El PNV tilda de «barbaridad» que la Junta respalde a Garoña hasta 2031
«Decir que Garoña no es segura es contradecir a 450 tecnicos especialistas del CSN», según el PP
González, diputado del PNV en Álava.-EL MUNDO
El diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, considera que es una «barbaridad» que la Junta de Castilla y León respalde la continuidad hasta 2031 de la central nuclear de Santa María de Garoña. Aunque asegura que entiende los «motivos económicos» y de empleo de Castilla y León para pedir en sus alegaciones la continuidad de Garoña, subraya que deben prevalecer la seguridad y «es una central que ya no es segura».
En una entrevista en Radio Euskadi, que recoge Efe, González ha dicho desconocer cuál será la decisión del Gobierno central sobre Garoña, pero se ha mostrado «convencido de que no se reabrirá» aunque el ministerio lo permita. Previamente en un desayuno informativo celebrado en junio, González ya se había mostrado convencido de que Garoña no se va a reabrir porque «no tiene sentido la continuidad de una central nuclear que aporta una cantidad insignificante al mix energético, que tiene una tecnología muy antigua y una vida útil acabada».
GAROÑA ES SEGURA
En relación a las declaraciones del diputado general de Alava del PNV a sobre Garoña, el portavoz del Partido Popular en el Senado, el burgalés Arturo Pascual, asegura que «estamos de acuerdo en que debe prevalecer la seguridad, pero no podemos compartir que se diga que es la central no es segura». A mayores, el senador natural de Briviesca, a apenas 50 kilómetros de la central nuclear, señala que «últimamente hay ciertos sectores de la politica, y ya no solo en la izquierda, que promueven la tecnoideologia, es decir, posiciones técnicas y científicas avaladas por la ideología». En ese sentido sentencia que «decir que Garoña no es segura si operase cumpliendo el dictamen del CSN, es contradecir a 450 tecnicos especialistas del CSN que con 30.000 horas de trabajo han emitido 167 informes».
«Si los políticos seguimos por este camino, un día habrá programas electorales que lleven propuestas como la de derogar la Ley de la gravedad para que las hojas de los arboles no ensucien las ciudades», ironiza.
En el plano de la repercusión económica de la actividad de la central nuclear burgalesa, Pascual valora que «al menos el señor González reconoce la obviedad sobre los grandes beneficios económicos y de empleo que aporta la central en el entorno, pero se le olvidan los medioambientales y es que la generacion nuclear no emite CO2, además, la potencia nuclear instalada en España, es fundamental para la puesta en marcha, con la máxima velocidad posible, de mucha mas generacion renovable y sin emisiones de CO2», una aseveración que, a su juicio es un criterio «técnico, soportado por ciencia, no una invención mía».
A mayores en la entrevista a la cadena vasca el diputado alavés explicó que la institución que preside en sus alegaciones ha recogido argumentos jurídicos, políticos y técnicos contra la reapertura de la central y recalcó que el proceso seguido por el ministerio incumple la normativa europea por la falta de transparencia.
El diputado general de Álava reaccionaba así a las declaraciones de la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, en las que avanzó que a la Junta de Castilla y León «le cabe la esperanza» de que el Gobierno atienda las alegaciones que ha presentado contra el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, y dé un paso al frente para reabrir la eléctrica, pese a que los dos accionistas de Nuclenor -Endesa e Iberdrola- han dejado en el aire el futuro de la instalación.
Pilar del Olmo subrayó que es necesario que Nuclenor realice las inversiones necesarias para que la central nuclear vuelva a la actividad con total seguridad y poder así garantizar el empleo en el valle de Tobalina, una comarca burgalesa que «padece los problemas de la falta de oportunidades laborales ante la inexistencia de otra empresa grande», recoge Ical. Además, la consejera recordó que de clausurase la central de forma definitiva, Castilla y León continuaría padeciendo el problema de qué hacer con los residuos nucleares, ya que «no hay un sitio dónde desecharloa», por lo que aboga por su funcionamiento hasta 2031.
En ese sentido, Pascual secunda a su compañera de partido y asegura que en Castilla y León «estamos comprometidos con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, por eso también apostamos por la generacion nuclear segura, por cierto igual que otras muchas personas e instituciones, tambien ecologistas modernos, y por todo esto creo que el País Vasco tambien debería de pedir la continuidad de Garoña».