«La arbitrariedad de los empresarios desequilibra la balanza a su favor»

«El aumento en la arbitrariedad de los empresarios desequilibra la balanza de la correlación de fuerzas a su favor». El secretario de acción social y negociación colectiva de CCOO, Fernando Fraile, afirmó que, como consecuencia de la reforma laboral, se ha producido un importante desequilibrio entre patronal y trabajadores «poniendo en dificultades la renovación de los convenios colectivos» ya que los empresarios «están llevando la negociación a los términos que más les interesan».

«No vamos a firmar convenios colectivos de cualquier manera», sentenció Fraile al mismo tiempo que insistía en la necesidad de «aumentar los salarios reales para recuperar el poder adquisitivo y los derechos que se han venido perdiendo durante los años duros de la crisis». Asimismo, hizo referencia al aumento de beneficios obtenido por los empresarios mientras que los empleados «no han recuperado los estándares de medidas anteriores a la crisis».

El secretario de acción social y negociación colectiva del sindicato afirmó que, en el caso de los convenios colectivos pendientes, la negociación «está siendo muy lenta» y apuntó que «posiblemente arrastremos un número importante de convenios colectivos para la negociación de 2018».

Fraile achacó las dificultades para el diálogo, en parte, a la ruptura de las negociaciones a nivel nacional. Una situación por la que, después de meses de diálogo, los representantes de los sindicatos y la patronal agotaron el tiempo límite establecido (finales de julio) sin llegar a ningún punto en común sobre la negociación colectiva al tener como principal escollo la revisión salarial. Finalmente, y tras responsabilizarse mutuamente del fracaso del diálogo social, ambas partes han acordado reunirse de nuevo en septiembre aunque, ya no para abordar la negociación salarial de 2017, sino la de 2018 y los años posteriores.

En relación a la cantidad de convenios que hay aún por negociar en la Comunidad, el secretario de Política sindical, industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, subrayaba que ya en 2015 la Confederación de Organizaciones empresariales de Castilla y León (Cecale) «no estaba cumpliendo realmente el acuerdo sobre negociación colectiva» por lo que «si ya habiendo acuerdo en 2015 no se cumplía, mucho más se van cerrar en banda cuando no hay un acuerdo estatal».

CCOO, UGT y Cecale se reunieron a principios de 2017 para intentar desbloquear la situación. Según el representante de UGT, se trataba de unas negociaciones destinadas, especialmente, a «equiparar el salario mínimo interprofesional con la nueva norma del Gobierno». Sin embargo, en ese momento los representantes de los empresarios y de los trabajadores no llegaron a ningún acuerdo.

Santa Eufemia anunció la intención de los sindicatos de iniciar un nuevo acercamiento con Cecale una vez finalizado el periodo estival, aunque advirtió que será necesario «ver cuánto se oponen a llegar a los objetivos marcados antes de la ruptura estatal» y «si siguen la senda de la CEOE». «No se puede dar la razón de que, como estatalmente está cerrado todo, en Castilla y león no se puede hacer nada», indicó.

El hecho de que en la región haya un total de 171.406 trabajadores que no se rigen por ningún convenio, puesto que actualmente 103 acuerdos se encuentran pendientes de negociación, supone que, tal y como indica Fraile, a esos trabajadores «se les sigue aplicando el convenio anterior». Sus condiciones laborales, por tanto, son también las del convenio establecido con anterioridad. «Todo sube y, sin embargo, los trabajadores no ven aumentados sus salarios», recalcó.

El representante de CCOO se reafirmó en la necesidad de «establecer incrementos salariales que nos permitan aumentar los salarios reales para poder llegar al objetivo que nos hemos marcado y que tenemos pactado con la patronal regional».

La diferencia en la variación salarial entre España y Castilla y León en el mes de junio era de un 0,14, según datos facilitados por UGT. A nivel nacional la variación en los salarios de los trabajadores se situaba en un 1,30, mientras que en la autonomía la cifra anotada era de un 1,16.