La Junta reitera que la normativa de viviendas turísticas “respeta” la libre competencia y no favorece a las empresas instaladas
El Gobierno regional sale al paso del contencioso-administrativo interpuesto por la CNMC al asegurar que “no procede la derogación” de artículos del decreto
La Consejería de Cultura y Turismo reiteró hoy que el Decreto 3/2017, del 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en Castilla y León, “respeta” la libre competencia, no favorece a las empresas instaladas y garantiza la diversidad de la oferta y la calidad del servicio. De esta manera, salió al paso del recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al considerar que la legislación autonómica es “contraria a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente”.
“No procede la derogación de los artículos 3.2, 4 c), 4 d), 6, 7 a 12, 25 y 30.4 ya que, junto al resto de la regulación, garantizan la habitabilidad del inmueble, la seguridad jurídica, la profesionalidad del titular, los derechos y garantías de los usuarios, la diversidad de la oferta de alojamiento y la calidad del servicio”, recalcan desde la Consejería de Cultura y Turismo.
La CNMC denunciaba que la nueva normativa “incluye artículos que restringen la competencia en el sector de los servicios de alojamiento y perjudican a los usuarios” y considera que la norma “favorece injustificadamente a las empresas ya instaladas y es contraria a la normativa nacional y de la Unión Europea”. En cambio, fuentes de la Consejería subrayan que “el contenido de los citados artículos respetan la libre competencia y no imponen exigencias a los operadores que restringa las posibilidad de desarrollo de la actividad turística, ya que esos preceptos son proporcionales con la regulación de todos los alojamientos del sector turístico”.
El Gobierno regional considera, en la línea de lo expresado en mayo tras conocer el requerimiento de la CNMC, que el Decreto “no favorece a las empresas instaladas ya que es la primeva vez que se regula ese sector en Castilla y León, y tampoco se imponen mayores cargas a este tipo de alojamiento turístico frente a otros”. “Más bien es todo lo contrario”, aseguran, argumentando que “los requisitos exigidos son mínimos y en ningún caso elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalentando a los empresarios a realizar esa actividad de alojamiento turístico”.
Un comunicado da Consejería recoge que “con ese Decreto se contribuye a la lucha contra la actividad clandestina”, y recuerdan que la normativa cuenta con los informes preceptivos favorables del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León, el Consejo Económico y Social de Castilla y León y el Consejo Consultivo de Castilla y León.
Para concluir, explican que la regulación de las viviendas de uso turístico que se ha realizado en Castilla y León ha tenido en consideración los criterios consensuados con otras comunidades autónomas en el marco de la cooperación para la elaboración de proyectos normativos como dispone la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.