El PP se desmarca del consejero y pide que las vacaciones coincidan con la Semana Santa

El Grupo Popular emerge en el conflicto generado por la Consejería de Educación al dar libertad a cada colegio para que establezca las vacaciones escolares. El PP se desmarcó ayer del consejero de Educación, Fernando Rey, con una resolución aprobada en las Cortes que pretende poner fin al «caos» y a la división generados entre la comunidad educativa, las instituciones locales, los agentes económicos e incluso la Iglesia Católica.

Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León a que «las vacaciones escolares coincidan con los días de celebración de la Semana Santa», dice la resolución aprobada, que contó con el apoyo del PP, Ciudadanos y UPL y la abstención del resto. Ningún grupo se opuso.

Los populares pretenden ahora atender así «la demanda social existente», la conciliación de la vida familiar e incluso apelan a la creación de empleo vinculada a la Semana Santa, «teniendo en cuenta el potencial cultural, patrimonial y turístico que supone para nuestra Comunidad».

Las Cortes piden a la Junta que aplique, para el próximo curso escolar, la normativa vigente «con la mayor flexibilidad posible».

Además, la resolución intenta ser cuidadosa con todos los sectores implicados en la polémica, por lo que pide «que se tenga en cuenta el máximo consenso y diálogo entre todos».

Los padres de alumnos, a través de Confapacal, habían rechazado la propuesta de la Consejería ante la posibilidad de que la libertad de elección de fechas llegara a provocar que padres con hijos en diferentes centros sufrieran calendarios diferentes. Sin embargo, el sindicato Stecyl apoyaba al consejero y no veía problemas en los cambios. Las juntas de Semana Santa se rebelaron y acusaron a Educación de crear un calendario «caótico».

El consejero de Educación, Fernando Rey, declinó ayer valorar la resolución de las Cortes que reclama un cambio en su posición.

La minería del carbón recibió ayer el respaldo de tres resoluciones diferentes que fueron aprobadas. La del PP reclama al Gobierno «una compensación por servicio público» por la que se prime a las térmicas que utilicen carbón nacional, un procedimiento que debería «estar ligado a contratos estables de compra venta de carbón a precios internacionales entre compañías eléctricas y mineras». «La autorización de la compensación, que tendrá la consideración de ayuda de Estado, deberá ser inmediatamente tramitada ante la Comisión Europea».

Los populares y el resto de grupos apoyaron también la de UPL. Luis Mariano Santos logró que las Cortes asuman más inversión para el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros hasta 2020, «exigiendo al Gobierno su implicación con fondos propios y adicionales». En esa dirección, Podemos convenció al PP para que la Junta financie un plan de investigación «para dar un uso no energético al carbón mediante los nuevos avances tecnológicos».

El Grupo Popular logró apoyos para que la Junta inicie contactos con otras comunidades con intereses comunes en el modelo de financiación «para alcanzar el máximo acuerdo posible»

Izquierda Unida conseguía que el Parlamento regional exija a la Junta más inversiones para el pequeño comercio y cambios legislativos para lograr «una inmediata regulación de los mercados» para defender los precios en origen de los productos agropecuarios. También que la Junta agilice los trámites para aprobar este año la Ley de Igualdad para la Diversidad Sexual.

Podemos coló una resolución para dar ayudas a los emigrantes que quieran volver a la Comunidad.

El pleno de ayer rebajó la tensión del día anterior. Incluso con anécdotas. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, llegó a levantar la sesión sin que se votaran las resoluciones del PP. Lo corrigió de inmediato.

PODEMOS - Transparencia en listas de espera con inscripción a las 24 horas

El Grupo Podemos no logró su propuesta para dar más transparencia a las listas de espera y evitar que se manipulen. La formación morada pretendía que el tiempo de demora para las intervenciones quirúrgicas se calcule desde que el médico de familia deriva al paciente al especialista e inscribiéndole en un plazo de 24 horas desde la firma del documento del facultativo.

Tampoco consiguió que la Junta estudie la imposición de sanciones, «como mínimo de 100.000 euros» por cada contrato hipotecario en el que no s e haya retirado la cláusula suelo. La salida de Iberbanda, del Grupo Telefónica, llevó a Podemos a pedir a la Junta la creación de una empresa pública de telecomunicaciones «que lleve la banda ancha a cada rincón de Castilla y León», asegurando «la prestación de este servicios público» en el medio rural. Propuesta rechazada por el Grupo Popular.

