La Junta reclama al Gobierno los 10 millones de euros que le debe en Dependencia

El nivel mínimo de financiación que garantiza el Estado en materia de dependencia recuperará, en el próximo ejercicio, un tercio del recorte sufrido desde 2012.

Si la partida retrocedió hasta el 15%, la recuperación comenzará con un 5% en 2018. Un porcentaje que se traducirá para Castilla y León entre 5 y 6 millones más en su presupuesto. Un primer paso, sí, pero insuficiente puesto que aun «restaría por recuperar otros 10 millones de euros procedentes del Gobierno», matizó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, reclamando un «incremento mayor en la financiación estatal que se vaya aproximando a una aportación del 50% por parte de cada administración».

La titular autonómica asistió ayer a la celebración en Madrid del primer pleno extraordinario del Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde se analizó el informe técnico sobre la situación de la Dependencia en España, elaborado como resultado de la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en febrero.

Castilla y León ha trabajado desde entonces junto a otras seis autonomías en diferentes asuntos relativos a este ámbito como la recuperación del nivel mínimo de financiación, que se hará a través de un Real Decreto que la Comunidad pretende «tenga efecto retroactivo a 1 de enero de 2017. Algo que de momento no está aprobado y queremos que exista porque consideramos relevante recuperar la financiación ya en este ejercicio», explicó García.

Otro de los puntos del orden del día de la reunión fue la aprobación de créditos destinados a programas de servicios sociales de protección a la familia y de atención a la pobreza infantil. Un ámbito en el que la consejera avanzó un incremento del 32% que se traduce en un total de 7,3 millones para esta cobertura, casi dos más que en 2016. Una subida «importante» que, a juicio de García, continúa siendo «baja si lo comparamos con la partida que la Consejería destina, que supone unos 100 millones anuales».

Un avance con relevancia para la titular autonómica es la creación de dos nuevas posibilidades para la acreditación de profesionales que trabajan en la Dependencia. En primer lugar, remarcó una habilitación excepcional que permitirá –con unos requisitos de formación y experiencia así como un mínimo de horas– acreditar a personas que trabajan en este campo como profesionales aunque no tengan una titulación académica específica. «Es un progreso relevante porque estaba limitado a mayores de 55 años y ahora se aplicará en todas las edades», aseveró.

La segunda vía de habilitación laboral será de carácter provisional para «aquellos que a 31 de diciembre de 2017 hayan trabajado sin cumplir las condiciones exigidas para la opción excepcional y que se comprometan, de manera responsable, a alcanzarlas en un plazo amplio de tiempo», explicó la responsable de la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

García aseguró que otro de los aspectos aprobado en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales fue el relativo a los requisitos que debe satisfacer la teleasistencia avanzada , «muy en línea con el trabajo que venimos realizando en la Comunidad. Estamos desarrollando una plataforma de atención sociosanitaria vinculada a esta prestación que, sin duda, puede dar una mayor cobertura a los dependientes moderados».

La consejera remarcó la apuesta ganadora por el sistema de Dependencia y Servicios Sociales como dinamizador del empleo.

Un total de 2,7 millones de euros frente a la violencia de género

La reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada ayer, acordó transferir dos millones a las Comunidades Autónomas, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla, para afianzar sus competencias en el apoyo a las víctimas de agresiones y abusos sexuales.

Por otro lado, la Conferencia decidió añadir otros 700.000 euros adicionales para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género así como en la atención a menores.

Un total de 2.7000.000 euros destinados a contribuir a la prestación de estos servicios autonómicos de información y asesoramiento, atención y acogida, apoyo psicológico y social, formación e inserción laboral a las víctimas.

El Gobierno pone así de manifiesto su firme compromiso de dar respuesta a todas las formas de violencia contra la mujer. De la misma manera, lo hace con su determinación de respaldar y proteger a quienes también la sufren, sus hijos.

En la reunión también se abordó el punto en el que se encuentra el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, explicó que el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para cerrar un acuerdo parlamentario con las Administraciones Públicas. Además, se ha formado un grupo de trabajo con la finalidad de identificar los tiempos y el impacto presupuestario del pacto en las regiones.