticas».

Al curso de ayer, centrado en un «tema que tanto daño está produciendo en nuestra sociedad», tal y como apuntó Herrero, le siguen en noviembre otros dos sobre discapacidad e incendios forestales.