IUCyL cree que el cierre de la planta era “necesario” y que ahora hay que garantizar un plan industrial para la zona

Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) se felicita por la decisión del Gobierno central de no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la central nuclear de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos). Considera que el cierre de la planta era “necesario” y que ahora hay que garantizar un plan industrial para la zona.

Así, recordaron que Izquierda Unida-Equo ya registró varias proposiciones no de ley tanto en las Cortes como en el Congreso, en las que se instaba al Gobierno del Partido Popular (PP) a “tomar las medidas necesarias para la reindustrialización de la comarca”. Así, consideraron que el Ejecutivo del PP ha de “elaborar un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear”.

“La energía nuclear, ni es la más barata, ni la más segura ni la más limpia”, aseveraron, por lo que indicaron que desde IUCyL tienen claro que el objetivo es “facilitar” que además de Garoña, las centrales nucleares activas (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellos II) no puedan seguir activas más allá de los 40 años de vida útil permitida hasta ahora, y se comiencen a desmantelar progresivamente. 

Además, exigieron que el Gobierno central coordine “con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de la central nuclear, cofinanciados por los Presupuestos Generales del Estado y las empresas propietarias de las central nuclear”. La Junta de Castilla y León y el Gobierno Central, a su juicio, tienen que “consolidar” el futuro de la comarca, con un plan de reindustrialización para la implantación de empresas en la zona.

Desde IUCyL estarán “vigilantes” para que no sea, criticaron, “otro de esos planes donde se inyectan grandes cantidades de dinero que acaban en otros fines a los que fueron destinados”. “Exigimos a su vez que se elabore urgentemente el calendario de desmantelamiento de la central, proceso que generará un número elevado de puestos de trabajo durante aproximadamente 13 años”, apuntaron.

A su vez, instaron a la Administración a elaborar análisis “exhaustivos y rigurosos” de las aguas, lodos y riberas del río Ebro, ya que “recientemente un estudio elaborado por el laboratorio de la Universidad de Valencia detectó cesio 137”, indicaron. Una vez realizado el estudio, agregaron, será necesario elaborar un plan de recuperación del río y su entorno acompañado de una asignación presupuestaria para su ejecución. “Estaremos vigilantes para que no se instale ningún almacén de residuos más allá de lo estrictamente necesario para el propio desmantelamiento”, concluyeron.