Los esfuerzos para impulsar un programa de alquiler tampoco prosperaron. Como la creación d un cuerpo público y unificado de bomberos con parques comarcales . Podemos no logró convencer al PP de que se incremente la financiación de las universidades públicas ni una mayor cuantía para las becas y los contratos de investigación.

CIUDADANOS - Reforma de la ley electoral, listas abiertas y primarias

Luis Fuentes intentó ayer, sin éxito, que el PP le aprobara en el Pleno la reforma electoral que, según el delegado de Ciudadanos, los populares se niegan a cumplir del acuerdo de investidura. Ciudadanos propuso «desbloquear las listas abiertas, garantizar primaria y debates y abaratar el coste de los procesos electorales». No lo consiguió. Herrera ya le había advertido el día anterior que eso corresponde al Gobierno central. Tampoco consiguió que la Junta dotara a Ávila, Segovia, El Bierzo, Palencia y Soria de los «aceleradores lineales necesarios para minimizar los desplazamientos de los pacientes necesitados de radioterapia». La generosidad del PP con Ciudadanos, al que aprobó 20 de sus 30 resoluciones, no alcanzó a su propuesta de impulso d e la natalidad. Fuentes pretendió sin éxito que la Junta redoble «los esfuerzos» en este sentido «desde todos los ámbitos»: conciliación entre la vida laboral y familiar, exención a las familias numerosas, empleo, desempleo, hijos a cargo y adopciones». La formación naranja tampoco consiguió que la Junta desarrolle una estrategia regional de salud mental que contemple «la incorporación de la atención psicológica en atención primaria y el incremento de puestos de trabajo para personas con problemas de salud mental».

IZQUIERDA UNIDA - Abandonar los recortes en sanidad, educación y servicios esenciales

«Abandonar definitivamente la política económica regresiva de recortes, ajustes y contención del gasto en la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales esenciales para los ciudadanos de la Comunidad». Era la pretensión de José Sarrión en una de las 18 propuestas de resolución presentadas, de las que logró que prosperaran cinco. Pero no esa con la que pretendía que la Junta pusiera fin a su política de recortes. Tampoco logró que el PP le aprobara una ayuda directa a los agricultores y ganaderos para compensar los daños causados por la ausencia de precipitaciones. Sarrión intentó que fueran ayudas «de minimos», incrementando el tope máximo por explotación 15.000 euros. Una vez más, Izquierda Unida no convenció al PP de la necesidad de que el Gobierno implante «un corredor ferroviario de cercanías entre Palencia, Valladolid y Medina del Campo». Sus intentos por adoptar medidas para combatir la pobreza energética resultaron baldíos. Tampoco logró que el PP asuma la derogación del voto rogado» y la ampliación de los plazos de envío de la documentación a los que viven fuera. También se quedó fuera su intento de realizar un estudio sobre la concesión del Hospital de Burgos «para iniciar el proceso de reversión a la gestión pública».

UPL - Descentralizar las sedes oficiales con nueva distribución

Luis Mariano Santos intentó sin éxito que la Junta «descentralice las sedes administrativas de Castilla yL eón», para que salgan de Valladolid organismos como Protección Civil, la ADE, Fundación Siglo, Somacyl, Siemcalsa, Itacyl, el Ecyl y la Fundación Anclaje, entre otras. El procurador de UPL quiere que estas entidades «se ubiquen y distribuyan en proporción inversa a las cifras de tasa de actividad y tasa de paro, «para generar empleo y sinergias en todos los territorios». Santos tampoco logró que prosperara su iniciativa contra la despoblación, que supondría abordar un estudio en todas las normas que se aprueben sobre su incidencia en el mundo rural. El procurador de UPL no convenció al PP para que acometiera programas específicos de incorporación al empleo de población femenina, en zonas rurales, que permitan la conciliación laboral». En materia educativa, su iniciativa para reducir las tasas universitarias y aportar más financiación a estos centros tampoco encontró apoyo en los populares que sí le aprobaron dos resoluciones sobre minería y sanidad. Santos consiguió un compromiso del PP para reducir las listas de espera en León y Salamanca, y mantener los centros sanitarios de atención primaria en las zonas rurales.