Rabanal ve en dos nuevos fondos la garantía de financiación suficiente

La calidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales dependerá en un futuro del dinero que tenga la Administración autonómica de Castilla y León para financiarlos. La batalla para conseguir los fondos suficientes para los próximos años está a punto de comenzar. Una comisión de expertos de todas las comunidades menos Cataluña, que se ha autoexcluido, y País Vasco y Navarra, que tienen un régimen foral propio, ha dictado un informe: genérico y a veces ambiguo, como corresponde a intereses contrapuestos de catorce regiones y dos ciudades autónomas, y más preciso en otras.

Dentro de ese equilibrio hay margen para la «satisfacción» y para que Castilla y León disponga en un futuro de los recursos suficientes para financiar las principales necesidades ciudadanas que debe garantizar el Estado del Bienestar. Eso es lo que piensa Jaime Rabanal, representante de Castilla y León en la comisión de expertos creada tras laConferencia de Presidentes del pasado 17 de enero, que el día 21 explicará al Gobierno regional su análisis del resultado.

Rabanal ve factible que la Comunidad cuente con un sistema alternativo al actual que garantice los ingresos necesarios; sobre todo, porque integra dos fondos nuevos de nivelación que así lo aseguran, siempre y cuando se dote al conjunto del sistema de más recursos.

El núcleo del nuevo sistema estaría integrado por el llamado Fondo Básico de Financiación (FBF) y por el Fondo de Nivelación Vertical (FNV). «Estos dos fondos determinarían la financiación» de las competencias homogéneas de las regiones antes de ejercer su capacidad normativa e incluir cambios en la tributación.

El Fondo Básico estaría formado por la recaudación total de los tramos autonómicos del IVA e impuestos especiales y con un porcentaje de los ingresos normativos de estas autonomías por el resto de figuras que se integran en la cesta de impuestos (juego, depósitos, y patrimonio si se decide mantener). El reparto de total se haría en función de lo que se llama población ajustada, donde se ponderan las necesidades de gasto con distintas variables, y ya no dependería como ahora de una cesta de impuestos que favorece a las regiones más ricas o dinámicas en su reparto. La población ajustada es el resultado de ponderar en un 38% la población protegida equivalente (siete tramos de edad para la sanidad, según nivel de gasto), en un 30% la población del padrón, un 20,5% la población en edad escolar (0-16 años), un 8,5% los mayores de 65 años, un 1,8% la superficie, un 0,6% la dispersión y un 0,6% la insularidad.

El Fondo de Nivelación Vertical se nutriría con recursos de la Administración central «y se repartiría entras las comunidades autónomas con el objetivo de reducir la desigualdad en financiación por habitante ajustado que pudiera persistir tras la aplicación del Fondo Básico de Financiación».

El documento de los expertos plantea varias opciones de reparto de este fondo, siempre con la idea de corregir las diferencias o desventajas de unas regiones sobre otras. «Si la dotación del Fondo de Nivelación fuese suficiente para conseguir la nivelación total de la financiación por habitante ajustado, cualquier remanente se repartiría en proporción a la población ajustada».

No obstante, el documento de los expertos deja en manos de la negociación entre autonomías o del ámbito político el peso que tendrá este fondo de nivelación.

La nivelación es «importante» sobre todo para los territorios con menor renta, avisan los expertos, como es el caso de Castilla yLeón.

El informe aboga por aumentar la autonomía fiscal de las comunidades. No obstante, se pronuncia por armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos a las autonomías (patrimonio, donaciones y sucesiones, actos jurídicos documentados y transmisiones) y otorgar a las regiones, actuando de forma colegiada, la capacidad de fijar los tipos de un tramo autonómico del IVA y en su caso de los impuestos especiales.

«El esfuerzo de la comisión abre un camino para el debate y la posibilidad de acuerdos», sostiene Jaime Rabanal, quien advierte de que el sistema necesita una inyección de fondos, que cifra entre 50.000 y 70.000 millones de euros, que se obtendrían de «una necesaria reforma fiscal». Yañade:«Si el sistema funciona bien y hay fondos adicionales, es decir una mayor aportación del Estado, Castilla y León podría tener los recursos necesarios».

