La simplificación de trámites ahorrará 3,5 millones en la hostelería
Aprobada la ley que reduce procedimientos administrativos para animar la creación de empresas
La plataforma Pro refinería pide apoyo.-ICAL
La simplificación de trámites administrativos ahorrará 3,5 millones en el sector de la hostelería y otros 3 millones en el forestal. Así lo aseguró ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en su defensa del proyecto de ley para reducir cargas administrativas, aprobado ayer en las Cortes.
El objetivo de la nueva normativa, que modifica tres leyes, es el de conseguir «un territorio amable y atractivo para la creación de empresas», porque detrás de todo negocio siempre hay «empleo y riqueza», según manifestó el vicepresidente. Para ello, la ley modifica, en términos generales, las autorizaciones de la Administración autonómica por declaraciones responsables, y reduce la tramitación que antes era de entre uno a tres meses, según el procedimiento de que se tratara, a solo un día.
La ley, aprobada con los votos del Grupo Popular y Ciudadanos, y la abstención del resto de la oposición, modifica la relativa a Espectáculos, Públicos y Actividades Recreativas, la que regula el juego y las apuestas, y la Ley de Montes. En el primer caso, para la apertura de empresas de restauración se sustituye la licencia ambiental por una comunicación, con lo que se pasa de dos meses a un día. El mismo plazo bastará también para gestionar las autorizaciones de instalación de máquinas de juego en locales de hostelería, antes establecido en tres meses, al limitarse a una declaración responsable.
En cuanto a los aprovechamientos madereros, la emisión de la correspondiente licencia de la Junta se reducirá de un mes a 15 días en los montes de utilidad pública. En los privados, el periodo pasa de un mes a un día, si existe un instrumento de ordenación en vigor y, de no haberlo, la autorización podrá demorarse un mes, frente a los tres anteriores.
Menos burocracia
El consejero de la Presidencia explicó que la nueva ley se asienta en dos pilares: la «confianza legítima que la Administración «debe tener en los ciudadanos y las empresas», y «la salvaguarda del interés general». Sobre esta base, la norma busca reducir la burocracia con la vista puesta en los emprendedores que quieran abrir negocios. Tras afirmar que los populares están «orgullosos de pertenecer al espíritu del 78», De Santiago-Juárez reconoció que el modelo territorial ha creado «un entramado de normas difíciles de entender», incrementando la burocracia y las barreras administrativas.
«Un euro malgastado en burocracia innecesaria es un euro menos para sanidad, educación o servicios sociales, y un euro que la empresa deja de destinar a gastos productivos», argumentó el vicepresidente de la Junta.
La ley salió adelante sin que llegara a incorporarse ninguna de las 28 enmiendas que habían llegado al pleno. Por el Grupo Socialista, que presentó una docena de enmiendas, el procurador Luis Briones se mostró partidario de incrementar el control administrativo, para lo que propuso que la declaración responsable se complemente con una comprobación de oficio en el plazo de 15 días por parte de la Administración.
Félix Díez, procurador de Podemos, rechazó que se modificara la autorización administrativa por una declaración responsable en los casos de negocios de restauración y de juego y apuestas.