No obstante, Rabanal matiza, en línea con su voto particular, que Castilla y León perdería cerca de 400 millones de euros, el 7,6% de su financiación normativa, si el nuevo modelo suprime la cláusula de status quo, que trata de eliminar las diferencias de financiación actuales. Como Castilla y León recibe un 7,6% más de lo que le correspondería por población ajustada y hay otras ocho comunidades en positivo sobre el promedio y cinco en negativo, a las primeras se les reduciría en el primer año y al resto se les aumentaría.

Castilla yLeón se alió a Cantabria, Aragón, Extremadura y La Rioja, así como al experto de la Administración para advertir de que la eliminación del cláusula no es deseable. Sostienen que «no hay evidencia empírica concluyente» de que las ponderaciones y variables elegidas para elaborar el indicador de necesidades de gasto se aproximen a la realidad. Tampoco existe «consenso claro» sobre el cálculo de los valores normativos de lagunas figuras tributarias, por lo que la «financiación per cápita ajustada» está sujeta a errores. De ahí que pidan que se corrijan los errores de cálculo de las necesidades de gasto.

Al respecto, proponen que en el año base del sistema todas las comunidades reciban recursos superiores o iguales a la última liquidación. Ysi los recursos fueran inferiores, que se dote a la región afectada de un fondo de suficiencia que compense esa caída.

El propio informe consensuado reconoce que «existe un margen apreciable para afinar el cálculo de las necesidades relativas» y reclama que estos indicadores se recalculen cada año para actualizarlos. No obstante, avisan de que si no se hace esto se puede poner «seriamente en cuestión el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las finanzas» de algunas comunidades autónomas. Lo que sí defienden los expertos es que el volumen total de recursos a integrar en el nuevo sistema en su año base se pacte entre todas las administraciones implicadas,

También corresponderá a la negociación determinar el porcentaje de nivelación de los servicios que se establezca en un futuro. En el modelo actual se intenta nivelar el 75%, que es el peso de los servicios públicos fundamentales.«Nada impide alterar ese porcentaje a la bala o al alza, llegando incluso al 100% si se desea una nivelación plena de todos los servicios».

Esa negociación política deberá determinar la referencia utilizada para nivelar: la corrección de la capacidad fiscal de cada autonomía derivada de sus diferencias en renta por habitante o las diferencias en necesidades de gasto y coste de los servicios. «Esta opción es más ambiciosa», dicen los expertos, pero no es fácil de «objetivar y consensuar».

El documento oficial reclama cambios en el método de cálculo de las entregas a cuenta, tanto en el plazo, como en el porcentaje.

Un modelo opaco e insuficiente que genera desigualdades

Complicado, opaco, poco transparente, generador de distribuciones desiguales que no responden a un criterio claro... Son algunos de los problemas del modelo de financiación autonómica a juzgar por el grupo de expertos. El modelo actual, vigente desde 2009, «adolece de un déficit de responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas que proviene de un nivel mejorable de autonomía de ingreso», al tiempo que carece de un mecanismo para asegurar un cierto equilibrio en el reparto de los recursos entre administraciones. Según el informe, las comunidades autónomas han visto reducir los porcentajes de participación en los recursos públicos respecto a lo acordado.

Los expertos apuestan por una mayor corresponsabilidad fiscal de las autonomías. «Sería necesario aumentar el margen de decisión fiscal de las haciendas autonómicas, que en el momento actual está muy centrado en la imposición directa», apunta el informe. A juicio de los expertos, la «grave crisis económica» condicionó «fuertemente» el cumplimiento de los objetivos de gasto asumidos por las administraciones públicas. De ahí que propongan mecanismos para afrontar crisis fiscales como la vivida, al tiempo que avisan sobre las deficiencias técnicas del modelo en la normativa de los tributos cedidos, en las entregas a cuenta y en el índice con el que se caclucula el fondo de suficiencia.